Esa parte del caso se refiere a supuestos delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y blanqueo de capitales, y en ella declararon como investigados el pasado 20 de febrero Ramiro Sánchez de Lerín, secretario general y del consejo de administración de Telefónica, y Pedro Pasquín, consejero delegado de Lazard, según informa este jueves ELESPAÑOL, uno de los pocos medios digitales que incluía la perspectiva jurídica en la dimisión de Alierta.
Sánchez de Lerín fue quien firmó el contrato entre Telefónica y Kradonara, propiedad de Rato, para la realización de informes de asesoramiento por los que el ex presidente de Bankia recibió 726.000 euros entre enero de 2013 y abril de 2015.
De otro lado, en la pieza secreta se investiga el abono de 6,6 millones de euros en acciones realizado en 2011 y 2013 a Rato por parte de Lazard, empresa para la que trabajó entre noviembre de 2007 y enero de 2010, hasta unos días antes de que fuera nombrado presidente de Cajamadrid.
Luego Rato contrató a Lazard para que le asesorara en la operación de salida a Bolsa de Bankia, entre otros contratos. En total, Lazard obtuvo 14 millones de euros por servicios prestados a Bankia mientras la entidad estuvo presidida por su antiguo empleado.
Cohecho privado
El juez investiga si los pagos de Telefónica y Lazard a Rato encubren sobornos y a cambio de qué se habrían producido.
El delito de corrupción entre particulares castiga el llamado 'cohecho o soborno privado' y tipifica, en concreto, la concesión a cualquier directivo o administrador de una empresa de "un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones (…) en la contratación de servicios profesionales". De igual modo castiga, en la modalidad pasiva, al directivo o administrador que solicite o acepte esos beneficios indebidos.
El actual Código Penal castiga a las personas jurídicas que sean responsables de los delitos cometidos en su nombre y en su beneficio por sus representantes legales o por quienes están autorizados a tomar decisiones. Las personas jurídicas pueden enfrentarse a penas que van desde una multa a la suspensión de actividades o la inhabilitación para contratar con el sector público, entre otras sanciones.
