martes,25 enero 2022
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Sin controles eficientes, la democracia se debilita

Transitar por Eurolandia
Con este artículo finaliza la serie de cinco que dedico a las causas de la actual corrupción política española. El presente se dedica a los principales problemas que presentan tres de los grandes órganos de control del Estado: la Justicia, la Agencia Tributaria y el Tribunal de Cuentas, y que se concretan en la insuficiencia de recursos -físicos y humanos- que caracteriza a todos ellos.

En el caso de la Justicia, la infradotación de recursos (juzgados, medios técnicos y personal) es un problema que, como ponen de manifiesto las sucesivas memorias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya viene de lejos. No obstante, la situación se ha deteriorado considerablemente a partir de la crisis que ha redundado en recortes en inversiones. Las instalaciones donde se ubican los juzgados son, en muchos casos, pequeñas, viejas y totalmente inadecuadas para realizar su cometido como, por ejemplo, dar cabida a los numerosos legajos que han custodiar y gestionar.

La Justicia tampoco ha sido dotada del personal necesario ni de los medios técnicos adecuados –principalmente informáticos- para realizar su función de manera eficiente. Como se desprende del Registro de personal del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, se ha congelado el crecimiento de la plantilla de su personal, de manera que, en julio de 2014, tenía prácticamente los mismos empleados que existían en el citado mes de 2009: 62.249 y 62.368, respectivamente. Y otro tanto cabe decir de los medios informáticos necesarios, con el agravante de que la cesión de competencias a las comunidades autónomas, han compartimentado la información también en este ámbito, como pone de manifiesto el CGPJ en su “Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales en el año 2013”: las autonomías han desarrollado aplicaciones informáticas que son incompatibles entre sí lo que ha dado lugar a disfunciones en el desarrollo de las causas judiciales. No obstante estas carencias y la politización de los órganos de gobierno del poder judicial, la inmensa mayoría de los jueces de a pié han demostrado su independencia en el cumplimiento de sus deberes: en la pasada legislatura (2012-15), se han detenido a 7.140 personas por delitos de corrupción, una media de unos 5 por día.

En cuanto a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el problema es incluso más grave que en Justicia, por lo menos en lo referente a su plantilla. Desde su creación, en 1991, la AEAT no ha incrementado su personal y con la crisis lo ha disminuido. Hasta 2008, la plantilla se mantuvo relativamente estable y tras la misma, al congelarse en su crecimiento, ha disminuido: así en 2013, contaba con 26.231 empleados, frente a los 27.513 de 1996, o el máximo de 27.951 que alcanzó en 2008. A este respecto, los propios inspectores de hacienda señalan lo que sigue: “La cifra de personal al servicio de la Agencia Tributaria, en comparación con otras Administraciones tributarias de países miembros de la OCDE, está claramente por debajo de la media. Así, y de acuerdo con los datos de la OCDE relativos a 2004, en Alemania, el número de habitantes por cada empleado era de 699; en Reino Unido, de 810; en Francia, 790 y en Estados Unidos, 2.974, mientras que en España era de 1.557” (“Inspectores de Hacienda del Estado: Análisis sobre los recursos humanos en la AEAT”. Sitio: http://www.inspectoresdehacienda.org/attachments/Documento23.pdf). Según esta misma fuente, para hacer frente al fraude fiscal existente y reducirlo a cotas razonables, seria necesario doblar la actual plantilla; y otro tanto sucede con la del departamento de inspección, que esos momentos ascendía a 4.894 efectivos.

Pero el problema de la AEAT no reside solo en su limitada plantilla, sino en el mal empleo que se hace de ella al concentrar sus inspecciones sobre casos poco importantes en lugar de hacerlo sobre las grandes bolsas de fraude. A estos efectos, Carlos Sánchez escribía en El Confidencial del 7 de abril de 2007 (“La corrupción satura la Agencia Tributaria: 1.409 funcionarios están en auxilio judicial”), que a raíz del afloramiento masivo de casos de corrupción, unos 1.400 de sus funcionarios (en torno al 5% de la plantilla), entre ellos una cuarta parte de los inspectores, están al servicio de los jueces, lo que merma aún más el normal desempeño de sus tareas habituales; y los que se dedican a las mismas, en un 80% lo hacen controlando fiscalmente a los que, de alguna forma, ya están controlados –como ocurre con los que cobran por nómina- y solo el 20% se destinan a perseguir las grandes bolsas de fraude que se concentran -alrededor del 70%- en el IVA y en el Impuesto de Sociedades.

