Las juridicciones Iberoamericanas estudiadas en el,estudio, titulado Las empresas con propósito y la regulación del cuarto sector en Iberoamérica, han sido Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México y Perú. Las no iberoamericanas, Canadá, Estados Unidos de América, Europa continental, Marruecos y Reino Unido. Ha colaborado el International Development Research Centre (IDRC), que comentarán sobre la publicación, que ofrece una ruta para regular a las empresas con propósito.
A continuación resumimos de este estudio las recomendaciones para introducir incentivos en el modelo de empresa, la medición de impacto, fiscales, compras públicas y el liderazgo empresarial femenino:
Recomendaciones sobre el modelo de empresa
-Rediseñar los marcos legislativos vigentes e incorporar modelos de empresas con propósito que a su vez permitan el reconocimiento del cuarto sector y generen confianza.
-Respetar la diversidad conceptual y coexistencia de los distintos modelos de empresas con propósito con expectativa
de ser reconocidos en las jurisdicciones iberoamericanas.
-Promover decididamente espacios de investigación, pedagogía y difusión sobre los modelos jurídicos de empresas con propósito, generando registros de acceso público con respecto a su modelo de negocio e impacto social y ambiental
en cada jurisdicción.
Medidas para la medición de impacto
-Comprender las distintas herramientas de medición de impacto disponibles a nivel internacional como opciones de política
pública a ser integradas a los modelos jurídicos de empresas con propósito. Ello permitirá acreditar la veracidad de sus
resultados.
-Establecer mecanismos de acreditación con validez pública para certificadoras privadas, que permitan viabilizar el
diseño de políticas públicas que otorguen incentivos gubernamentales a los modelos jurídicos de empresas con propósito.
–Proteger a los modelos jurídicos de empresas con propósito del fenómeno denominado impact-washing, a través de distintas herramientas, entre las cuales destacan la medición de impacto, la protección del consumidor y la prevención de fraudes a la ley.
Propuestas fiscales
-Reconocer la naturaleza jurídica de las empresas con propósito desde el ámbito fiscal, con el objetivo de diseñar regulación
que identifique sus implicancias fiscales/ tributarias y les permita competir en igualdad de condiciones con las empresas
tradicionales con base en el principio de igualdad tributaria.
–Reinterpretar el concepto de “gasto necesario” en la legislación tributaria iberoamericana, como primer paso en el rediseño de políticas fiscales para modelos jurídicos de empresas con propósito.
Incentivos en las compras públicas
-Establecer un Plan Estratégico de Contratación (PEC) que permita el análisis, medición y reformulación del ciclo de compras, con base en una mejora continua y promoviendo la integración progresiva del cuarto sector al régimen de adquisiciones públicas
–Fortalecer la profesionalización del agente de adquisiciones públicas con la premisa de instaurar el procedimiento de compra estatal como un mecanismo transformador de sociedades, capaz de gestionar las demandas sociales,
ambientales y de mercado en consonancia con los actuales retos globales.
Recomendaciones para el liderazgo empresarial femenino
-Fomentar la aceleración del liderazgo empresarial femenino, a lo largo del ciclo de vida profesional de las mujeres, en el diseño del ecosistema regulatorio y económico del cuarto sector en
Iberoamérica.
–Impulsar el éxito financiero de las empresas con propósito lideradas por mujeres, mediante la focalización específica de políticas públicas que incentiven la actividad empresarial con propósito.
Los objetivos principales del estudio los explican en su presentación Rebeca Grynspan, Secretaria General
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB): Luis Felipe López-Calva, Director Regional para América Latina y el Caribe
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), y Federico Burone Director Regional para América Latina y el Caribe International Development Research Centre (IDRC):
En los últimos años, hemos visto una proliferación de empresas que buscan el triple impacto económico, social y ambiental. Hablamos de las empresas B, de las empresas sociales, de las
empresas de triple impacto o triple balance, de la banca ética, del movimiento de comercio justo, del auge de la economía circular, de la moda sostenible, solo por nombrar algunas iniciativas. Pero de la misma forma que reconocemos su existencia, somos conscientes de que mientras no exista un marco legal y reglamentario que acompañe su desarrollo, difícilmente veremos florecer un verdadero ecosistema empresarial que permita el escalamiento de esas empresas; es decir, que posibilite que pasen de ser un nicho a ser la norma.
