La reducción generalizada de las tasas de intercambio (que representan la transferencia de banco del consumidor al del comerciante cuando éste paga con tarjeta), es uno de los pilares fundamentales de su reforma. Esta reforma se presta para favorecer a los comerciantes y a los consumidores, gracias a una mayor competencia entre las entidades de pago. Sin embargo, un análisis más profundo revela una realidad muy distinta.
Los comerciantes afirman que se deben reducir las tasas de intercambio, para poder reducir los precios a los consumidores. Este es el principal argumento utilizado por la Comisión Europea y otras autoridades de competencia con el fin de demostrar a los consumidores el interés de la reforma. Sin embargo, en un análisis más profundo los datos reales nos llevan a matizar esta afirmación. De hecho, en Europa, las tasas de intercambio representan 9,2 millones de euros en un volumen total de transacciones con tarjetas de 1,8000 millones de euros (es decir un promedio de 0,5 %). En términos prácticos, para un paquete de seis botellas de leche que cueste 5 euros, de un pago con tarjeta total de 80 euros, ésta tasa representa aproximadamente 0,026 euros. Para una tarrina de mantequilla vendida a 1,20 euros, la tasa es de 0.006 euros.
¿Podemos creer que los comerciantes reducirán su precio una milésima parte? Al contrario de lo que opina la Comisión Europea, los comerciantes probablemente aumenten sus márgenes sin llegar a rebajar los precios. La disminución de precios no sería perceptible por los consumidores. La variación de los precios por unidad vendida es tan pequeña que es muy poco probable que los precios bajen. Es ingenuo pensar que la diferencia de precio será transferida directamente en el precio final sin tener en cuenta los diferentes elementos que realmente encarecen el precio.
Por el lado a los consumidores, a una disminución de las tasas de intercambio le seguiría un aumento de la cuota de titulares de tarjetas. Si las tasas de intercambio se eliminan por completo, costaría alrededor de 1,2 mil millones de euros anuales a los titulares de tarjetas franceses, según François Schwerer. Una reducción del 50 % puede conllevar un coste adicional de 600 millones de euros al año.
Más allá de todo esto, las razones económicas que impulsan la decisión de la Comisión Europea no son muy claras. La confusión de argumentos se deriva de las teorías económicas que definen erróneamente el mercado de pagos como si una transacción entre dos agentes supusiese tan sólo una transacción de mercado. Sin embargo, por su propia naturaleza, el intercambio no puede ser considerado como un servicio básico: se basa en el reparto de los costes entre los proveedores que cooperan en el mismo sistema con el fin de ofrecer conjuntamente un servicio único a sus propios clientes.
Sin esta cooperación entre bancos (que compiten entre sí), no podría existir este servicio. Cada banco tiene que vender sus servicios (aceptación del pago para los comerciantes, para los consumidores, y otros servicios), pero que compense y liquide las transacciones comerciales.
Como explicó en Economía Profesor Raymond Barre (ex primer ministro francés), el dinero no es un bien económico banal: es para las transacciones económicas, y no para el consumo. El dinero facilita la satisfacción de los usuarios.
Por lo tanto, la eficiencia del sistema de pagos no se puede medir como una oferta básica de bienes y servicios de mercado. El uso de tarjetas es legítimo cuando genera externalidades positivas para los comerciantes y los consumidores. El Intercambio no es un precio de mercado, sino la forma de compartir los costes relacionados con las infraestructuras.
En última instancia, la Comisión Europea se enreda en su doctrina al tratar de reducir los precios para el bienestar de los consumidores, a través de las leyes de competencia, logrando un resultado opuesto a sus objetivos. Este resultado va a reforzar los márgenes de la gran distribución, y no va a apoyar el aumento del poder adquisitivo de los ciudadanos europeos. En su guerra contra el intercambio, los comerciantes tienen a los bancos como rehenes, en detrimento de los consumidores.
François Schwerer, es doctor en derecho y economía y Director de Asuntos Legales de La Banque Postale . Anteriormente, fue Director Jurídico de Crédit Mutuel y el Caisse d´ Epargne Languedoc – Roussillon.
