lunes,17 enero 2022
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Sánchez afronta también el fracaso deETT y políticas activas

Sólo el 1,8% de los empleados en 2016 se colocó por el servicio público, la mitad que en 2007

Redacción
Solo el 1,8% de los trabajadores encontró empleo gracias al servicio público en 2016. La eficacia de estos se redujo así casi a la mitad durante la crisis, pues en 2007 empleaba al 3,2%. También han fracasado estos años las empresas de trabajo temporal y algunas políticas activas de empleo, como la de Andalucía. Por ello en el programa que prepara el PSOE con Pedro Sánchez se llega a dar máxima prioridad a su reforma, prometiendo servicios públicos de empleo y formación en cada pueblo de España.

Estas cifras de 2016 que acaban de conocerse reafirman el segundo documento de la candidatura de Pedro Sánchez a las primarias del PSOE con propuestas estratégicas para renovar la socialdemocracia, que incluye como destacó Ibercampus.es pasar de un polideportivo a un servicio de empleo y formación continua en cada pueblo.Esta fue una de las iniciativas añadidas al primer documento por 200 expertos y 10.000 militantes, y aparece entre la decena de ofertas del punto 74,uno de los 245 del nuevo papel de Pedro Sánchez para las primarias socialistas respecto al anterior documento .

El Servicio Público de Empleo, el antiguo INEM, sigue sin ser capaz de encontrar trabajo a los parados. Apenas 276.900 personas (un 1,8%) de los 15.340.800 que estaban asalariadas en 2016 encontró su trabajo gracias a las oficinas públicas, según reflejan los datos de las variables de submuestra de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al pasado ejercicio. El porcentaje ha crecido tan solo en una décima con respecto a 2015, y supone poco más de la mitad del porcentaje registrado en 2007 (3,2%).

Las empresas de trabajo temporal (ETT) tampoco salen muy bien paradas si se analizan los datos del INE sobre creación de empleo. Según estos resultados, un 3% de los asalariados (454.500 personas) lograron trabajo gracias a una de estas agencias, una décima más que en el año anterior.

Que el Servicio Público de Empleo tiene muy poco éxito con la colocación de personal no es nuevo, pero analizando las variables de submuestra de la EPA se observa que su eficacia ha caído desde el inicio de la crisis. Así, en 2007, el porcentaje de trabajadores que salió del paro gracias a estos servicios ascendía al 3,2% y ha ido en descenso en los años sucesivos, alcanzando su mínimo en 2012 (1,6%), uno de los peores años de la crisis para el empleo. En términos absolutos, el número de personas colocadas por ese organismo ha caído hasta los 276.900 desde los 543.600 de 2007.

Su eficacia para gestionar y pagar prestaciones a los desempleados está demostrada, pero prácticamente nulas son sus gestiones para encontrar un empleo, según reflejan los datos. Hoy, la mayoría de los desempleados acude a las oficinas del antiguo INEM solamente para tramitar su prestación, mientras visitan portales de empleo, rastrean en las redes sociales, buscan en anuncios en prensa o acuden a las webs de empresas de trabajo temporal. Históricamente, la mayor parte de los contratos de trabajo se han realizado a través de las gestiones hechas por los propios parados, en la mayoría de los casos haciendo uso de las relaciones personales y familiares. Una vez conseguido el puesto de trabajo, el nuevo empleado acude a los servicios públicos para informar de la contratación para que el empresario obtenga la bonificación de turno. En el caso de las empresas, cuando precisan nuevas contrataciones utilizan sus propias selecciones de personal. En un porcentaje ínfimo los departamentos de recursos humanos recurren a los servicios públicos.

Estos nunca han estado a pleno ritmo en la búsqueda de empleo. En 1996, cuando el PP llegó al Gobierno, el INEM gestionaba el 18% de los contratos y llegó a cerca del 22% en 1999. A partir de 2003 inició una vertiginosa caída que se acentuó con la crisis y ha llegado hasta los porcentajes mínimos que en estos momentos se registran. 

Todos los gobiernos se han propuesto reformar los servicios de empleo, pero el único que ha dado los primeros pasos ha sido el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Atrás quedaron esperanzadoras promesas, como las realizadas por el expresidente Zapatero de contratar a más de 1.500 orientadores para realizar seguimientos invidualizados de la inserción laboral de los parados.

Los mayores avances se han producido en los últimos años. El departamento que dirige Fátima Báñez diseñó primero una reforma de los servicios públicos de empleo que incluye, entre otros, mayor control de las políticas activas de empleo que manejan las comunidades autónomas, un bocado que este año ha rozado los 1.900 millones de euros, un 5,14% más.

Las políticas activas de empleo se transfirieron a las comunidades como una oportunidad de mejora, con la esperanza de que acercar las demandas al terreno haría reducir las listas de paro. Pero no ha sido así… al menos en el caso de Andalucía, la región con más paro de España junto a Extremadura. Este ejercicio, por ejemplo, los fondos que recibe esta región para políticas activas es la más elevada entre las regiones (358.228.124 euros), aunque también es la única en la que sus fondos se reducen respecto a 2017, un 3,08%.

La ineficacia de las políticas de formación de parados es evidente y llevó a Fátima Báñez a aprobar una reforma para ligar la percepción de estos fondos a los resultados obtenidos en la reducción del paro. El 60% de esos fondos están en estos momentos ligados a resultados de empleo. Junto a esta reforma el Ministerio de Empleo ha puesto su foco en los parados de larga duración, es decir, aquellos que llevan más de un año en el paro. Este colectivo, considerado el más vulnerable, suma casi 1,9 millones del total de 4,25 millones de parados que mostraba la EPA del primer trimestre.

Por ello, el Ejecutivo puso en marcha el año pasado un programa de acción para la mejora de la atención a este colectivo. Un programa, para el trienio 2016-2018, que tiene como objetivo la atención individualizada, con un seguimiento cercano y regular, de estos desempleados para reducir su permanencia en las listas del paro.

Esa atención debe prestarse antes de que transcurran seis meses desde que el demandante de empleo adquiera la condición de parado de larga duración. Además, cada tutor atenderá simultáneamente a un máximo de 120 demandantes de empleo. La atención se presta mediante la asignación de un tutor que sea personal propio de la autonomía o, en última instancia, mediante la colaboración con agencias de colocación.

El seguimiento de cada desempleado incluye la realización de un perfil individualizado de empleabilidad e incluye el diseño de un itinerario personalizado. Este es el que determina, a través de criterios estadísticos y técnicos, las actuaciones más adecuadas de acuerdo con su perfil para su acceso al empleo y el calendario de realización, así como los oportunos elementos de verificación y seguimiento.

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