Buscando apoyar ese proceso de institucionalización, unimos fuerzas desde la SEGIB, el PNUD y IDRC para apoyar este proyecto de investigación, desarrollado en ocho países iberoamericanos y en algunas jurisdicciones fuera de la región. La idea ha sido generar investigación que muestre cómo la regulación y el fomento de políticas públicas adecuadas pueden incentivar a las empresas que ya incorporan en su ADN el propósito empresarial genuino y sostenible. Asimismo, cómo las políticasy marcos regulatorios pueden también traccionar,
para que aquellas empresas que aún no lo hacen comiencen este camino de cambio. En definitiva, buscamos proponer medidas concretas que puedan ser implementadas por los Gobiernos iberoamericanos, basadas en la experiencia propia
y el estudio comparado, en cuatro áreas clave.
En primer lugar, el proyecto pone el foco en los marcos regulatorios y, en particular, en los modelos legales que promueven la creación y el desarrollo de empresas con propósito. Contar con dichas figuras reglamentarias —ya sea en
su variante de certificación privada, regulación pública o bien en un sistema híbrido— permite dar garantías a aquellos emprendedores que buscan ir más allá del beneficio económico, al tiempo que es una buena forma de atraer la inversión sostenible y el talento con propósito, que abunda en la región.
Hemos visto importantes avances en ciertos países iberoamericanos, algunos de los cuales —en plena pandemia— han aprobado nuevos marcos jurídicos para las sociedades de
beneficio e interés colectivo. Esperamos que los estudios contribuyan a que aquellos países que actualmente están discutiendo estos temas, en sede legislativa o ejecutiva, puedan acelerar el paso y hacerlo en base a la evidencia generada.
Además, el proyecto ha analizado los incentivos en dos áreas que son vitales para el despegue de las empresas. Por un lado, los incentivos fiscales que no han sido considerados dentro de las reformas legales que ya se han aprobado en la región y que,
de incluirse, podrían permitir a las empresas con propósito, entre otras cosas, desgravar aquellos gastos destinados al propósito social y ambiental.
Una empresa que destina gran parte de su capital financiero y humano a acometer fines sociales y ambientales debería tener un tratamiento fiscal diferenciado, que reconozca este impacto social y ambiental positivo para nuestras sociedades y
nuestro planeta. Los estudios desarrollados en este proyecto muestran que los incentivos fiscales permitirían que las empresas dejen de estar en el limbo jurídico en el que actualmente se sienten: a ratos como empresa, a ratos como fundación y a ratos sin afiliación.
Por otro lado, el proyecto ha abordado los incentivos en materia de contratación pública sostenible. Si consideramos al sector público como el principal contratista global —según datos de la
OCDE, aproximadamente el 12% del PIB de los países se destina a compras públicas, cifra que en América Latina asciende al 20%—, incorporar criterios ambientales y sociales en las decisiones de gasto público tendría un impacto transformador en los mercados, al promover la compra a empresas cuyos propósitos se alinean con el bien público. Permitiría, además, reducir la demanda de recursos
innecesarios; minimizar los impactos negativos de los bienes, obras o servicios a través de su ciclo de vida; promover la equidad de género; abrir mercado para las pequeñas y medianas empresas; desarrollar sectores económicos sostenibles e innovadores; y garantizar condiciones justas de
contratación. Indirectamente, esto permitiría que la compra pública se convierta en un proceso de certificación y regulación en sí misma, capaz de impulsar a las empresas con propósito y acercar a los países al cumplimiento del ODS 12, referido
a producción y consumo sostenible. El IDRC, desde hace varios años, apoya a la Red Interamericana de Compras Gubernamentales para avanzar en la agenda de compras públicas sostenibles. Este proyecto construye sobre esos
logros y avanza en materia de propuestas concretas de políticas estratégicas de compra pública para alcanzar los ODS.
El cuarto eje vertebrador de este estudio ha sido la perspectiva de género en las empresas con propósito. La pandemia ha interactuado con techos de cristal y déficits estructurales en
nuestra región, causando un impacto diferenciado y desproporcionado sobre las mujeres, que pone en riesgo décadas de frágiles avances logrados, incluidos los alcanzados en el ámbito económico. La igualdad de género debe acompañar cualquier desafío empresarial que se precie de
ser sustentable. Estamos seguros de que, si hay un propósito de triple impacto, se deberá contar con la inclusión de liderazgos femeninos y el reconocimiento de la diversidad; asimismo, considerar específicamente las necesidades que también enfrentan las mujeres como trabajadoras en estas empresas, como parte de su cadena de valor, como clientas y como parte de su impacto. Ello no solo será una decisión de justicia para conla mitad de la población, también será una decisión
de rentabilidad económica, social y ambiental.
