martes,25 enero 2022
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Dentro del paquete para la innovación y recuperación económica aprobado semanas atrás

Salen las ayudas Activa Startups antes de llegar la Ley de Emprendimiento: 40.000 euros por pyme, 101 millones en total en 2 años

A los 12 días de acordar remitir al Parlamento el Proyecto de Ley de Startups para favorecer el emprendimiento innovador, este miércoles publica el BOE la orden que regula la concesión de ayudas del programa "Activa Startups" por importe de hasta 40.000 euros, dirigidas a impulsar la innovación en pymes. El Gobierno vuelve a anunciar que las convocatorias con ese nombre ascienden a 44 millones de euros procedentes del fondo del mecanismo de Recuperación, dentro de una dotación global de 101 millones de euros hasta diciembre de 2023. Es parte del paquete para la innovación y recuperación económica aprobado semanas atrás.

La Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI), adscrita a la Secretaría General de Industria y PYME, será la encargada de gestionar la inversión prevista para las convocatorias «Activa Startups», que ascienden a 44 millones de euros procedentes del fondo del mecanismo de Recuperación y Resiliencia y tienen un objetivo de apoyar a 11.100 pymes antes del fin de 2023.

Las actuaciones susceptibles de financiación serán proyectos de innovación en materia de transformación digital, desarrollo e incorporación de tecnologías emergentes, transformación hacia una economía baja en carbono o incorporación de la economía circular en el modelo de negocio de la pyme.

Las tipologías de actuación podrán ser cualquiera de las siguientes:

  • Proyectos para la generación de innovación a través de la resolución de retos tecnológicos de empresas, sectores, ciudades y/o misiones que sirvan para romper brechas sociales, generacionales, y territoriales.
  • Actuaciones de asesoramiento en materia de innovación en el ámbito tecnológico, con el objetivo de dar respuesta a retos planteados en empresas que buscan la innovación abierta mediante soluciones basadas en tecnologías disruptivas.
  • Actuaciones encaminadas a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar considerablemente los ya existentes.
  • Actuaciones de demostración, adaptación y personalización de diversas tecnologías, pruebas y experimentación con tecnologías digitales, transferencia de conocimientos y tecnología, test de validación, pruebas de concepto, producción de prototipos etc.

Esta convocatoria de ayudas está contemplada dentro del Programa de Capacidades para el Crecimiento de la PYME del Componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene una dotación global de 101 millones de euros hasta diciembre de 2023.

Cada convocatoria regulará el ámbito geográfico de aplicación concreto de estas ayudas, en las que se prevé la participación de las comunidades autónomas con el objetivo de impulsar la ejecución en las distintas regiones.

El paquete para la innovación y recuperación económica aprobado por el Gobierno

Tras el Consejo de Ministros que aprobó remitir a las Cortes el Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como Ley de Startups. La norma dice simplificar los trámites para la creación de estas nuevas empresas y establece incentivos para atraer emprendedores y empleados de alta cualificación. El Ejecutivo también ha acordado la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que guiará sus actuaciones en transporte, infraestructuras y logística.

Según aseguró al presentarla Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con esta norma de impulso al emprendimiento innovador España se va a situar entre los países más atractivos para la creación de startups, pensando muy especialmente en la generación de oportunidades para los jóvenes y en la atracción de inversión y talento.

Calviño consideró la ley necesaria para dotar de un marco regulatorio específico a este tipo de empresas, que constituyen la base de la nueva economía digital, generan puestos de trabajo altamente cualificados y tienen mucho potencial para crecer si logran superar dificultades inherentes a su propia naturaleza como la falta de financiación y de capacidad para captar y retener trabajadores de alto valor añadido en sus fases iniciales.

La vicepresidenta enmarcó la nueva ley en el conjunto de medidas, reformas e inversiones que el Gobierno está impulsando a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para cambiar la estructura productiva en nuestro país, mejorar el clima de negocios y crear empleo. Así, recordó la reciente remisión a Cortes de la Ley Crea y Crece y ha anunciado que próximamente se aprobará el Proyecto de Ley de reforma concursal. Además, están el Fondo Next-Tech, de hasta 4.000 millones de euros para escalar y aumentar el tamaño de startups de tecnologías disruptivas, o el programa de ayudas para apoyar y financiar en sus primeras fases el emprendimiento liderado por mujeres.

Serán consideradas startups aquellas empresas que sean innovadoras, de nueva creación o con una antigüedad de hasta 5 años en general, o de 7 años en el caso de empresas de biotecnología, energía e industriales; que tengan su sede social, establecimiento permanente y la mayoría del empleo en España; que no hayan distribuido dividendos y no sean cotizadas, y que tengan ingresos de hasta 5 millones de euros.

El Gobierno reiteró que se facilitan los trámites para su creación con la eliminación de los aranceles notariales y registrales cuando se trate de empresas que se creen acogiéndose a los estatutos tipo y por vía electrónica. Asimismo, la constitución de una empresa será posible mediante un documento único electrónico y la inscripción en el registro mercantil en 6 horas, si se utilizan los estatutos tipo, y en 5 días hábiles en el resto de casos. También se elimina el requisito de obtener el número de identificación de extranjero para los inversores no residentes y, durante los 3 primeros años, se exime a la startup de la causa de disolución por pérdidas relacionadas o que generen un desequilibrio patrimonial.

La Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo será la encargada de la acreditación de las empresas como startups para que puedan acceder a los beneficios establecidos por la ley, y habrá Puntos de Atención al Emprendedor y una Oficina nacional de Emprendimiento que funcionarán como portales o ventanillas de información y acceso a las ayudas públicas.

La nueva norma prevé un régimen fiscal muy favorable, tanto para las empresas y sus inversores como para sus trabajadores.

Para los primeros, entre otras medidas, se reduce el tipo impositivo en los impuestos de sociedades y sobre la renta de no residentes, se permite el aplazamiento de la deuda tributaria sin garantías ni intereses de demora; se elimina la obligación de efectuar pagos fraccionados y se eleva la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación de 60.000 a 100.000 euros anuales.

Los trabajadores verán mejorado el tratamiento de las formas de remuneración basadas en opciones sobre acciones de la propia compañía o stock options. También se elimina la doble cotización a la Seguridad Social durante 3 años para aquellos emprendedores que mantengan simultáneamente un empleo por cuenta ajena.

Además, para atraer a los denominados nómadas digitales (emprendedores y teletrabajadores que se desplacen a territorio español) se establece un procedimiento más ágil para que obtengan el visado y la residencia, así como un régimen tributario especial. Se incluye en esta medida a los españoles que hayan sido no residentes en España durante al menos 5 años.

En la misma reunión del 10 de diciembre, el Ejecutivo probó la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, resaltó su carácter innovador, que parte de una nueva concepción de la movilidad como derecho básico de todos los ciudadanos y un instrumento de cohesión social y territorial.

Esta premisa reorienta el papel y sentido del propio Ministerio, según la ministra: El MITMA ha sido conocido tradicionalmente como encargado de proveer las infraestructuras y las grandes obras necesarias, y eso seguirá siendo así, pero ahora tenemos que dar un paso más y centrarnos en optimizar también el uso de las actuales infraestructuras y ofrecer soluciones eficaces de movilidad a los ciudadanos y a las ciudadanas. Por lo tanto, los ciudadanos tienen que ocupar el centro de todas nuestras acciones».

El documento es fruto de un proceso iniciado en septiembre del año 2020 en el que han participado todos los actores del ecosistema de la movilidad y la sociedad en su conjunto.
La ministra añadió que el sector, que ahora representa el 4,27% del PIB y tiene más de 900.000 puestos de trabajo asociados, es esencial para la economía y la creación de empleo en nuestro país, por lo que la inversión procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia será determinante: «Si cumplimos nuestras previsiones, vamos a hacer posible que, en 2030, la electrificación de la economía y la conectividad representen el 15% del PIB».

La Estrategia está estructurada en 9 ejes y 41 líneas de actuación y contiene más de 150 medidas que persiguen los tres objetivos principales que le dan nombre: seguridad, sostenibilidad y conectividad. La conservación de las infraestructuras, especialmente en las carreteras para conseguir reducir las cifras de mortalidad en accidentes de tráfico, se complementa con otras medidas para garantizar la seguridad operacional, en casos de emergencia o contra actos ilícitos.

Para avanzar en la sostenibilidad ambiental se fomenta la descarbonización, la eficiencia energética y la economía circular, el fomento del transporte público y la utilización de modos de transporte más sostenible, como el ferrocarril, tanto para personas como para mercancías: «Estamos a la cola de Europa en este sentido, y nos fijamos objetivos que nos permitan aumentar el porcentaje de transporte de mercancías por ferrocarril frente a la situación actual», ha resaltado Sánchez.

La sostenibilidad social debe significar, ha continuado la ministra, que la movilidad sea «universal, inclusiva y accesible para todos» y al mismo tiempo «con garantías de trabajo digno para los profesionales del transporte y la logística». Asimismo, el documento tiene en cuenta que el 80% de la población se concentra en grandes ciudades y el 20% restante se reparte por más de dos tercios del territorio, lo que suponen dos realidades muy distintas de movilidad que hay que atender.

La sostenibilidad económica se basará en el impulso a todos los sectores asociados a la nueva movilidad descarbonizada y conectada. Para el sector del automóvil, que supone el 11% de la cifra de negocios total de la industria en España, el Plan de Recuperación prevé, por ejemplo, el PERTE del vehículo eléctrico y conectado.

Los componentes fundamentales para la conectividad son la digitalización y la aplicación de las nuevas tecnologías para la gestión inteligente y la automatización del transporte. La ministra puso de relieve la necesidad de reforzar el papel de España en la red transeuropea del transporte para poder posicionarse como plataforma logística intercontinental. Para ello, se deberán completar los corredores Atlántico, Mediterráneo y sus conexiones con los grandes puertos, con los nodos logísticos intermodales, las zonas industriales y los aeropuertos.

Igualmente en ese Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó la Hoja de ruta para el Desarrollo de la Eólica marina y de las energías del mar en España. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmó que esta estrategia permitirá potenciar el desarrollo tecnológico y la investigación de las distintas fuentes limpias que aprovechan los recursos naturales marinos o «energía azul». A este fin se destinarán 200 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a los que sumarán fondos de otros programas de financiación europeos y estatales.

Según Rodríguez, España es ya líder en soluciones para aerogeneradores marinos sobre plataforma flotante: «Siete de las trece patentes existentes son españolas, creo que es un buen motivo para sentirnos orgullosos y orgullosas como país».

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