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"Vamos a proponer que las primeras matrículas de los estudiantes de Grado de las universidades públicas sean gratuitas, y lo vamos a hacer en una senda gradual, de aquí a cuatro años, empezando lógicamente por aquellos estudiantes con rentas más bajas",anunció este martes en Sevilla el secretario general del PSOE.Pedro Sánchez se inspirada en una medida similar de la Junta de Andalucía, con cuya líder, Susana Sánchez,parece haber cerrado las cicatrices de las primarias la pasada primavera.
Redacción 24 de enero de 2018 Enviar a un amigo
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“Pensiones, educación, ciencia y reindustrialización, pacto de rentas, igualdad de género, rescate de los jóvenes, agua y el ingreso mínimo vital encontrarán su reflejo en los presupuestos alternativos que presentará el PSOE a principios del mes de febrero”, dijo al anticipar esa propuesta educativa para la universidad dentro de los 10 acuerdos de país que presentó hace dos senanas en Madrid cuando propuso dos nuevos impuestos para ayudar a financiar las pensiones. “No hay opción a apoyar los presupuestos del tándem Rajoy-Rivera. No participaremos de los recortes al Estado del Bienestar perpetrados por estas dos fuerzas conservadoras”.

“Nos proponemos situar a la universidad en el centro de nuestras prioridades. La universidad como motor de desarrollo económico e innovación, la universidad como palanca social y también de equidad. En los últimos años saben ustedes que la inversión pública en el sistema universitario español se ha desplomado, hasta situarse en el 1,08% del PIB. Muy por debajo de la media de la OCDE. Somos el sexto país por la cola, en el marco de la Unión Europea, que gasta un porcentaje menor de su riqueza en universidades. Por comunidades autónomas, solo Andalucía se sitúa por encima de la ratio”.

“Hoy en día, los universitarios de quince países del Espacio Europeo de Educación Superior, pagan menos de 100 euros al año por estudiar una carrera, frente a los 1.110 euros de media en España. En los últimos años, los precios públicos de la enseñanza universitaria han aumentado en un 30%, mientras la inversión pública se ha recortado un 28%.Consecuencia de todo ello es la caída en el número de alumnos en nuestros centros de universidad públicos.Yo pregunto: ¿acaso no es la educación un derecho universal de todos los españoles como lo es, por ejemplo, la sanidad? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿A qué Europa está mirando? ¿Qué modelo es el que realmente defiende para los universitarios españoles? ¿Es la educación o no un servicio público?”

“¿Cómo lo vamos a hacer? Para implantar la gratuidad de la primera matrícula universitaria en las universidades públicas, proponemos las siguientes medidas en el ámbito de la política universitaria:

  • El incremento de la partida presupuestaria de becas y ayudas al estudio en los próximos y sucesivos años  para sufragar la primera matrícula. Este incremento permitirá ir aumentado el umbral de renta paulatinamente para la compensación de la primera matrícula,  y  se comenzará con los tramos de renta familiar más bajos e irá hasta alcanzar el 100% en cuatro años.
  • Se necesitarán aproximadamente entre 180 y 200 millones de euros anuales de incremento de esta partida presupuestaria en los PGE. Calculamos que en el primer año puedan aumentarse al doble el número de becarios pasando de los 277.000 actuales al medio millón y así sucesivamente en cada convocatoria, con incremento de entre un 20% y un 30% del umbral de renta.
  • Mediante el acuerdo entre Gobierno de España, las CCAA y las propias Universidades públicas, establecer un nuevo modelo de financiación de nuestro sistema universitario, que lo haga converger en un plazo de 4 años del 1,08% actual, con la media de gasto de la UE-22 de los países de la OCDE en torno al 1,3% del PIB. Este acuerdo recogerá una referencia de precio públicos de matrícula, coherente en el conjunto del Estado, para las segundas y sucesivas matrículas, con el mantenimiento del modelo de establecimiento de horquillas homogéneas para todo el territorio, evitando así las excesivas e incoherentes diferencias de precios entre unas CCAA y otras”
En el curso de una Asamblea Abierta sobre pensiones celebrada en Sevilla, Pedro Sánchez ha denunciado que “lo que está haciendo este gobierno es nada”, dando “la sensación de que esta legislatura está acabada”; y que esta parálisis e inacción no solo obedece al auge de Ciudadanos, sino también a que el PP “está en shock y paralizado por la corrupción” que le afecta. “Da la sensación de que la corrupción a este ritmo en el PP va a ser como la gaviota, marca de la casa”, añadió.

Afirmó que “el PSOE no va a cruzarse de brazos” y que quiere “liderar las grandes transformaciones que necesita el país desde la oposición”. “El país no puede pararse y no resolver los muchos problemas que tiene la gente”, de ahí que hayamos propuesto “diez grandes acuerdos” a desarrollar en los próximos seis meses, para después llevarlos al Congreso con idea de debatirlos y acordarlos junto al resto de fuerzas parlamentarias, y si no salen adelante incluirlos en el programa electoral socialista. 

