Dado el debate sobre el tema, alimentado por una posible comparativa milagrera entre gobiernos de diferente signo Portugal-España, creo que debo dar mi opinión como economista. Empiezo por reconocer que, desde hace años, sigo con especial interés la situación económica y social de nuestros vecinos, donde he tenido la oportunidad de asistir a reuniones con políticos y empresarios. No conviene olvidar que Portugal es el quinto país más relevante para España según el Indice de Posicionamiento Exterior (IPEX) que elabora el Banco de España. Sólo detrás de Reino Unido, Francia, Alemania y EEUU, por este orden.
Comparativamente con España, nuestra situación y perspectivas inmediatas son mejores, entre los indicadores más habituales: crecimiento del PIB (3,2% en 2016 frente a 1,4% en Portugal); superávit de la balanza exterior por cuenta corriente (1,9 en % del PIB respecto a 0,5%) o deuda pública (99,8% sobre PIB frente a 130,4%). Por el contrario, nuestro vecino nos aventaja en menor desempleo (11,2% respecto a 19,6% en España en 2016) o contención del déficit público (2% sobre PIB y 4,5% respectivamente).
Parece, antes de entrar en mayores detalles, que no estamos para construir mitos de milagros económicos ni en España ni en Portugal. Ambos países hemos sufrido una profunda crisis que ha destruido capacidad productiva, rentas y empleo, con amplias implicaciones sociales y variantes diferentes para cada país; con esfuerzos y resultados que pueden calificarse de forma diversa según el color del cristal con que se mire.
Centrándonos ya en Portugal, el diagnóstico de la Comisión Europea (In-Depth Review) se resume en que su economía ha continuado recuperándose por cuarto año consecutivo, pero que permanece vulnerable a posibles shocks. Su crecimiento se ha apoyado principalmente en el del consumo privado (2,1% en 2016)), con una caída de la formación bruta de capital fijo (-1,5%), relativa contención del consumo público (0,6%) y sin aportación ni retraimiento por las exportaciones netas.
La Comisión Europea reconoce progresos limitados en el sector financiero, reducción de desempleo a largo plazo, transparencia pública, cooperación entre universidades y empresas, reforma (incompleta) de la administración pública y reducción de barreras regulatorias, especialmente para empresas de servicios. Pero se queja de riesgos por competitividad y nuevas medidas de soporte bancario, sobre-endeudamiento del sector empresarial y ausencia de progresos en la reestructuración de empresas públicas (especialmente en el sector de transporte).
Las expectativas de futuro para la economía lusa tampoco son excepcionalmente positivas: entre 1,8 y 1,6% de crecimiento del PIB con tendencia ligeramente desaceleradora. Más que de una gestión económica milagrosa, creo que puede calificarse de relativamente razonable, con muchos claros y sombras, e incluso por encima de las esperanzas que muchos analistas depositaron en el nuevo gobierno de coalición de izquierdas de Antonio Costa.
Antonio Pulido http://www.twitter.com/PsrA
