viernes,28 enero 2022
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Ante 25-N, día internacional contra la violencia de la mujer

Seis gestos del Gobierno por la igualdad de género

Redacción
El día internacional contra la violencia de la mujer, convocado para este miércoles 25 de noviembre, tendrá en España especial resonancia respecto a otros países, debido a la proximidad de las elecciones generales del 20 de diciembre. El Gobierno se sumó a las movilizaciones iniciadas hace tres semanas por el movimiento feminista con los seis actos por la igualdad de género aprobados en Consejo de Ministros este viernes. Otras administraciones, partidos, ONGs y sindicatos hacen lo propio.

​Los ministerios de Justicia e Interior anunciaron este lunes que han puesto en funcionamiento en todos los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid el envío automático de requisitorias, medidas cautelares y penas relativas a sentencias firmes de violencia doméstica y de género desde el sistema de registros SIRAJ al Ministerio del Interior. 

Previamente, cinco actos del último Consejo de Ministros ante el evento de este miércoles son aprobar una declaración ante el día internacional contra la violencia de la mujer, un informe sobre la estrategia para la erradicación de la violencia contra la mujer, un protocolo frente al acoso sexual en las fuerzas armadas, un plan de igualdad entre mujeres y hombres en la administración del estado, y también un protocolo frente a la violencia en el trabajo en la administración del Estado. Estos cinco actos gubernamentales ante uno de los temas que marcan las campañas electorales en todo el mundo junto a otras formas de inclusión (de raza, estudiantil, financiera, digital, etc) se difunden en España a las tres semanas de la primera gran manifestación organizada en madrid por el Movimiento Feminista con otros 400 entes contra la violencia sobre la mujer, a la que se sumaron representantes de los principales partidos políticos (PP, PSOE, IU, Podemos, Ciudadanos y Equo), sindicatos y ONGs. Entonces se dijo que esta lacra había segado la vida a más de 1.400 mujeres desde la aprobación de la L.O. de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en diciembre de 2004, según Cuartopoder.es, aunque desde entonces los casos se han incrementado.

Por la proyección internacional de la jornada, muchos famosos han querido sumarse a una iniciativa para concienciar a la sociedad de que este tipo de violencia debe acabar.Bajo el hashtag #WhiteRibbon, varias celebridades han colaborado con la campaña de concienciación lanzada por la fundación Kering, organización benéfica del grupo empresarial de marcas como Gucci, Stella McCartney, Balenciaga y Alexander McQueen. Difundida través de las redes sociales, en uno de los spots aparecen estrellas como Kerry Washington y Josh Hutcherson.  A partir del día 21 de noviembre y hasta el día 28, los clientes que compren en tiendas de lujo de la compañía recibirán un broche con un lazo blanco diseñado exclusivamente por Stella McCartney. La propia diseñadora ya ha posado con su diseño bajo el hashtag #WhiteRibbon y #BeHerVoice.Celebridades como Cara Delevingne, Drew Barrymore, Penélope Cruz y Johnny Depp, entre muchos otros, también han posado para apoyar la causa.    

 

En España, ante el respaldo político y social a las acciones por la inclusión de género, esta semana habrá profusión de eventos con ese motivo, promovidos por organizaciones de la mujer, políticas, educativas, administraciones públicas, medios informáticos, etc. La celebración de elecciones el 20 de diciembre parece haber incrementado tales iniciativas respecto a años anteriores o en comparación con otros países. Tras los cinco actos del Gobierno, RTVE anunció que pondrá en marcha a partir de ahora la campaña Concienciados contra la violencia de género. durante la que emitirá documentales. 

 

Algo similar estan haciendo entidades de la mujer o feministas, como el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), que ha organizado una semana de actividades contra la violencia de género, definida por Wikipedia como "un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género que impacta de manera negativa su identidad y bienestar social, físico y/o psicológico. Un problema que, según el diario EL MUNDO, "se autoalimenta y se crece para confundir a la sociedad con argumentos tramposos y falaces" y que, a juicio de Marisa Soleto, de la Directora de la Fundación Mujeres, "afecta a miles de personas cada día". «Hay miles de niños viviendo la violencia de género en casa», dicen otras crónicas. La discriminación laboral también es violencia de género, apunta en Confilegal.com Carlos Berbell. Incluso el fútbol femenino se ha unido ante la violencia de género.