Respecto a Cataluña, afirmó que los socialistas “no vamos a dejar de defender la Constitución y la integridad del territorio, pero vamos a defender también y plantear con el mismo ahínco los problemas de los ciudadanos”. Esos que recoge el informe de Intermon-Oxfam hecho público esta semana, según el cual 10 millones de personas en España -que está creciendo económicamente-, viven por debajo del umbral de la pobreza, o somos el tercer país de la UE en desigualdad”.

Sánchez ha lamentado “que parezca que el debate político en España, con todos los problemas que hay, se sintetice en si una persona puede ser elegida o no telemáticamente”, como es el caso de Puigdemont, “y no en los problemas reales de la gente”, y se ha preguntado “cuándo va a hablar la política de las cosas que nos afectan a todos y determinan la orientación de nuestro voto”.

De la educación a los 10 acuerdos de pais

“La universidad será uno de los ejes prioritarios de nuestra propuesta educativa. Como lo será también la Formación Profesional. Como la va a ser también la financiación de nuestro sistema universitario.Por convicción ideológica, por equidad, por cohesión social, pero también porque es bueno para un modelo económico que debe estar basado más en la innovación y menos en un sector como es el del ladrillo. En un modelo de implantación progresiva para alcanzar la plena gratuidad en cuatro años, elevando los umbrales de renta de forma creciente, empezando por las rentas más bajas.Nosotros tenemos un proyecto nacional de izquierdas, claro para España: Dijimos hace unas semanas: rescate por rescate. Dijimos hace unas semanas que la banca tiene que pagar parte del rescate a nuestro sistema público de pensiones. Y hoy, en Sevilla, nos comprometemos a promover que la universidad pública sea gratuita en toda España. La educación pública, como la sanidad, como servicio público, como derecho, y no como mercancía.Esta propuesta nos acerca a los modelos que imperan en los países nórdicos y a aquéllos otros de cuasi gratuidad, como es el caso de Alemania o Francia”.

Segundo, las pensiones.Son ya seis los ejercicios de déficit de la Seguridad Social, con el Fondo de Reserva bajo mínimos y con serias incertidumbres sobre la sostenibilidad de las pensiones.El sistema de pensiones es la clave de bóveda del Estado del Bienestar, porque encarna la continuidad entre generaciones. El sostén de las pensiones es el sostén de 200.000 jubilados en Sevilla y de casi 870.000 en Andalucía.Subidas testimoniales, como la del 0.25% para este año, quedan neutralizadas por la inflación y la subida del coste de la vida, de servicios esenciales, los medicamentos, o el precio de la energía.Hay que tomar decisiones cuanto antes.Tres son las propuestas que ponemos encima de la mesa:A)- Derogar la contrarreforma del sistema público de pensiones del gobierno del PP, hecha a espaldas y en contra de los sindicatos, que condena, como han denunciado los agentes sociales, a pérdidas medias de jubilación para las próximas generaciones de entre un 30-40% a una pensión ya de por sí baja.B)Abrir una senda de aumento salarial de trabajadores, autónomos, empleados públicos y aumentar de manera mucho más decidida el Salario Mínimo Interprofesional para elevar las bases de cotización y la recaudación de nuestro sistema público de pensiones.-C)Abrir el debate sobre cómo financiar complementariamente el sistema público de pensiones. Y en ese contexto, proponemos la creación de un impuesto extraordinario a la banca, que implicaría que un sector que fue rescatado con 77.000 millones de euros aporte una cantidad para rescatar ese sistema público de pensiones con una recaudación que implicaría unos 1.000 millones de euros al año.Se trata de un gravamen exigido por organismos poco sospechosos de radicalidad y de comunismo, como el FMI o la propia UE, y que están poniendo en marcha distintos países como el Reino Unido”.

Tercero, la ciencia y la reindustralización del país.“En relación con la ciencia, necesitamos un marco estable de financiación frente a ciclos políticos y coyunturas económicas para recuperar las oportunidades y el talento perdidos.Y para reindustrializar España, hay que apostar por las infraestructuras ferroviarias“. 

Cuarto, el agua, el clima y la energía. “La política de agua no puede reducirse al deseo de que llueva.
El agua es un bien público de extraordinario valor ambiental, económico y social. Y un imprescindible factor de vertebración territorial que requiere de acuerdo y visión de futuro ante los estragos del cambio climático.
De sobra es conocido, y lo comentaba antes con la presidenta de Andalucía que estuvo ayer en Almería, particularmente en provincias del arco Mediterráneo como Almería, donde el gobierno central acumula retrasos en la ejecución de importantes obras de actuaciones declaradas de interés general, como la desaladora de Carboneras”.

