Tan extraordinaria actividad previa ha sido denunciada por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO (FTSP-USO), colectivo sindical que informó de que la víspera de la entrada en vigor de la nueva ley día se registró una cifra 10 veces superior a la de cualquier otra jornada. Lo normal eran hasta entonces unos 250 contratos , y ese día se registraron cerca de 2.500. Una maniobra legal, pero de dudosa ética y transparencia que además genera dudas sobre la disposición de algunas administraciones públicas y sus responsables a cumplir una normativa que restringe los contratos públicos ‘low cost’. Es precisamente la administración central, las autonómicas e incluso las locales las que han aprovechado esta circunstancia.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público entró en vigor el pasado 9 de marzo. Una ley que, entre otras cuestiones, impide a la Administración pública ofertar contratos a precios ‘low cost’ y aporta una mayor protección a los trabajadores de las empresas adjudicatarias. Curiosamente, días antes de su puesta en marcha, la web de Contrataciones del Estado registró un extraño e inusual movimiento: se publicaron cerca de 2.500 concursos públicos, de los cuales más de 400 quedaron registrados en el Boletín Oficial de Estado (BOE).
El pasado 9 de marzo de 2018 entraba en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público en nuestro país. Lo más llamativo y novedoso de esta ley es que recogía las recomendaciones de varias directivas comunitarias en materia de contratación pública, incorporando criterios sociales y prohibiendo en sectores intensivos en mano de obra, como el sector de la seguridad privada, que el precio fuera el único criterio a la hora de adjudicar los contratos.
A partir del día 9 los pliegos de condiciones de los concursos públicos deben exigir criterios sociales, medioambientales y una mejor relación calidad-precio a la hora de valorar las ofertas de las empresas. Para nosotros como sindicato que desde hace años venimos exigiendo a las Administraciones Públicas de este país una contratación pública socialmente responsable, nos parece fundamental para los derechos de los trabajadores de nuestro sector el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales, la inclusión de clausulas que permitan rescindir los contratos a las empresas que no cumplan con sus trabajadores en cuanto al pago de salarios, a las empresas que incumplan con los pliegos de condiciones o también a las empresas que defrauden a la hacienda publica o la seguridad social; esto y muchas exigencias mas vienen ya contempladas en esta nueva ley. Otra de las particularidades llamativas de esta nueva ley de contratos es que ha sido aprobada con la oposición del Partido Popular, que preside el Gobierno de este país.
Solo durante el día 8 de marzo, fecha anterior a la entrada en vigor de esta ley, se registraron en la web de Contrataciones del Estado aproximadamente 2.500 publicaciones de concursos públicos, un incremento 10 veces superior a la media de cualquier otro día.Asimismo, durante el último mes, se ha aprovechado por parte de las Administraciones Públicas para sacar a concurso números e importantes concursos que en circunstancias normales tendrían que publicarse en meses posteriores. Entre ellos, y en lo que afecta a nuestro sector, el servicio de Vigilancia de la Administración General del Estado, por valor de más de 67 millones de Euros.
Basilio Alberto Febles, Secretario General de la FTSP-USO, denuncia que este incremento en la publicación de concursos solo obedece al maligno criterio de seguir aprovechando una ley obsoleta para continuar ahorrándose unos míseros euros, evidentemente, en detrimento de los derechos de trabajadores mileuristas que son sometidos por las empresas a condiciones de trabajo y salarios de autentica miseria, que, aun teniendo trabajo, nos condena a ser considerados como excluidos sociales y vivir por debajo de los umbrales de proeza.
Desde la FTSP-USO se vuelve a exigir a las Administraciones Públicas de este país el cumplimiento de las leyes vigentes, la ética a la hora de gestionar el dinero público y sobre todo que tengan altura de miras, responsabilidad y no mirar tan solo su cuenta de resultados. Debemos exigir y exigimos a políticos y altos funcionarios que piensen también en la clase trabajadora de este país y no solo en criterios económicos (también en sus posibles bonos por ahorro de costes) a la hora de adjudicar los concursos públicos.