Los cinco actos previos del último Consejo de Ministros español son los que siguen:

1) DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Justicia, ha aprobado una Declaración contra la violencia de género con el fin de constatar su compromiso frente a la lucha contra este problema. Lo ha hecho con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

El texto de la Declaración del Gobierno es el siguiente:

"Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno de España expresa su rechazo y el de toda la sociedad a cualquier forma de violencia ejercida contra las mujeres, así como su firme compromiso para su erradicación en España y en la Comunidad Internacional, impulsando todas las medidas que resulten necesarias.

Porque aunque el Ordenamiento Jurídico Español garantiza de jure la igualdad entre mujeres y hombres, la persistencia en nuestra sociedad de la violencia, que en sus distintas manifestaciones sufren las mujeres por el hecho de serlo, obliga a los poderes públicos, y con ellos a toda la sociedad, a seguir dando pasos para alcanzar de facto la plena igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, también en la esfera privada. Y para ello, la erradicación de la violencia contra la mujer es una condición necesaria.

La violencia que en sus distintas manifestaciones, trata de mujeres y niñas, acoso sexual, la violación, el matrimonio forzoso, los crímenes cometidos supuestamente en nombre del ´honor´ y la mutilación genital, se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo es un problema de dimensión global, tal como indican las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, y constituye un grave atentado contra la dignidad personal, la integridad y los derechos fundamentales de quienes la sufren y también, de sus hijos e hijas y menores a cargo.

Normas aprobadas

Por ello, el Gobierno viene desde el inicio de la Legislatura trabajando para mejorar la respuesta dada a quienes sufren la violencia contra la mujer, en el marco de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016, aprobada al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Y lo ha hecho mediante un amplio programa legislativo para dotar al sistema de prevención asistencia y protección frente a esta violencia de herramientas más eficaces. Así ha sucedido con la aprobación, entre otras, de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; la Ley Orgánica 4/2015, de 27 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Jurídico de la Víctima del delito, y la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Normas, que atienden también a las necesidades de las víctimas de otras formas de violencia contra la mujer y singularmente, a las víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Y también de manera señalada a los niños, hijos e hijas y a cargo de quien sufre la violencia, víctimas directas merecedoras de especial protección. Por ello, se ha procedido a la aprobación de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que mejoran la atención y la protección de los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, así como de los menores víctimas de otras formas de violencia en particular, de la trata de seres humanos, e incluyen a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, con el objeto de visibilizar esta forma de violencia que se puede ejercer sobre ellos.

Compromiso por la concienciación ciudadana

Por su parte, el Gobierno, tal como ha venido haciendo mediante distintas campañas institucionales de sensibilización, reafirma su compromiso por fomentar la concienciación ciudadana por la igualdad entre hombres y mujeres y la construcción, entre todos, de una sociedad libre de violencia contra la mujer, implicando cada vez más a entornos, colectivos profesionales, agentes económicos y sociales, y también a los hombres, en el rechazo de cualquier forma de esta violencia; en la detección precoz y en el apoyo y la ayuda a quienes la sufren. Concienciación que de manera prioritaria se dirige a la juventud y la población adolescente, con campañas de sensibilización específicas orientadas a la detección temprana del maltrato, y promoviendo la efectiva aplicación entre la comunidad escolar del principio del Sistema Educativo del ´desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género´.

Otro de los ejes prioritarios del Gobierno en materia de violencia de género es la mejora de la respuesta institucional a través de la implementación de la Propuesta Común para la mejora de la coordinación interinstitucional y la puesta en marcha de planes personalizados para las víctimas de la violencia de género y los menores a su cargo. De este modo, se han financiado proyectos autonómicos, se está implementando el Protocolo de derivación para la coordinación de las redes autonómicas de centros de acogida y se ha impulsado la interconexión de las bases de datos autonómicas con el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior.