Quinto, abrir un debate sobre la creación de un ingreso mínimo vital. La Junta de Andalucía se ha puesto en pie, y nosotros lo aplaudimos, una renta mínima de inserción. A nivel de España tenemos que hacer algo más. Un país decente no puede dejar a una gran parte de los suyos en el camino.Es sintomático que diversos organismos considerasen el término “aporofobia” la palabra del año 2017. El miedo a los pobres que anula la empatía, que nos hace insensibles ante el dolor ajeno.Por eso, frente a la idea imperante de ocultar el dolor ajeno, que no tenemos que hablar de pobreza, los socialistas decimos que en España hay pobreza y que los poderes públicos tienen que atajar esa pobreza. No podemos aceptar que el 30% de los niños españoles viven en hogares pobres.

“Sexto, tenemos que abrir un debate serio, riguroso, ambicioso y en eso hay que ir de la mano de los sindicatos, sobre cómo atalajar la realidad de los trabajadores pobres.Especialmente entre los jóvenes. Si en 2007, un 7,5% podían entrar en esta categoría, hoy esa tasa es del 24%.Hemos propuesto situar el salario mínimo en 1.000 euros para el año 2020. Y reforzar mecanismos de negociación colectiva, suprimidos como consecuencia de la reforma laboral del PP; para propiciar un incremento de los salarios del 3% de media anual hasta 2021. No nos olvidaremos de los empleados públicos en su justa demanda de mejora salarial y de los autónomos, colectivo cada vez más numeroso y menos protegido”.

Séptimo, tenemos que abrir un debate sobre cómo rescatar a los jóvenes.Hay que romper el muro invisible que sufren los jóvenes. Son ellos los principales pagadores de la crisis. España es lo de los países con mayor desigualdad intergeneracional. Son los jóvenes los que han visto reducida su renta mediana en un 20% y el número de jóvenes en riesgo de pobreza escaló hasta alcanzar a uno de cada cuatro de los jóvenes situados en edades entre 16 y 24 años.

El octavo acuerdo de país es el de la igualdad de género. “Si hay un compromiso, asumido por Rajoy y Rivera, de aportar una financiación extra de 200 millones de euros para poder empezar a cumplir ese pacto de lucha contra la violencia de género, hay que cumplirlo. Y en este terreno, más que en ningún otro, ni excusas, ni dilaciones.
Del mismo modo, considero prioritario que se abra un debate sobre una Ley de Igualdad Laboral que ponga fin a la discriminación salarial de género, fuente de desigualdades también al llegar a la edad de retiro, y que permita un reparto igualitario en las tareas del hogar y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de los hombres y mujeres”.

El noveno acuerdo de país es el que tiene que ver con una nueva financiación autonómica y local.“Corresponde al Ejecutivo formular la propuesta. Tenemos un modelo prorrogado desde 2014, y una merma de financiación creciente a las CC.AA. E insisto. Hablar de financiación autonómica, es hablar de cómo financiamos nuestro Estado del Bienestar. Porque la educación de nuestros hijos o la sanidad de nuestros enfermos está hoy en manos de las CC.AA.Retener más de 4.000 millones de euros correspondientes a la liquidación de 2017 (más de 800 millones correspondientes a Andalucía) es un mal comienzo por parte del Gobierno de España. No es admisible un intento de chantaje a partir de interpretaciones tendenciosas que vinculan el debate de la financiación autonómica a un supuesto apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.Los socialistas estamos dispuestos a acordar. Pero para hacerlo, comprenderán que lo lógico es conocer primero las cifras, la propuesta del gobierno.Nuestras líneas básicas de negociación son conocidas: queremos blindar nuestro Estado del Bienestar, en especial, garantizar el sostén de la Sanidad Pública y mejorar la suficiencia financiera de las Comunidades Autonómicas.E incorporar nuevos indicadores al modelo. Hemos propuesto que la dispersión, el envejecimiento y la despoblación continúen siendo elementos fundamentales de nuestro modelo de financiación autonómica. Pero también les anuncio que el Partido Socialista propondrá que la tasa de paro sea un ingrediente nuevo para calcular el nuevo modelo nueva financiación autonómica

“Y, finalmente, el décimo acuerdo de país es un nuevo pacto constitucional.Este año nuestra Constitución cumple 40 años desde su aprobación. No quiero emplear más tiempo del necesario en describir lo bueno de una norma que nos ha aportado la estabilidad que tanto ha echado de menos este país en su historia.

Necesitamos actualizar nuestro marco de convivencia.Con un objetivo esencial: reconectar con la España de hoy. Hay que enganchar a esta generación, a la nuestra, a la que no pudo votar la Norma Fundamental de 1978, en un proceso de regeneración democrática.Esa es la generación del 15M, la que sufre la avería del ascensor social, el que garantizaba a una familia pobre enviar a su hijo a la universidad a cambio de un futuro mejor. La que puede quedar atrapada en la trampa de la desigualdad. No sólo tenemos que constitucionalizar nuevos derechos, garantizar blindar nuevos derechos y otros que están reconocidos en nuestra Constitución y que no están siendo garantizados, como el derecho a la vivienda, sino que tenemos que abordar medidas de regeneración como la eliminación de los aforamientos, incluso la reforma del sistema electoral.La nueva Constitución debe ser también la Constitución del 15-M.”


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