Algo similar se le imputa al entorno de la exalcaldesa al entorno de Valencia, Rita Barbera, en el contexto de otras acciones de financiación irregular como las atribuidas mientras se espera el juicio del caso Gurtell a las tramas Acuamed y Taula al cobrar sobrecostes como los de la construcción de unos 600 colegios por parte de la última.
Según denuncia este lunes EL PAÍS en su portada, la exigencia de Boing no partía del PP sino de la propia consejería, ya que algunos responsables de las empresas públicas y los cargos de confianza no estaban afiliados a la formación.
Bonig, que la pasada semana pidió la refundación del partido a nivel regional tras la imputación de más de 50 de sus miembros en una trama que exigía el 3% en comisiones ilegales a cambio de contratos públicos, sostiene que "solo se pidió la aportación del 1% del sueldo a todo el personal eventual de la Generalitat para afrontar la campaña electoral". Las solicitudes se cursaron entre septiembre y octubre de 2014.
En torno a la corrupción y la regeneración del PP en Valencia se pronuncia hoy en ABC la propia Isabel Bonig, quien promete "ser implacable contra la corrupción, aunque pueda ser injusta", según se destaca en el titular de la entrevista.
EL MUNDO, por su parte, destaca en su portada que la UDEF está investigando a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora del PP, Rita Barberá. Según el diario, la Policía ha reactivado una investigación sobre el troceado de facturas que se adjudicaban a Trasgos, la empresa que organizaba las campañas de Barberá, que logró 2,2 millones utilizando cuatro CIF diferentes.
Manifestación contra la corrupción en Valencia
Unas 6.000 personas, según fuentes de la organización, se manifestaron ayer por las calles de Valencia en protesta por los casos de corrupción que salpican la política local. Un total de 75 entidades ciudadanas convocaron la concentración bajo el lema "El pueblo valenciano contra la corrupción, tolerancia cero".
Los convocantes exigieron a la justicia que llegue hasta el final y reclamaron la devolución del dinero expoliado al sector público valenciano. Pidieron, en este sentido, que las instituciones valencianas se personen como acusación en los procesos judiciales.
Concentrados frente a la casa de la exalcaldesa Rita Barberá, los manifestantes exigieron a las Cortes Valencianas que convoque un pleno extraordinario para revocar su nombramiento como senadora autonómica. Hoy comenzarán a declarar ante el juez instructor los 17 concejales y exconcejales del PP y 21 asesores en el Ayuntamiento de Valencia implicados en la operación Taula.