Conocimiento del problema

La plena erradicación de un problema complejo y atávico como la violencia contra la mujer precisa de la actuación de todos; actuación que, a largo plazo, debe apoyarse en la absoluta confianza en que una sociedad sí violencia contra las mujeres es posible. Y para tal fin es fundamental avanzar en un mayor conocimiento del problema de esta violencia. Así, desde el liderazgo de España en la recopilación y análisis de datos e investigaciones sobre la violencia de género, es necesario, de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, seguir aumentando la extensión, frecuencia y los soportes para la difusión de datos e investigaciones, mejorando la precisión y rigor de los datos proporcionados en tanto que sirven para dar testimonio de la gravedad de este problema y para que la sociedad tome conciencia sobre él.

La acción de España en el exterior, como miembro activo de la Comunidad Internacional, extiende el compromiso del Gobierno con el fin de la violencia contra la mujer al ámbito internacional, sobre la base de un asentado acervo multilateral, que se manifiesta principalmente en el seno de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE):

  • En el ámbito de las Naciones Unidas, apoyando la labor de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, señora. Dubravka Simonovic, así como el trabajo de las Agencias y organismos del sistema especialmente activos en esta materia, con ONU Mujeres a la cabeza, y apoyando y promoviendo de manera activa todas aquellas resoluciones y demás iniciativas relativas a las múltiples formas de violencia contra la mujer, en la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad así como como en el Consejo de Derechos Humanos.
  • En el ámbito de la Unión Europea, impulsando la aplicación de sus directrices sobre la violencia contra las mujeres y la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, así como reconociendo el trabajo realizado por sus instituciones en este ámbito.
  • En el marco del Consejo de Europa, siendo parte del Convenio sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos y de la Convención para la lucha y la prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en vigor desde el 1 de agosto de 2014.

Cuestión de Estado

Siendo conscientes de los retos y desafíos a que debe enfrentarse la sociedad española para acabar con este problema, es preciso seguir avanzando hasta lograr el fin de la violencia contra la mujer con la unidad de todas las fuerzas políticas, y desde la consideración de la erradicación de la violencia contra la mujer como una cuestión de Estado. Y para la consecución de ese logro es necesario que todos, administraciones, instituciones y fuerzas políticas, apoyen a quien la sufre, persigan a quien la provoca y contribuyan a crear una conciencia social inequívoca en su rechazo al maltrato. El trabajo conjunto de Administraciones Públicas, Poder Judicial, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, medios de comunicación, profesionales de todos los ámbitos, asociaciones especializadas y sociedad civil es el método para alcanzar una sociedad libre de cualquier forma de violencia contra la mujer, garante y respetuosa de su dignidad y derechos y de los de sus hijos e hijas.

El Gobierno, desde la convicción de que una sociedad libre de violencia contra la mujer es posible en el siglo XXI y consciente de que cada persona es responsable de cambiar la cultura de desigualdad, exhorta a toda la sociedad para que junto a los poderes públicos, lidere el cambio hacia una sociedad libre de violencia contra la mujer."

2) PROTOCOLO FRENTE A LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO ESTATAL

  • Se pone en práctica la "tolerancia cero" frente a la violencia contra los empleados públicos como consecuencia del ejercicio de sus funciones
  • Los departamentos de la Administración han comenzado ya a aplicar medidas para prevenir la violencia y apoyar a los empleados públicos víctimas de agresiones

El Consejo de Ministros ha aprobado el Protocolo de Actuación frente a la Violencia en el Trabajo de la Administración General del Estado y los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella, acordado el pasado 30 de julio por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.

El Protocolo tiene el objetivo de proteger a los empleados públicos de la violencia ejercida por los usuarios de servicios, por lo que se incluyen las agresiones que se produzcan en los servicios y también aquellas que se puedan materializar fuera del lugar de trabajo, pero tengan a éste como motivo de la agresión. Queda excluida la violencia que se pueda producir entre los propios empleados públicos o aquellas que ejerzan personas que realizan una actividad ilegítima, situaciones ambas que requieren actuaciones distintas.

El Protocolo usa un concepto amplio de violencia que trasciende a la agresión física, ya que incluye conductas verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, abusivas y acosadoras.

Estrategia de actuación

Para prevenir y combatir estas actitudes, se establece una estrategia con las siguientes medidas:

Medidas proactivas: tienen el objetivo de prevenir y se relacionan con el acondicionamiento de los lugares de trabajo (espacio, señalización, temperatura, etc.); la organización del trabajo (cargas, colas, horarios…) y la aptitud y actitud general de los empleados, lo que implica una adecuada formación. Estas medidas pueden contribuir a eliminar o minimizar las causas de queja del usuario y, en consecuencia, su posible reacción violenta.

