El Consejo de Ministros analizó este viernes un informe sobre el Plan Presupuestario y de Acción Efectiva en los horizontes 2016 y 2017 que será enviado en los próximos días a Bruselas. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que la Comisión Europea recomendó el pasado mes de marzo que se adoptaran una serie de medidas para garantizar la corrección del déficit, haciendo hincapié en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para asegurar los objetivos de déficit tanto del Estado como de las administraciones territoriales.
Sáenz de Santamaría explicó que, en respuesta a esta recomendación, el Ejecutivo enviará a Bruselas el Informe de Acción Efectiva que resume las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento del 4,6% del déficit en el año 2016. "En particular -ha dicho- exponemos las medidas que se han llevado a cabo en cumplimento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por parte de las Comunidades Autónomas".
En el informe también figura el acuerdo de no disponibilidad de gasto acordado a mediados de año y el adelanto a julio del cierre presupuestario de 2016. Asimismo, incluye el Decreto-ley de reforma del Impuesto de Sociedades, en vigor desde el pasado 30 de septiembre, y que, según ha apuntado la vicepresidenta, "se convalidará en el Congreso el próximo 20 de octubre." Sáenz de Santamaría añadió que el documento que se remitirá a Bruselas recoge la preparación de la transposición de las Directivas de la Unión Europea sobre contratación pública, a la espera de la aprobación como proyecto de ley. Se trata de un texto muy ultimado que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros para dar publicidad a determinados contratos negociados, que hasta la fecha no era exigida pero que ahora tiene que ser incluida.
Pool Moncloa / J.M. Cuadrado
El informe analizado recoge, según el Gobierno, el Plan Presupuestario. La vicepresidenta recordó que el Ejecutivo en funciones no puede enviar a Bruselas el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que mandará "un presupuesto prorrogado, sin cambios de política, que supone la continuación del presupuesto y de las medidas adoptadas en 2016, previa advertencia de que será el nuevo Gobierno, en su caso, el que tenga que aprobar los Presupuestos y llevar a cabo los cumplimientos correspondientes al año 2017".
Acuerdos sobre Cataluña, Canadá y la UE
El Consejo de Ministros acordó también plantear incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de diciembre. En particular, solicita la declaración de nulidad de determinadas resoluciones adoptadas por el Pleno del Parlamento de Cataluña del 6 de octubre de 2016 en relación con el inicio de un "pretendido proceso constituyente en Cataluña", según ha apuntado la vicepresidenta. Soraya Sáenz de Santamaría manifestó que "estas resoluciones son un paso reiterativo por parte del Parlament de Cataluña muy similares en sus pronunciamientos a otras decisiones que ha adoptado con anterioridad".
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El Gobierno autorizó también la firma de los Acuerdos Económico y Comercial Global, y de Asociación Estratégica entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros, que se suscribirá el 27 de octubre. Soraya Sáenz de Santamaría explicó que el Acuerdo Económico y Comercial Global fortalecerá las relaciones entre la Unión Europea y Canadá e incrementará el comercio bilateral y los flujos de inversión, lo que contribuirá al crecimiento económico y la creación de empleo. "Se trata de un acuerdo comercial preferencial que prevé la supresión del 99% de las líneas arancelarias en la práctica totalidad de las mercancías intercambiadas entre la UE y Canadá y la liberalización de servicios, además de capítulos sobre inversiones y compras públicas", ha dicho. A su juicio, "supone un hito en la política comercial comunitaria" y es "el primer acuerdo de la UE con un país desarrollado del G-8 tan amplio, ambicioso y novedoso". Según la vicepresidenta, "beneficiará particularmente a las exportaciones españolas, en sectores como alimentos procesados, vinos y licores, así como al sector del automóvil, donde España cuenta con un gran potencial exportador".
En lo que se refiere al comercio de servicios e inversiones, Sáenz de Santamaría ha indicado que cubre sectores potencialmente importantes e interesantes para España como banca, auditoría o seguros: "También nos permitirá un mejor acceso a las compras públicas y licitaciones a todos los niveles de gobierno en Canadá, abriendo nuevas oportunidades de negocio a empresas españolas, especialmente en el ámbito de la construcción o gestión de infraestructuras, donde nuestro prestigio es elevado". Junto a este acuerdo comercial, la vicepresidenta ha anunciado que se firmará un acuerdo de Asociación Estratégica entre la UE y sus Estados miembros por una parte y Canadá por otra, que persigue estrechar los lazos políticos y la cooperación en materia de política exterior, seguridad y ámbitos anexos a estos planteados.
