Esta modificación se debe, como ha explicado ante el Pleno el consejero de Educación de la Junta, Juan José Mateos, a que el nombre inicial de la institución académica inducía a la confusión con la Universidad de Burgos, de naturaleza pública. Cabe recordar que previamente se había eliminado el nombre de Universidad Internacional de Castilla y León para desvincular su denominación de la marca de la Comunidad.
La tramitación de este Proyecto de Ley para la modificación del nombre por la modalidad de lectura única ha dejado insatisfechos a los grupos de la oposición pues consideraban que este aspecto se debería haber tratado por una vía normal que permitiría el debate del resto de contenido de la Ley que autoriza el ejercicio de esta actividad, a la que tanto el Grupo Mixto como el PSOE han mostrado su oposición.
Para el procurador ´popular´ Fernando Rodríguez Porres, que ha subrayado antes que nada que el debate se debía centrar en el nombre comercial del centro, la ahora denominada Universidad Isabel I de Castilla responde a una iniciativa para crear empleo y riqueza -asegura que, por el momento ya cuenta con 24 puestos de trabajo- y a facilitar que algunos de los "15.000 castellanoleoneses que estudian en universidades on-line de Madrid, Cataluña y La Rioja" puedan acudir a un centro radicado en Castilla y León.
Sin embargo, el debate discurrió en términos más generales, hasta el punto de que el socialista Fernando Pablos reclamó al consejero de Educación que explicara por qué no se sometía a la nueva universidad privada a las mismas condiciones que a las públicas y a los centros ya existentes. Mateos intervino antes de la votación y señaló que el representante del PSOE se confundió, pues la tramitación de las titulaciones que ofertará el centro ubicado en Burgos aún tiene que seguir un proceso.
Así, ha señalado, se debe verificar las mismas así como analizar la memoria de la propuesta para crear la Universidad, momento en el que como ha matizado se verá "si cumple todas las condiciones que deben figurar; y, en tercer lugar, se someterán las titulaciones al Consejo de Universidades para autorizar un catálogo que en el plazo de seis meses se pueda poner en marcha.
Fernando Pablos quiso dar réplica a su vez al consejero, a lo que la presidenta de la Cámara, Josefa García Cirac, accedió pese a una negativa inicial del letrado mayor y después de que el socialista José Francisco Martín leyera el artículo que ordena las intervenciones de miembros de la Junta en las Cortes. Después de advertir al procurador salmantino de que si se refería a alguna materia que no hubiera tratado Mateos, Pablos vio como a los pocos segundos de iniciar su intervención se cerraba la línea de su micrófono y García Cirac daba paso a la votación.
El final de la sesión de este miércoles estuvo marcado por esta polémica y contó también con la anécdota de que, según la pantalla esquemática en la que se reflejan los votos de los procuradores, el portavoz socialista, Óscar López, votó a favor del proyecto de Ley para el cambio de denominación, que estuvo apoyado por 49 parlamentarios y rechazado por otros 28.
Fuente: EP