Tenemos claro que las cuantías económicas que se puede ahorrar una Administración Publica al adjudicar a un precio inferior al del mercado los concursos públicos, luego obliga a los ciudadanos a pagar vía impuestos el FOGASA, las defraudaciones a la Hacienda Pública y la Seguridad Social, el cierre de empresas, etc. Este es el ahorro de costes de las administraciones.
Basta mirar las empresas que actualmente están en concurso de acreedores, SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA O NOVO SEGUR, donde sus clientes son un 90 % administraciones públicas, entre ellos el Ministerio de Defensa, CSIC, TGSS, RTVE, CORREOS, para ver ejemplos de contratación pública, como mínimo, irresponsable.
Desde la FTSP-USO, entendemos que este es uno de los principales problemas de nuestro sector ya que incide negativamente en los salarios y condiciones de trabajo de más del 25% de trabajadores, por ello seguiremos incidiendo y exigiendo una contratación publica socialmente responsable.
La licitación en construcción del Grupo Fomento alcanzó en enero los 179 millones de euros, lo que supone un incremento del 241,8% con respecto al importe registrado en el mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaron 52,4 millones de euros.
Con estos datos, el Grupo Fomento licitó en construcción durante el mes de enero el 18% del importe total licitado por todas las Administraciones Públicas en este concepto.
Por agente contratante, el Ministerio de Fomento licitó en construcción 23,1 millones de euros en enero, una cifra que se eleva a los 155,9 millones en el caso de las entidades públicas estatales.
En los tres últimos meses, la licitación del Grupo Fomento ascendió hasta los 989,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 367,6% con respecto a igual periodo de hace un año.
Por su parte, en los últimos doce meses el importe total licitado en construcción por todas las Administraciones Públicas fue de 10.525,9 millones de euros, mientras que el Grupo Fomento licitó en el mismo periodo 2.654,6 millones de euros, es decir, el 25,22 % del total.
Atendiendo al volumen acumulado en los últimos doce meses, la licitación en construcción del Grupo Fomento creció un 18,36% en tasa interanual.
Adjudicaciones de obra del Grupo Fomento
Durante el pasado mes de enero las adjudicaciones de obra del Grupo Fomento ascendieron a 138,5 millones de euros, el 78,95% más que en igual mes del año anterior, cuando se registraron 77,3 millones de euros.
El volumen de adjudicaciones de obra registrado en enero es además el más alto que se registra desde julio del pasado año.
En enero, el Ministerio de Fomento adjudicó en obra 88,6 millones de euros mientras que los 49,9 millones de euros restantes correspondieron a las entidades públicas estatales.
En los últimos doce meses el Grupo Fomento ha adjudicado en obra un total de 1.213,8 millones de euros.
La entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público afectará a empresas públicas como Aena, que ya no podrá realizar contratos low cost.
Aunque no las únicas. Empresas públicas como Paradores –con un contrato de 5 millones para publicidad, entre otros– o la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) también anticiparon sus licitaciones a la fecha.
Asimismo, durante el último mes, el sindicato denuncia que “se ha aprovechado por parte de las Administraciones Públicas para sacar a concurso numerosas e importantes licitaciones que en circunstancias normales tendrían que publicarse en meses posteriores”. Entre ellas, el servicio de Vigilancia de la Administración General del Estado, por valor de más de 67 millones de euros.
Evitar la nueva ley
El motivo no es otro que esquivar una legislación que elimina el concepto de oferta económicamente más ventajosa y se sustituye por la de mejor calidad-precio. También establece un límite del 20% a la figura de los modificados, o incluye entre las causas de resolución del contrato el impago de los salarios por parte del contratista o el incumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de los trabajadores.
Por ello, estos contratos se regirán por la ley anterior, mucho más laxa. “No debemos olvidar que a los procedimientos licitados con anterioridad a esa fecha les será de aplicación la legislación anterior”, explica el abogado del bufete Melián Abogados, Juan Carlos García Melián.
“Este incremento en la publicación de concursos solo obedece al maligno criterio de seguir aprovechando una ley obsoleta para continuar ahorrándose unos míseros euros, evidentemente, en detrimento de los derechos de trabajadores mileuristas que son sometidos por las empresas a condiciones de trabajo y salarios de auténtica miseria”, denuncia Basilio Alberto Febles, secretario General de la FTSP-USO.