Medidas activas: el "Procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo" tiene la finalidad de que el empleado público esté informado e instruido ante una situación de riesgo. El proceso de formación y adiestramiento será continuado.

Apoyo a las víctimas: En caso de materializarse la agresión, el Protocolo prevé una serie de medidas que se llevarán a efecto en función de la gravedad de la lesión. Incluyen apoyo al empleado agredido de tipo médico, psicológico y jurídico y la fijación de actuaciones de los responsables afectados de su Departamento.

Prevención de riesgos

El artículo 40.2 de la Constitución encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad y salud de los trabajadores. En aplicación de este principio se promulgó en 1995 la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que incluye expresamente en su ámbito de aplicación a las Administraciones Públicas. Es en este contexto en el que se produce la aprobación del presente Protocolo, que se plantea como herramienta de uso común en el conjunto de la Administración General del Estado, para prevención y actuación frente a los casos de agresión en el trabajo.

Cabe señalar que los Departamentos y Organismos de la Administración más afectados, en los que se han dado supuestos de agresiones, vienen ya aplicando medidas para prevenir este fenómeno y establecer mecanismos de apoyo a los empleados públicos víctimas de agresiones en el trabajo.

Aspectos más destacables

Los aspectos más destacables del Protocolo son:

  • Es de aplicación a todo el personal de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella, como instrumento de aplicación directa o como referencia para afrontar este problema.
  • El Protocolo se refiere a la violencia externa, ejercida por terceros, normalmente usuarios de los servicios, respecto a los empleados públicos durante o como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
  • Se define la violencia ocupacional como aquella constituida por incidentes en los que los trabajadores sufren abusos, amenazas o ataques circunstanciales relacionados con su trabajo, incluyendo el trayecto, y que pongan en peligro su seguridad, bienestar o salud.
  • Las actuaciones parten de un diagnóstico del problema, para lo cual se establece una metodología de análisis y evaluación de los riesgos.
  • Se recogen medidas a llevar a cabo para prevenir y actuar frente a las agresiones y las actuaciones a realizar tras haberse producido.

3) INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

  • Ya se ha puesto ha puesto en marcha el 80 por 100 de la Estrategia que contempla más de 250 medidas con una dotación económica de más de 1.500 millones de euros
  • El porcentaje de mujeres que salen de la violencia de género ha pasado del 72,48 por 100 en 2011 a un 77,6 por 100 este año. Octubre de 2015 se ha convertido en el mes con mayor volumen de llamadas desde que se puso en funcionamiento el 016, con 8.450

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento I Informe de ejecución de la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016, que concluye que un 80 por 100 de las medidas contempladas en la Estrategia están ejecutadas o en fase de ejecución. Han sido más de 250 medidas con una dotación económica de más de 1.500 millones de euros.

El Informe se refiere a las actuaciones realizadas por cada uno de los organismos implicados en la ejecución de las medidas previstas en la Estrategia desde el punto de vista de la ruptura del silencio, la mejora de la respuesta institucional de los poderes públicos a través de planes personalizados, la atención a los mejores y mujeres en situación de especial vulnerabilidad o la visibilización de otras formas de violencia contra la mujer.

Aumenta el número de denuncias

El avance que han supuesto estas medidas en la erradicación de esta lacra se ha visto reflejado, según el Informe, en la mejora de algunos índices, como el porcentaje de mujeres que salen de la violencia de género, que ha pasado del 72,48 por 100 en 2011 a un 77,6 por 100 este año, según la Macroencuesta. También en el número de denuncias que, por primera vez desde el año 2009, ha vuelto a crecer. Lo hizo en un 1,46 por 100 en 2014 y, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el primer semestre de 2015 la tendencia al alza continúa.

Además, en 2015 se ha producido un récord de llamadas al teléfono 016 (unas 66.000) y octubre de 2015 se ha convertido en el mes con mayor volumen de llamadas desde que se puso en funcionamiento éste número de telefono, con 8.450. También ha aumentado el número de usuarias dadas de alta en el servicio ATENPRO, que son en la actualidad más de 10.500, la cifra más alta desde 2009.

Asimismo, el Informe recoge los avances normativos que se han producido en los últimos años, como son la incorporación de la justicia gratuita y el asesoramiento legal previo para todas las víctimas, los nuevos delitos introducidos en el Código Penal o el reconocimiento de los menores como víctimas.

Medidas para fomentar la conciliación

El Consejo de Ministros ha aprobado también el primer Informe periódico 2012-2013 y principales actuaciones 2014-2015 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El documento se centra en el trabajo que se ha desarrollado para reducir las desigualdades en el empleo y la brecha salarial, fomentar la conciliación y luchar contra la violencia de género.

El Informe concluye que las políticas de igualdad de oportunidades han ocupado un lugar central en la acción del Gobierno por las acciones desarrolladas con el fin de fomentar la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y social e impulsar la igualdad a través del sistema educativo o la plena integración del principio de igualdad de trato en todas las acciones del Gobierno.

En este sentido, hay dos cifras que reflejan esta mejora en igualdad de oportunidades: dos de cada tres emprendedores en España son mujeres y ha crecido de un 12 a un 18 por 100 el porcentaje de mujeres en Consejos de Administración de las empresas del IBEX 35.

Algunas de las medidas a las que se refiere el Informe son la nueva bonificación dirigida a trabajadores autónomos por conciliación de la vida profesional y familiar o con la ampliación del derecho a la reducción de jornada por cuidado de menores, que ha pasado de los ocho a los doce años de edad. Otra de las medidas valoradas es la que permite que cualquiera de los progenitores pueda ejercer el derecho al permiso de lactancia.

En relación a la educación, el documento aprobado hoy pone en valor la incorporación de la igualdad y la prevención de la violencia de género como elementos transversales en los currículos básicos de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

También se valora la aprobación, por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del Código de Buen gobierno de las Sociedades Cotizadas, que pretende incrementar el número de mujeres en puestos de responsabilidad de las empresas.

En cuanto a colectivos concretos, el informe hace referencia al Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural o la Ley 33/2014, que introduce por primera vez el principio de igualdad, y la presentación del nuevo Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola. 

4) PLAN PARA LA IGUALDAD DE GENERO EN LA ADMINISTRACIÓN 
  • El Gobierno se propone conseguir la plena igualdad profesional entre mujeres y hombres, y se pretende combatir la actual situación de las mujeres en la Administración, donde ocupan puestos de menor responsabilidad y retribución
  • Las medidas tienen el objetivo de apoyar a las mujeres frente a las situaciones laborales, y también personales y familiares, que condicionan su trabajo y su carrera profesional

El Consejo de Ministros ha aprobado el II Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos, que fue acordado con las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado del pasado 30 de julio de 2015.

El Plan tiene tres objetivos fundamentales:

  • Reducir las desigualdades que puedan persistir en el ámbito de la carrera profesional del personal al servicio de la AGE.
  • Apoyar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral así como la corresponsabilidad.
  • Prestar una especial atención a aquellas situaciones que requieran especial protección, como a las víctimas de violencia de género o a la prevención de situaciones de acoso.

Todo ello es esencial para avanzar hacia la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y para lograr una igualdad efectiva y transformadora en las instituciones públicas y en nuestra sociedad.

Medidas

El Plan pondrá en marcha una serie de medidas entre las que hay que destacar:

  • Elaboración y difusión de una "Guía de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la Administración General del Estado" para mejorar la información del personal y la gestión de recursos humanos sobre los derechos, permisos y medidas de flexibilización de jornada existentes en la Administración en materia de conciliación.
  • Análisis de los factores asociados a la promoción o trayectoria profesional o a las características de los puestos que ocupan mujeres y hombres, que pudieran determinar la ocupación de puestos de menor responsabilidad, especialización o retribución.
  • Elaboración de un procedimiento en materia de movilidad de las empleadas públicas por violencia de género.
  • Facilidad para aspirantes embarazadas o en maternidad para la realización de los cursos selectivos en procesos de acceso al empleo público, a fin de asegurar la igualdad de trato y de oportunidades de las aspirantes en las que concurran dichas situaciones.
  • Inclusión en las convocatorias, como mérito a valorar, de la acreditación de los cursos de formación en igualdad entre mujeres y hombres en materias relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo.
  • Preferencia para la elección de vacaciones de las personas con hijos menores de doce años.
  • Promoción en las páginas webs de todos los departamentos ministeriales y organismos públicos de un acceso directo a la "Web de recursos de apoyo y prevención en casos de violencia de género", de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Estas medidas pueden ser comunes a todos los ministerios o medidas específicas propuestas por los propios departamentos ministeriales y organismos públicos adscritos, que se aplicarán en exclusiva en los mismos.