Polémica sobre la revalorización de las pensiones
Ante las preguntas de los periodistas sobre la proposición de ley, presentada por varios grupos parlamentarios, para que la revalorización de las pensiones públicas para 2017 se haga de conformidad con el IPC, la vicepresidenta del Gobierno ha dicho que en "política de pensiones en lo hay que trabajar es en su sostenibilidad" porque las jubilaciones son un "asunto de Estado" que supone la "solidaridad intergeneracional". Asimismo, ha recordado que su actualización, de acuerdo con los criterios fijados en 2013, ha supuesto 2.077 millones de euros, mientras que si se hubiese aplicado el IPC -que algunos ejercicios ha sido negativo- se habría producido una reducción de 1.240 millones. Sáenz de Santamaría recordó que entre los pactos ofrecidos por el presidente Rajoy en la pasada sesión de investidura, figuraba el compromiso de convocar el Pacto de Toledo para abordar entre todos los grupos parlamentarios el futuro de las pensiones.
Horas antes, un total de 178 diputados - dos más de la mayoría absoluta - apoyaron el jueves una iniciativa con rango de ley promovida por los sindicatos UGT y CC.OO. que insta al Gobierno a subir las pensiones públicas un 1,2% en 2017. La propuesta, que no es vinculante pero obliga a actuar al Ejecutivo, fue apoyada por todos los grupos (PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y Grupo Mixto) menos PP y Ciudadanos. Según explicó el secretario general de UGT, José María Álvarez, la pretensión es recuperar la vinculación de las pensiones a la subida del IPC, que este año se incrementará por encima del 0,25%, que es lo que subirán las pensiones. Así, el alza que reclama la iniciativa presentada es la de la inflación prevista en 2017. Si subiera por encima del 1,2%, las pensiones también tendrían que hacerlo. Según el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, la propuesta no agrava la situación financiera de la Seguridad Social, porque plantea que el coste no corra a cargo de las cotizaciones, sino a través de una partida extraordinaria del presupuesto.
El portavoz de empleo del PSOE, Rafael Simancas, indicó que su partido "impedirá que se aplique la ley del PP que empobrecería a los pensionistas en 2017" y recordó que la mayoría del legislativo apoya la iniciativa. El portavoz parlamentario de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, insistió en que en el Parlamento "hay mayoría suficiente para obligar al PP a desandar los recortes y quitar las medidas más infames", incluso en el caso de una "vergonzante" abstención del PSOE en la investidura de Rajoy, añadió. El portavoz de Empleo del PDC, Carles Campuzano, criticó el "rodillo" impuesto por el PP y recordó su advertencia de que "la reforma de las pensiones impuesta con su mayoría absoluta sería revisada". El portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardá, reafirmó el compromiso de su grupo para apoyar la revalorización de las pensiones ante "el asedio que han sufrido los pensionistas por parte del PP".
Ciudadanos rechazó apoyar la iniciativa, que tildó de "parche", y cuyo coste calculó en 1.000 millones. Su portavoz de Economía en el Congreso, Toni Roldán, insistió en la necesidad de estudiar la actualización de las pensiones a largo plazo, "no para un año o dos, ni para promesas que luego no se pueden cumplir".
Según afirma CINCO DÍAS, "El Gobierno desoirá esta petición y aplicará la subida mínima que exige la ley, un 0,25%". EL MUNDO destaca que "el PSOE rectifica en las pensiones para liderar un frente anti PP".
Plan presupuestario 2017 del gobierno, a Bruselas
Por otra parte, el documento que se remitirá a Bruselas con el Plan Presupuestario contendrá las grandes líneas macroeconómicas avanzadas hace unas semanas, pero no concreta medidas, ya que estando en funciones el Gobierno no puede aprobarlas. Se trata de una revisión de las cuentas de 2016 conforme al cuadro macroeconómico aprobado el pasado 29 de julio.
Así, se prevé un crecimiento del PIB del 2,9%, una tasa de paro del 18,6% y un 3,68% de déficit, por encima del 3,1% exigido por Bruselas. Según adelantó el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, el nuevo Gobierno deberá adoptar un ajuste de unos 5.500 millones de euros.
Según apunta EL ECONOMISTA, el Gobierno presentará el Presupuesto de 2017 en cuanto Rajoy sea investido. EL PERIÓDICO apunta que los Presupuestos de 2017 no se aprobarán antes de enero.
Primeras valoraciones editoriales en la prensa
Otro ajuste doloroso(EL PAÍS): "La afirmación del ministro en funciones de Economía, Luis de Guindos, de que el nuevo calendario de déficit con Bruselas requerirá ajustes de unos 5.000 millones en 2017 y en 2018 no debería ser pasada por alto, aunque el ministro la haya lanzado a la opinión pública como quien deja caer un asunto sin importancia". "Es significativo que ahora sean necesarios ajustes de 5.500 millones anuales cuando desde el mismo ministerio se aseguraba que el crecimiento compensaría en la práctica cualquier necesidad de ajustes adicional". "Era evidente entonces que el ministro estaba edulcorando la realidad como es evidente ahora que los ajustes necesarios que exige Bruselas requerirá un esfuerzo mayor que el que ahora reconoce Guindos". "Lo que las finanzas públicas necesitan para cumplir con el compromiso de déficit no es hacer juegos malabares con la tributación del IVA, sino una reforma fiscal que amplíe la recaudación, redistribuya la carga tributaria y acabe paulatinamente con el fraude". "España necesita un Gobierno con premura; pero no cualquier Gobierno".
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