P.- ¿Qué es lo mejor y peor que recuerda de su época universitaria?
R.- Para mí, lo mejor fue: La salud, la juventud y la energía que tenía en mis tiempos de estudiante, así como la libertad de la que disfrutaba.
Lo peor: Las largas jornadas de estudio previas a los exámenes. Era una época en que te absorbían todo el tiempo y que deseabas examinarte para acabar.
P.- Como estudiante de la UCA, ¿qué destacaría de la Universidad de Cádiz?
R.- Estudié Medicina en la facultad de Medicina de Cádiz, en el Policlínico para ser más exacto y acudía a las prácticas al viejo hospital Mora.
Me acuerdo del ambiente familiar de sus clases, nos conocíamos todos profesores y alumnos; y la proximidad de los agentes implicados. Y de Cádiz, de sus calles y gentes, de los paseos por la Caleta cuando había que despejarse.
P.- Ha pronucniado usted en la UCA la conferencia "El aborto desde una perspectiva médica”. ¿Cómo definiría el aborto desde la medicina?
R.- La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) considera aborto la expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos de peso (hablando en edades gestacionales ocurriría antes de la 22 semanas de embarazo), independientemente de si hay o no evidencia de vida o si la salida fue espontánea o provocada (Protocolos de Obstetricia de la SEGO)
P.- ¿Hasta dónde llega el ámbito médico y comienza el moral o ético en el aborto?
R.- La SEGO, ante la alarma social que se ha puesto de manifiesto en los últimos meses, a raíz de las informaciones sobre supuestas prácticas irregulares en la aplicación de la Ley sobre Despenalización del Aborto (Ley Orgánica 9/1985); quiere expresar su postura ante la opinión pública y administración sanitaria.
La SEGO considera que la realización de interrupciones voluntarias del embarazo debe realizarse cumpliendo los preceptos que marca la legislación vigente (Ley Orgánica 9/1985), así como que tales prácticas han de llevarse a cabo en los centros acreditados para tal fin, cumpliendo con los requisitos que establecen las distintas normas dictadas por las agencias sanitarias de cada Comunidad Autónoma.
P.- ¿Qué opina del anteproyecto de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)?
R.- Nuestra postura es sólo médica no entramos en la moral. Los poderes públicos, y en especial los responsables sanitarios, han de garantizar el cumplimiento de las leyes y las normas de acreditación para que las pacientes que se acojan a la ley tengan todas las garantías de calidad necesarias.
La administración sanitaria debe facilitar los medios precisos a las embarazadas que quieran acogerse a la Ley Orgánica 9/1985; proporcionando todo aquello que se requiera (información, circuitos, centro públicos o concertados especializados, etc.).
Toda embarazada que se someta a un aborto voluntario y legal, debe recibir un adecuado soporte psicológico, con el fin de minimizar el impacto negativo del mismo, con independencia, de haber sido convenientemente informada con anterioridad de los riesgos potenciales de la intervención abortiva.
Los responsables sanitarios y los agentes de la salud han de hacer un importante esfuerzo para evitar los embarazos no deseados facilitando la oportunidad de utilizar las distintas estrategias anticonceptivas.
La SEGO reitera que el aborto del primer trimestre ni debe ni puede ser considerado como un mecanismo contraceptivo aceptable.
La SEGO hace un llamamiento a la población y a los estamentos sanitarios para que se establezcan los mecanismos adecuados para que la realización de un diagnóstico prenatal anormal se haga lo más precozmente posible, siendo en la actualidad factible el diagnóstico de la práctica totalidad de las alteraciones y malformaciones fetales mayores e incompatibles con la vida, antes de la semana 22 de gestación.
Finalmente, la SEGO manifiesta que los profesionales sanitarios, de acuerdo con la Constitución Española y sus códigos deontológico, tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia ante los supuestos de despenalización del aborto contemplados en la Ley Orgánica 9/1985.