Pero no solo preocupan estos concursos a última hora. “Lo que debe haber sido de órdago es la cantidad de contratos menores y procedimientos negociados sin publicidad que se habrán adjudicado sin transparencia ni concurrencia o con una concurrencia mínima aprovechando los estertores del derogado Texto Refundido”, explica el abogado.
La nueva ley tuvo sus defensores y detractores. En octubre de 2017, el Congreso de los Diputados, con los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT, rechazó todas las enmiendas introducidas en el Senado por el PP. Estos querían establecer como prioritarios los convenios de empresa sobre los sectoriales –que suelen tener mejores condiciones laborales–.
Contratos de seguridad
Muchos de los contratos que se publicaron ese 8 de marzo corresponden a servicios de seguridad. Y el principal motivo es que muchas de las compañías adjudicatarias más tradicionales han sometido a sus trabajadores a contratos precarios. Tal es el caso de empresas como como Marsegur –ahora Novo Segur– o Eulen. Esta última es la originaría del caos vivido el pasado verano en el aeropuerto de El Prat con la huelga del personal de control de seguridad.
Además de la Vigilancia de la Administración General del Estado, existen otros tan importantes como el servicio de vigilancia y protección de diversos edificios del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad por 1,54 millones de euros.
Los servicios de seguridad licitados por la Comunidad de Madrid ascienden a más de 6 millones de euros
Y del Estado a las Comunidades Autónomas, pues estas, como la de Madrid o Andalucía, son de las que más se anticiparon al calendario. La región de Madrid sumó el 8 de marzo tres nuevos servicios de vigilancia y seguridad: el de la Sede Central y de varios Servicios de Urgencias adscritos a la Gerencia del Summa 112 por 1,26 millones de euros para un año y medio; el de las sedes de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda por 2,3 millones para dos años; y otro de vigilancia y seguridad, –excepto servicios de furgones blindados– por 2,7 millones de euros.
Asimismo, la Junta de Andalucía sacó a concurso la seguridad privada de varios centros culturales por un presupuesto base de 874.554 euros. También presentó una oferta para la contratación mixta del servicio de vigilancia y seguridad contra intrusión y riesgos derivados, y de suministro de medios técnicos de seguridad para los edificios sedes de la Agencia de Servicios Sociales, por unos 842.810 euros.
Los servicios funerarios de Madrid
Una de las compañías públicas que más ha aprovechado el día 8 de marzo ha sido la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (EMSFC) con hasta nueve licitaciones. Esta, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, tiene entre sus funciones atender los servicios de los cementerios de Madrid. Solo siete de los concursos suponen aproximadamente 8,43 millones del presupuesto del ente público.
Algunos de estos de elevadas cuantías como un contrato para el suministro de coronas, cruces, almohadones y flores por un valor estimado para cuatro años de 3,8 millones de euros; los servicios de seguridad privada de los cementerios madrileños por 1,86 millones de euros durante dos años; o el servicio de cafetería y restauración del Tanatorio M30 y Tanatorio Sur para cuatro años por 1,2 millones de euros.
A estos se suman otros como un contrato de suministro de gas por dos años por 781.223 euros; otro de suministro de gasóleo y gasolina durante dos años por 416.037 euros; la contratación de siete vehículos eléctricos en modalidad de renting por 171.295 euros (IVA excluido); o la renovación del cableado de la red por 209.262,86 euros (IVA excluido) para un mes y medio.
Otros contratos
Al igual que ocurre con los de seguridad, los servicios de limpieza han sido protagonistas en los últimos años de contrataciones precarias como en el Ayuntamiento de Madrid o en el aeropuerto de Ibiza. Así, algunos consistorios como el de Huesca han licitado contratos por 7,1 millones de euros para estos servicios.
La red de centros de Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 274, también registró varios concursos el 8 de marzo. Y Tragsa, la empresa de Transformación Agraria estatal, también cuenta con varios contratos que superan el millón de euros.
La lista de administraciones autonómicas, locales, universidades y empresas públicas que han adelantado sus licitaciones a la nueva ley es muy extensa. Y aunque sea legal, lo cierto es que choca de lleno con la transparencia con la que se pretende garantizar la licitación de los nuevos concursos públicos a través de la Ley de Contratos del Sector Público.
