miércoles,1 diciembre 2021
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Para evitarlo, una de cada 10 herencias renunciaban al piso

Sin uso ni dueño los 8.000 millones pagados de más por familias y empresas en plusvalías municipales

Redacción
El Gobierno ha optado por dejar en un limbo los 8.000 millones de euros que los ayuntamientos cobraron irregularmente a los ciudadanos los últimos cuatro años por el llamado impuesto de Plusvalías, que el Tribunal Constitucional tumbó hace un año al declarar nulos los tres artículos de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Sigue sin aclarar el destino por proyecto de ley, ni vía Presupuestos del Estado, que tampoco dic nada en el apartado de "normas tributarias" de gestión, según Publico.

La aplicación de este impuesto, que subió mientras la crisis hundía las rentas de amplios sectores de la sociedad, está entre los principales motivos del aumento de la renuncia a herencias en España, que lleva años por encima del 10%. Un año después de la sentencia que en mayo de 2017 anuló el tributo al considerar que en la práctica obligaba a pagar en “situaciones de inexistencia de incrementos de valor” cuando alguien vendía un inmueble (edificio o terreno), el ejecutivo sigue sin impulsar ninguna medida legislativa.

Las plusvalías, cuya denominación jurídica es la de Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), es una de las principales vías de ingresos de los municipios, con 2.675 millones de euros en 2015 y 2.280 en 2014, lo que sitúa el volumen de dinero en juego entre ayuntamientos, por un lado, y familias y empresas por otro, por encima de los 8.000 millones, ya que se puedan reclamar los tributos pagados en los cuatro años anteriores.

Esa cifra duplica con creces, por ejemplo, la que los bancos españoles reconocen haber ganado de más con el fraude de las cláusulas suelo.Sin embargo, el Gobierno opta por no abrir un nuevo frente político con los municipios tras los conflictos generados por las trabas a las remunicipalizaciones o los derivados de la regla de gasto, añade el digital Público.En este caso, el pagano es el contribuyente. De hecho, cuanto más se retrase la solución más de ellos habrán perdido la posibilidad de reclamar la devolución de lo pagado indebidamente, ya que conforme transcurre el plazo de prescripción de cuatro años desaparece el derecho a recuperar el dinero.

Uno de cada 10 herederos renuncia para no pagar el impuesto y las herencias sin dueño pasan al Estado

El IIVTNU grava, sobre el papel, el aumento de precio desde el último cambio de dueño cuando se vende una finca urbana (piso, casa, solar, local, garaje), se recibe como herencia o donación o se le aplica un derecho real tipo usufructo. Sin embargo, en la práctica se paga entre un 4% y un 6% del valor catastral, ajeno a los precios de mercado, que sigue subiendo pese al desplome del precio de la vivienda tras el estallido de la burbuja y que marca el Ministerio de Hacienda mediante unos cálculos teóricos.

Las herencias sin dueño pasan al Estado

Las herencias sin dueño pasan al Estado, como han documentado varios medios y recuerda el ABC de Sevilla. Josefa Ruiz, una enigmática octogenaria de La Carolina, murió en Suiza sin dejar herederos. El Ayuntamiento de este municipio jienense y las autoridades suizas se pusieron rápidamente tras la pista de posibles descendientes de la millonaria difunta. La búsqueda dio sus frutos. Un sobrino suyo que había emigrado a Barcelona, enterado de la repentina muerte de su tía soltera, reclamó la herencia. De no haber aparecido ningún descendiente, el heredero legítimo de todos sus bienes habría sido el Estado

Uno de cada diez euros que ha llegado al Estado por esta vía (fueron 101,5 millones de euros en total) procede de herencias sin testar y rechazadas en Andalucía, que es la cuarta región que aporta más ingresos después de Madrid, Castilla y León, País Vasco. Sólo en Sevilla, la Delegación Tributaria ha contabilizado 2,61 millones desde el año 2005.

Caos jurídico derivado de un vacío legal sobrevenido
Este vacío legal sobrevenido, para cuya solución tampoco ha impulsado medidas ninguno de los grupos parlamentarios, está dando lugar a un caos jurídico.

Por una parte, los jueces de lo Contencioso han comenzado a condenar a los consistorios a devolver el dinero cobrado incorrectamente, aunque en ocasiones con la prevención de que el contribuyente pueda tener que pagarlo “si el legislador dicta una norma al respecto, la misma se ajusta a las normas y criterios constitucionales, y no se ha producido la prescripción”.

 

Por otra, algunos tribunales superiores, como el de Aragón, ratifican las liquidaciones municipales al tiempo que dejan claro que la decisión del TC “se limitará a los casos en los que no exista posibilidad alguna de interpretación conforme con el texto de la ley fundamental”, y que la sentencia declara nulo el impuesto “únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica”.

 

Y, por su parte, el Supremo, en cuya mano está la solución tras haber admitido a trámite varios recursos del Ayuntamiento de Zaragoza, considera que la sentencia del Constitucional “obliga” a devolver el dinero al vecino que lo reclame “sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad económica”.

 

Sus magistrados, que consideran “maximalista” la interpretación que llevaría a devolver todo lo recaudado, que es la que se está extendiendo en los juzgados de lo Contencioso de base, han decidido estudiar el tema ante “la indudable relevancia para los ayuntamientos” y al estimar que la situación creada puede afectar a derechos como el de la reserva de ley en materia tributaria, el de igualdad en la aplicación de la ley y el de seguridad jurídica.

 

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