De acuerdo con lo expuesto es lógico que tanto el fraude fiscal como la economía oculta, de la que la primera forma parte, sean en España muy elevadas, de las más altas de la Unión. El fraude fiscal, según estimaciones de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (GESTHA), se sitúa entre 70.000 y 90.000 millones de euros anuales; para reducirlo, se han hecho muchas propuestas, siendo la más amplia y completa de las que conozco la realizada por la propia GESTHA a los partidos políticos (sitio: lainformacion.com/espana/estas-son-las-238-propuestas-contra-el-fraude-fiscal-que-los-inspectores-de-hacienda-hicieron-llegar-a-podemos-y-antes-a-pp-y-psoe_613Etz3t8KQdnrUHvOrfl6/), que la desglosa en un total de 238 medidas que abarcan multitud de aspectos. Y en cuento a la economía sumergida, en un trabajo dirigido por Jordi Sarda con la colaboración de Técnicos del Ministerio de Hacienda (“La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis”. GESTHA y Fundacio URV, Madrid, enero de 2014), se estimaba en el 24,6% del PIB (equivalente a 253.000 millones de euros), casi siete puntos por encima de la que había en 2008 (17,8% del PIB): entre 2008 y 2012, la economía oculta se ha incrementado en 60.000 millones de euros. Por comunidades autónomas, la mayor proporción de economía sumergida se da en las que tienen más paro: el primer lugar lo ocupa Extremadura con casi un tercio de su actividad económica (el 31,1% de su PIB), seguida de Andalucía (29.2%), Castilla La Mancha (29,1%), Canarias (27,9%) y la Comunidad Valenciana (26%); del lado opuesto, el último lugar del ranking corresponde a Madrid, cuya economía sumergida se situaba, en el año de referencia, en el 17,3% de su PIB.  

Finalmente, por lo que respecta al Tribunal de Cuentas, órgano dependiente de las Cortes Generales, que tiene por cometido la fiscalización externa de la gestión económica del Estado y el control de los presupuestos del sector público (entendido en sentido amplio), se ha convertido en un organismo absolutamente desprestigiado por su baja productividad y falta de independencia (y algo similar sucede con los tribunales de cuentas que se han creado en la mayoría de las comunidades autónomas), sobre todo cuando se trata de fiscalizar a los partidos políticos.

El problema en este caso no reside sólo en que se necesiten más recursos humanos para cumplir su cometido, sino, y sobre todo, en la mala gestión que se hace de los mismos debido a la politización del referido Tribunal. Como resultado del arbitrario procedimiento que se ha seguido en la selección de su personal, en los inicios de 2013, los cargos de libre designación y los contratados laborales superaban a los funcionarios de carrera.

Los consejeros del Tribunal de Cuentas son nombrados por las Cortes Generales: seis por el Congreso y seis por el Sendo. Debido al sistema de cuotas de reparto entre los partidos políticos, tales consejeros suelen ser bien políticos (hasta el presente del PP, del PSOE y de CiU) o bien personas de su confianza que han sido seleccionados obedeciendo más a su adscripción ideológica que a su competencia profesional. Y algo similar sucede con los restantes altos cargos, que también suelen recaer en políticos y sindicalistas, lo que ha convertido al mencionado Tribunal mucho más en una agencia de colocación de familiares y otros enchufados que en un órgano de control y fiscalización del sector público.  Así lo pone claramente de manifiesto José Antonio Hernández en un artículo publicado en El País el 23 junio de 2014 (“Los lazos de parentesco en el Tribunal de Cuentas alcanzan a 100 empleados”), en el mismo  puede leerse: “El Tribunal de Cuentas, organismo encargado de fiscalizar a los partidos políticos y a los organismos públicos, alberga en su plantilla, de poco más de 700 trabajadores, a casi un centenar de familiares de altos y ex altos cargos de la institución y de sus principales representantes sindicales, en especial de UGT (….). Esto supone que aproximadamente el 14% de la plantilla tiene vínculos familiares dentro de la institución, y cerca del 10% tienen vinculaciones con altos y medios cargos. Desde el actual presidente hasta los responsables del comité de empresa, pasando por consejeros y conocidos políticos tienen entre la plantilla del tribunal a esposas, cuñados, concuñadas, primos carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos e incluso a amigos de la infancia. También hay parejas sentimentales y hermanas de éstas”. Para probar lo dicho, acompaña un organigrama en el que figuran los nombres del cargo principal y las referidas relaciones familiares; así, por ejemplo, los dos últimos presidentes del comité de empresa acumulaban 17 allegados a los mismos.

Tras lo expuesto, resulta obvio que el poder ejecutivo no ha mostrado el más mínimo interés en que los organismos encargados de velar por el correcto funcionamiento de la democracia en España, lo hagan con independencia y con los medios necesarios. Por el contrario, al no dotarles de tales medios y tratar de controlarlos políticamente, han puesto en grave riesgo la calidad democrática. La llamada doctrina Botín que se ha aplicado a algunos privilegiados defraudadores de impuestos y evasores de capitales, tal vez constituya el mejor ejemplo. 

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