Desde la Secretaría General Iberoamericana, se ha promovido desde hace varios años el desarrollode las empresas con propósito a ambos lados del Atlántico. Desde el PNUD, se ha avanzado en desarrollar y promover evidencia para escalar
los modelos comerciales sostenible en la región. Desde el IDRC, se ha apoyado la investigación para fortalecer los ecosistemas de emprendimiento y de inversión de impacto en América Latina. Hoy, sumamos esfuerzos para levantar la voz en
favor de estas empresas que representan un activo de nuestra economía y una respuesta segura a los desafíos del futuro, y por tanto, apoyamos las políticas públicas para promoverlas. Nuestros países se encuentran en una posición inmejorable,
respaldada mayoritariamente por el sentir ciudadano, para incluirlas y apoyarlas dentro de un nuevo pacto social necesario para resetear nuestras economías, y de esa forma convertir a Iberoamérica en una región de vanguardia y pionera en la regulación de estas empresas. El presente informe espera ser un apoyo en esa dirección y, al mismo tiempo, pretende poner a
disposición de los 22 Gobiernos iberoamericanos todo nuestro capital técnico y la evidencia sobre políticas públicas recogida en este proyecto de investigación.
Por su parte, en la Introducción, Juan Diego Mujica Filippi
Coordinador académico del estudio,,resulta que el proyecto de investigación Las empresas con propósito y la regulación del cuarto sector en Iberoamérica es parte de la iniciativa internacional El Cuarto Sector para Iberoamérica, auspiciada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el International Development Research Centre (IDRC). Esta iniciativa busca impulsar la creación de un nuevo marco legal propicio para todas aquellas empresas decididas a combinar el éxito financiero con el impacto social y ambiental.
En ese sentido, este nuevo modelo de sociedad empresarial se
plantea como una contribución para lograr elcumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la región.
El proyecto de investigación tiene como finalidad generar y compartir conocimiento sobre la importancia de una adecuada regulación del cuarto sector. De esa manera, se propone que tanto la generación de leyes como contar con políticas
públicas efectivas son acciones fundamentales para dinamizar el impacto positivo de las empresascon propósito social y ambiental en Iberoamérica.
En tal sentido, el proyecto contiene un cuerpo documentario de acceso público que analiza tres aspectos principales. En primer lugar, compara los modelos jurídicos de empresas con propósito en distintos países de la región. En segundo lugar, expone las principales buenas prácticas legislativas y regulatorias; asimismo, observa los obstáculos legales, financieros y técnicos para su tipificación y funcionamiento. Por último, presenta propuestas de política pública que incluyen incentivos en materia fiscal y de acceso a la compra pública.
A través del proyecto, se busca proporcionar —a abogados, académicos, empresarios, funcionarios públicos, políticos y operadores de políticas públicas— información actualizada y de alta calidad académica que permita, a los 22 Gobiernos iberoamericanos, avanzar significativamente en la creación de un marco regulatorio y un ecosistema económico que propicie el desarrollo del cuarto sector en la región.
Sudamérica concentra el movimiento legislativo de la sociedad de beneficio e interés colectivo, e mismo que está basado en la ley modelo de benefit corporation para los Estados Unidos. Este modelo jurídico de empresa con propósito es definido en la tesis Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo: un,aporte societario al interés social y medioambiental como “toda aquella persona jurídica, presente en una legislación comercial, que realiza actividad económica, reparte utilidades a sus accionistas y se caracteriza porque estos últimos y los gestores de la sociedad buscan construir un beneficio público social o ambiental, según lo establecido en su,estatuto” (Mujuca Filippi, 2016).3
Las principales características de este modelo de empresa son:
De acuerdo con la investigación Movimiento legislativo sociedades B.I.C. (2020), de Sistema B Internacional y el International Development Research Centre, la presencia regional del modelo de sociedad de beneficio e interés colectivo (B.I.C.) en los países hispanohablantes de Sudamérica obedece a tres criterios identificables:
- Existe un propósito de beneficio social y ambiental adicional a la actividad económica.
- Hay variación del régimen de responsabilidad correspondiente a los directores y administradores.
- Se tiene obligación de reporte y mayores mecanismos de transparencia.
El derecho empresarial se extiende a todo el ordenamiento jurídico, independientemente de si son Estados centrales
o federales. La similitud de la legislación comercial en los
países sudamericanos. Sus códigos de comercio y
leyes societarias han tenido referentes europeos
comunes e influencias recíprocas. El idioma español ha permitido un fácil entendimiento del contenido conceptual de este modelo:
