La iniciativa de UGT supone cambiar "entre 50 y 70 convenios" de los 800 que existen en Catalunya, señaló Álvarez, quien puntualizó que "no estamos planteando que se deba hacer en un año", sino en un plazo que oscila entre los "tres o cuatro años".
Álvarez defendió que la propuesta responde a "sectores que se han quedado retrasados" en la evolución salarial y denunció que algunos de los convenios vigentes se han quedado por debajo de la última revisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y deberán revisarse.
Asimismo, el secretario general del sindicato afirmó que "la patronal está tomando conciencia de que con estos salarios no conseguirá personal y menos de carácter muy puntual", como es el caso del sector comercial en la campaña de Navidad.
El comercio es uno de los sectores en los que UGT pedirá aumento del salario mínimo –situado en 599 euros mensuales en Catalunya–, así como en los sectores de la vigilancia o la limpieza, entre otros, la mayoría trabajos en los que gran parte de la plantilla es femenina o inmigrante.
Álvarez consideró que será "más fácil de conseguir el salario mínimo de 1.000 euros en los convenios que la jornada de 35 horas" porque "una vez controlados los flujos migratorios, la empresas deberán pagar para conseguir trabajadores", después de acabar con la "explotación" de inmigrantes con sueldos bajos.
Petición de 50.000 viviendas protegidas de alquiler
Por otro lado, Álvarez pidió al Gobierno catalán que en esta legislatura construya "50.000 viviendas de alquiler de protección oficial" de unos 350 o 400 euros mensuales y defendió un "cambio de modelo" hacia el alquiler en vez de la compra.
Los planes de la Generalitat pasan por construir 50.000 viviendas protegidas, la mitad de compra y la mitad de alquiler, pero Álvarez calificó de "razonable que todas fuesen de alquiler después de muchos años en que todas eran de compra".
Álvarez se mostró convencido de que "se puede hacer" pero reformando la normativa actual de alquiler. Así, abogó por "no limitar el alquiler a cinco años, sino que sea de carácter indefinido revisable" según la evolución de la renta de los inquilinos.
Según el dirigente sindical, este parque de 50.000 nuevas viviendas protegidas de alquiler "ayudaría a bajar el precio de los alquileres, a reducir la presión de la compra, a conseguir un cambio de cultura y a mejorar la movilidad", por lo que mostró su deseo de que "se llegase a un acuerdo nacional de la vivienda".
Formación profesional y siniestralidad
Álvarez también marcó como retos para 2007 reducir la siniestralidad –triplicando el número de inspectores de trabajo para equipararnos con la media de la Unión Europea de los 15– y mejorar la formación profesional.
El aumento de inspectores de trabajo permitiría, además de reducir los accidentes laborales, mejorar el control sobre las pequeñas empresas, "que son las que más irregularidades cometen en la contratación", y reducir la cifra de contratos temporales fraudulentos –destinados a puestos de trabajo fijos–, según Álvarez.
Por lo que respecta a la formación profesional, reclamó una ley catalana que "suba el prestigio de la Formación Profesional (FP)" y que introduzca "nuevos elementos" como prácticas becadas, así como la creación de un "enlace entre la FP y la universidad sin necesidad de un examen de ingreso".
Asimismo, defendió la necesidad de "complicidad" entre la universidad y las empresas, petición que consideró que puede verse favorecida por la creación de la conselleria de Innovación, Universidades y Empresa, liderada por Josep Huguet.
Álvarez también pidió "más guarderías y centros de día" para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores y la mejora de las infraestructuras de transporte y movilidad, en especial a los polígonos industriales.
En referencia a las declaraciones a Europa Press de la consellera de Trabajo, Mar Serna, que puso a Francia como modelo en los planes sociales de las empresas que deslocalizan, Álvarez se mostró de acuerdo y recordó que "las indemnizaciones se acaban a medio plazo", por lo que destacó la importancia de la recolocación.
Sobre la reclamación empresarial de que se suprima el impuesto de sucesiones, Álvarez comentó que "se puede discutir", aunque UGT "visualiza el tema impositivo desde una perspectiva más amplia" y apuesta por "mejorar servicios" más que por reducir impuestos. Según calculó, el impuesto de sucesiones "supone menos del 0,5% de la recaudación pública".
