El acta de la Inspección de Trabajo, que data de comienzos de octubre y que se emite después de varias visitas a la universidad, dice que los inspectores comprobaron que el contenido de las prácticas "en nada tiene que ver con la titulación cursada por los estudiantes". El organismo, dice el acta, no puede negar que estas becas "no suponen ningún beneficio en la formación teórica recibida por los estudiantes". Los estudiantes con estas prácticas, prosigue el acta, "eran incluidos inmediatamente en el organigrama funcional del departamento o servicio en el que las realizaban, de manera que con la prestación de tales prácticas el departamento cubría por turnos determinados puestos tales como atención al público, préstamos de libros, mantenimiento de bases de datos…". Los propios responsables de los servicios reconocían que, en muchos casos, de no contar con estos estudiantes no podrían mantenerse abiertos en el mismo horario.
No obstante, la UAM contesta que rechaza el acta levantada por la Inspección. Fuentes del rectorado explican que la universidad, "no estando de acuerdo con la inspección de trabajo", ha pedido la nulidad del proceso porque, argumentan, solo ha analizado tres casos concretos de estudiantes en prácticas y ha extendido sus conclusiones a la totalidad, "lo que no es muy representativo". Además, añaden que las prácticas se ajustan a la normativa del Real Decreto 592/2014 "por que completan el aprendizaje de los estudiantes, facilitan la adquisición de competencias transversales y favorecen su inserción laboral" . La UAM tiene becarios en un centenar de servicios, que van desde las diferentes bibliotecas del campus hasta el archivo central, pasando por atención a la diversidad, el observatorio astronómico, centros culturales, de estudios, decanatos, aulas de informática, servicios de atención al alumno o laboratorios, entre otros, según se recoge en la web que ofertaba las plazas.
Los sindicatos contradicen al Rectorado UAM
La versión de los sindicatos CCOO y UGT es distinta, e indica que llevan años denunciando estas irregularidades. “La situación que ha dado lugar a la inspección laboral no ha sido puntual, ni su irregularidad era desconocida por los últimos equipos rectorales”, informó este jueves CCOO-UAM, que lleva varios años denunciando la actuación de la UAM en múltiples reuniones con anteriores Rectores, con sus equipos y con la Gerencia; a través de numerosos escritos dirigidos a todos ellos; incluso haciendo llegar esta preocupación y sus posibles consecuencias en varias ocasiones al propio Consejo de Gobierno.También lo hemos denunciado públicamente y dentro de una campaña general de Acción Sindical de denuncia del trabajo precario, inestable y/o “esclavo”, dice el sindicato.
En concreto, a través de un comunicado público a toda la comunidad universitaria (de 7-10-2016, día internacional del empleo decente) se denunciaba que el “*programa de prácticas externas encubre realmente una especie de Agencia de Empleo para la propia Universidad Autónoma de Madrid, que suministra mano de obra barata y precaria para desarrollar tareas propias de los empleados de la UAM”, sin cumplir las condiciones laborales legales en cuanto a los procedimientos de selección de personal, contratación, salarios y el resto de obligaciones en materia laboral y de Seguridad Social*”.
Comisiones Obreras, que presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo, dice que la situación actual, cuyas consecuencias últimas todavía no conocemos, requiere que la Sección Sindical de Comisiones Obreras de la UAM manifieste su posición con las siguientes consideraciones:
*Primero.* Los responsables universitarios pasados y presentes no pueden hacerse los sorprendidos por lo ocurrido, ni mirar para otro lado, ni señalar a nadie salvo a los verdaderos responsables. No después de tantas advertencias fundadas de la irregularidad de la situación y de las consecuencias que podría acarrear a la UAM. Por el contrario, sería preciso que el actual Rector y su equipo reconozcan la existencia de unas “malas
prácticas”, la asunción de las correspondientes responsabilidades –particularmente por los que han sido responsables del programa de prácticas externas- y la voluntad de abordar la solución de la situación de
manera transparente y con la participación de los directamente afectados y todos los demás involucrados en ella, particularmente estudiantes, personal de administración y servicios y los representantes de los trabajadores.
*Segundo. *La Inspección de Trabajo no ha dicho que no se puedan hacer prácticas, ni siquiera extracurriculares. Lo que dice la Inspección de Trabajo es que no vale todo, que no vale utilizar las prácticas para encubrir fraudulentamente contratos de trabajo, que es lo que aquí se ha venido realizando desde hace muchos años. Por ello, desde CCOO-UAM, no solo somos partidarios de tales prácticas externas, sino que exigimos que se
desarrolle un *verdadero programa de prácticas externas* *formativas, remuneradas y sociales*. Se cuenta con un presupuesto de más de un millón de euros para ello. Se cuenta, con seguridad, con el apoyo del personal de
la universidad, con el apoyo de los centros y, por supuesto, con el de los estudiantes. Solamente se trata de voluntad por parte del Rector y su equipo. ¿O es que mientras se suministraba mano de obra encubierta para la
UAM estaba justificado y ahora ya no merece la pena?