El Plan, que abarca el período comprendido entre 2015-2016, sin perjuicio de que permanezca vigente hasta la aprobación de un nuevo plan durante la próxima Legislatura, lleva aparejado un programa de evaluación para su seguimiento y valoración de resultados.

Los ministerios adoptarán las medidas necesarias para el desarrollo del Plan, incluyendo su financiación dentro de los créditos asignados en el presupuesto de 2015 y respecto a ejercicios siguientes, dentro de su disponibilidad presupuestaria anual. 

5) PROTOCOLO FRENTE AL ACOSO EN LAS FUERZAS ARMADAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, que deriva de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario en las Fuerzas Armadas, del 4 de diciembre de 2014. y de la más reciente Ley Orgánica por la que se aprueba el Código Penal Militar del 14 de octubre de 2015.Ambas normas tipifican por primera vez, de forma específica, en el ámbito disciplinario y penal militar el acoso sexual y por razón de sexo como conductas constitutivas de infracción disciplinaria y delito.

Además, el Protocolo ha sido impulsado por una Proposición no de Ley aprobada el 28 de abril de 2015 por el pleno del Congreso de los Diputados que insta al Gobierno a la elaboración de un Protocolo de actuación en relación con el acoso sexual, por razón de sexo y profesional derivado de estos en las Fuerzas Armadas.

Principio de igualdad y no discriminación

El Protocolo, que fue informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas el pasado 9 de octubre, se inspira en el principio de igualdad y no discriminación por razón de género y sexo, y en el respeto a la dignidad personal de todo militar, recogidos en la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, del 27 de julio de 2011. De este modo, se pretende continuar promoviendo una cultura de "tolerancia cero" en las Fuerzas Armadas.

El Protocolo contiene medidas de carácter preventivo, entre las que se incluye la formación en todos los niveles de la enseñanza militar y la sensibilización del personal militar. Se recogen medidas de protección inmediata a la víctima garantizando en todo el procedimiento la confidencialidad para salvaguardar el derecho a la intimidad, así como la celeridad y diligencia del mismo. También se establecen acciones de seguimiento y control de las situaciones de acoso y de acompañamiento a la víctima en todo el proceso.

Unidad de Protección frente al Acoso

En el ámbito organizativo, se crea la Unidad de Protección frente al Acoso como un órgano ajeno a la cadena orgánica de mando que sirve de canal voluntario de transmisión de denuncias y que, además, prestará asistencia integral de carácter médico y psicológico, y asesoramiento profesional, social y jurídico a la víctima. Existirá una Unidad de Protección frente al Acoso en cada uno de los Ejércitos y en el Órgano Central, próximos al mando para proporcionar inmediatez en la respuesta ante una posible denuncia de acoso.

Asimismo, se prevé la elaboración y difusión de una guía práctica con toda la información, para que la víctima de acoso ejerza sus derechos, y un manual de buenas prácticas para el mando con el fin de prevenir y actuar ante situaciones de acoso, que serán permanentemente actualizados, al igual que el propio Protocolo, por el Observatorio de Igualdad entre hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas.

Además, se recogen una serie de medidas cautelares dirigidas a la protección de la víctima, como es la posibilidad de cambio voluntario de puesto de trabajo.

Informe anual

El Observatorio de Igualdad entre hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas recopilará los datos estadísticos y elaborará un informe anual que elevará al Ministro de Defensa.

Este Protocolo se enmarca dentro del compromiso de la Administración General del Estado para eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo que pudiera existir en este ámbito a fin de garantizar la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se encuadra entre las diferentes medidas que está desarrollando la Administración General del Estado en materia de igualdad.

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