La cumbre incluye dos sesiones públicas este lunes 13 de julio a las que se puede acceder pinchando aquí, seguidas de una serie de sesiones ministeriales cerradas y específicas los días 15, 16 y 17 de julio, abiertas únicamente a delegaciones países de América Latina y el Caribe y de la OCDE y a organizaciones internacionales. En el encuentro se abordan propuestas para reducir la informalidad laboral, que afecta a a la mayoría de los trabajadores de América Latina, el 65% de los cuales son vulnerables porque no se benefician de ninguna forma de protección social, cuando la CEPAL acaba de resaltar que América Latina y el Caribe pierde al año 325.000 millones de dólares por incumplimiento tributario. Cuenta la cumbre con la participación de ministros de Exteriores y de los ámbitos de Trabajo, Planificación y Desarrollo Social de diversos países latinoamericanos, así como representantes de organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
El objetivo formal explícito de la cumbre es configurar el futuro del Programa Regional de la OCDE en relación con la informalidad e inclusión social, una vez debatidas las políticas necesarias para reanudar la creación de empleos y las reformas socioeconómicas que se aplicarán tras la pandemia. Este programa estará orientado a proporcionar análisis y recomendaciones de política ara los países latinoamericanos que son miembros de la OCDE: México (miembro desde 1984).
En la primera jornada, sobre La informalidad y la inclusión social en tiempos de COVID-19, participan desde las 14 horas de París (sede de la ocde) el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, por el presidente de República Dominicana, Danilo Medina; el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado; la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez; el ministro de Asuntos Exteriores de Perú, Gustavo Meza-Cuadra; el ministro de Economía de Brasil, Paulo Gedes, y la Comisaria para el Partnesariado Internacional de la Unión Europea, Hutta Urpilainen.
Posteriormente, desde de las 17 horas, intervienen en un panel tambien público, moderados por Miguel Vargas, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, los panelistas Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, CEPAL; Rebeca Grynspan, Secretaria General, SEGIB; Gabriela Ramos, Directora General Adjunta para Ciencias Sociales y Humanas, UNESCO; Ana María Rodríguez, Vicepresidenta de Sectores y Conocimiento, BID; Hernando de Soto, Presidente del Instituto para la Libertad y la Democracia, y Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, México
El resto de sesiones ministeriales tendrán lugar a puerta cerrada y solo podrán participar en ellas las delegaciones acreditadas.Habrá entre ellas un breve reporte de la Presidencia de la reciente Ministerial de Empleo y Asuntos Sociales de la OCDE, a cargo de Mayte Velasco, Subdirectora General de Relaciones Internacionales, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España
En la clausura se realizará una reunión virtual del Consejo Directivo del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe, en la cual solo se puede participar por invitación.
Los países de América Latina y el Caribe se han visto afectados por la crisis de COVID-19 en un contexto de bajo crecimiento, gran desigualdad y un creciente descontento social. A pesar las mejoras en las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo en donde algunos países tienen un coeficiente de Gini persistentemente alto, superior a 0,4 o incluso superior a 0,5. Asimismo, algunos avances recientes, como la expansión de la clase media, siguen siendo frágiles, ya que el número de personas que viven en condiciones vulnerables representa actualmente el 40% de la población total. Estas personas suelen tener empleos informales, con ingresos bajos e inestables y sin protección social, lo que limita su capacidad de invertir en su capital humano y las pone en riesgo de volver a caer en la pobreza en caso de enfrentarse a un choque económico negativo, a problemas de salud o a la vejez.
Dentro de este frágil contexto, la situación actual a la que se enfrenta la región podría agravar considerablemente estos problemas sociales si no se adoptan medidas de políticas eficaces a corto y mediano plazo para responder a la crisis de COVID-19. El brote de COVID-19 comenzó en la región el 26 de febrero, y muchos casos comenzaron a aparecer en los países durante las semanas siguientes. Desde entonces, hay más de 2.6 millones de casos confirmados y 117.000 muertes. Con gastos de salud más bajos, un menor número de camas de hospital y de profesionales de la salud por habitante, así como con sistemas de vigilancia de enfermedades más débiles, los sistemas de salud están sometidos a una gran presión y la capacidad de los hospitales para absorber grandes cantidades de pacientes podría llevar fácilmente al colapso del sistema.
Los gobiernos de la región según tambien la OCDE están adoptando medidas drásticas para proteger a los ciudadanos y detener la propagación del virus. Sin embargo, reconoce la OCDE que esas medidas se están llevando a cabo en un escenario complejo que agrava los efectos de la crisis de COVID-19 en las dimensiones sanitaria, social, económica y de gobernanza. Por lo tanto, las repercusiones socioeconómicas de la crisis de Covid-19 en América Latina pueden ser graves para las personas, los hogares y las empresas si no se dan respuestas ambiciosas en materia de políticas públicas. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores informales y poco calificados, que representan más de la mitad del total de los trabajadores de la región, la reducción de las horas de trabajo y la pérdida de puestos de trabajo debido a la pandemia significan una pérdida de ingresos sin posibilidad de recibir prestaciones de desempleo. De hecho, los trabajadores informales por lo general no tienen acceso a ayudas oficiales de seguridad social, y el confinamiento implica la falta de trabajo y, por lo tanto, de ingresos, lo que crea el dilema de "trabajar o perder los ingresos". Si bien los principales programas de seguridad social y de asistencia social de la región cubren dos tercios de los trabajadores (62%) y sus familias, incluida la mayoría de los hogares pobres de la región, el 65% de los trabajadores informales vulnerables no se benefician de ninguna forma de protección social.
Por lo tanto, abordar la cuestión de la inclusión social y la informalidad nunca ha sido tan crucial. Las consecuencias de la crisis de COVID-19 han puesto en evidencia la necesidad por parte de los ciudadanos de contar con políticas públicas que abarquen consideraciones de equidad y coloquen las preocupaciones de las personas en el centro del modelo de desarrollo. El Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe ofrece una plataforma única para entablar un debate inclusivo y productivo sobre este aspecto. El Programa apoya a la región en el avance de su programa de reformas en tres prioridades claves: aumentar la productividad, fomentar la inclusión social y fortalecer las instituciones y la gobernanza. En la esfera de la inclusión social, la primera Conferencia Internacional y Ministerial sobre Inclusión Social, celebrada en Paraguay en 2017, se centró en el imperativo de crear sistemas de protección social más inclusivos. Para el período 2019-2022, el Programa está centrando sus esfuerzos en la necesidad de mejores empleos, incluidos los retos de la transición a la formalidad, así como en las cuestiones particulares de inclusión en torno a los temas del género y la migración
LoCole-THE ECONOMIST Dice este análisis que el diálogo político iberoamericano a veces ha prometido más de lo justo y que ha tenido altibajos en los últimos 40 años, aunque con la transición de España a la democracia Felipe González entre 1982 y 1996 forjó lazos estrechos. Junto a México, en 1991 España lanzó la primera de lo que se convertiría en cumbres regulares "iberoamericanas", que también incluyen a Portugal. Las empresas españolas se amontonaron en América Latina, a menudo comprando empresas privatizadas. En 2005, España estableció una secretaría iberoamericana (conocida como Segib) para implementar iniciativas acordadas en las cumbres, equipo discreto que hace cosas útiles, como organizar la portabilidad de los títulos profesionales y la seguridad social, y actúa como un vehículo para proyectos de ayuda a pequeña escala por un valor de € 23 millones ($ 26 millones) al año, a los que los países contribuyen como ellos desean.