*Tercero.* Otro de los principales problemas derivados de la imaginativa política de personal –basada en becarios/alumnos en prácticas/trabajadores encubiertos, subcontratas y promociones en la cumbre- desarrollada en los
últimos años es que cada vez más servicios y actividades de la UAM –algunas altamente cualificadas- eran dependientes de este personal. Como hemos denunciado en otras ocasiones, parece que parte de la excelencia de la UAM se ha venido basando en “pies de becarios”. Es el momento no solo de mantener los servicios de la Universidad, sino incluso de mejorarlos. Sin embargo, ello requiere, desde nuestro punto de vista abordar la apertura
inmediata de un proceso de reflexión y negociación, como venimos proponiendo y reivindicando desde hace años, para afrontar no solo la situación ahora creada sino también las urgentes e importantes necesidades
de la plantilla de la UAM para desarrollar de manera óptima sus tareas para hacer realidad el deseo de todos de mejora de nuestra Universidad.
*Precisamente, con la finalidad de trasladar estas preocupaciones y tratar de alcanzar un compromiso por la mejora en la gestión de la Universidad la Sección Sindical de CCOO ha solicitado una reunión urgente con el Rector
que ha sido contestada de manera inmediata por éste, convocándonos para este mismo viernes".
Por su parte, UGT declaró ante la noticia de la inspeccion que, desde hace ya un par de cursos, centra su trabajo en la situación de desprotección del colectivo amplio de Trabajadores No Permanentes de la UAM. En su dossier se detalla la situación de diferentes colectivos y las reivindicaciones particulares para los mismos, a las que exigen respuesta por escrito por parte del equipo rectoral antes del 31 de enero, en la que se indique qué compromisos está dispuesto a adoptar y, en el caso de aquellos que no lo haga, las razones de su negativa.
En el mismo comunicado UGT exigía respecto a las becas irregulares “la erradicación inmediata de estas prácticas viciadas e irregulares.Tambie establecer un “verdadero sistema de prácticas externas mediante la intensificación de la búsqueda de empresas e instituciones donde se desarrollen verdaderas actividades formativas. Ello necesariamente supone el reconocimiento de los derechos laborales (salario y seguridad social) a los estudiantes que desarrollan actividades laborales. Igualmente, pedía la apertura inmediata de un proceso de reflexión y negociaciónpara afrontar las urgentes e importantes necesidades de la plantilla de la UAM para desarrollar de manera óptima sus tareas. “Excelencia no puede ser sinónimo de empleo indecente y sustitución de puestos de trabajo denecesaria cobertura”.
Condena del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo (TS), en una sentencia del pasado mes de junio, advierte a las universidades de que no pueden emplear figuras temporales de contratación de docentes para cubrir necesidades estructurales y ordinarias de los centros. La sentencia de la Sala de lo Social aborda el caso de un profesor asociado de la Universidad de Barcelona (UB) —que fue despedido por no cumplir los requisitos para trabajar bajo esta figura laboral— para entrar en una situación muy habitual en los campus españoles. De hecho, el 42,3% de los profesores universitarios ejercen bajo un contrato temporal, cifra que sobrepasa el 40% que establece la ley como tope en laExplica el TS que los órganos judiciales deben comprobar que los contratados temporales de las universidades lo son para atender necesidades provisionales o intrínsecas, y advierte de que cuando se suceden varios contratos para cubrir objetivos distintos se da "una situación de fraude de ley" que supone la conversión del contrato temporal (como asociado, en este caso concreto) en uno indefinido no fijo. La Universidad de Barcelona tendrá que readmitir a Gustavo (nombre supuesto) o indemnizarle.
La advertencia del TS a las universidades acerca de su no inmunidad respecto al cumplimiento de la normativa parece chocar de facto con la realidad. En reiteradas ocasiones, y a partir de ciertos casos concretos en universidades madrileñas, este diario ha preguntado a la Comunidad de Madrid (que tiene las competencias en Educación) y a los ministerios de Educación (cuya Alta Inspección del Estado debería velar porque se cumple la normativa), Trabajo (responsable de los convenios colectivos) o Economía (que fijó la tasa de reposición y maneja Hacienda) por el control sobre el cumplimiento de la ley en las universidades y en todos casos la respuesta fue la misma: "La autonomía universitaria". Así, bajo esta "autonomía universitaria" que se escuda en sus propios órganos de control internos, las propias universidades, que operan financiadas al 80% con fondos públicos, velan porque ellas mismas cumplan la ley. No parece que se produzca en muchas ocasiones.
Por ejemplo, el 42,3% de los profesores trabajan bajo algún tipo de contrato temporal, cuando la normativa estatal establece el 40% como cifra máxima. En algunos centros, como la Rey Juan Carlos de Madrid, la Carlos III y, en menor medida, la Pompeu Fabra, abusan de la figura del profesor visitante, que contratan sin mesura y saltándose la ley. El problema con estas contrataciones es que estos docentes, con contratos temporales, no se atreven a denunciar su situación por miedo a acabar en la calle. Al ser figuras discrecionales, están al dictado de quien les ha contratado, que solo necesita no renovar el contrato para dejarles en la calle. En algunos casos denuncian a posteriori, pero la mayoría no lo hace por lo que implica.La sentencia del Supremo es sobre un profesor asociado, pero lanza una advertencia general a las universidades. No están exentas de cumplir la ley. Falta por ver quién se encarga de velar por ello.
