El Ministerio de Empleo, la patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT se dieron ayer un mes de plazo para hacer "propuestas de futuro" a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que insta a España a equiparar las indemnizaciones entre interinos e indefinidos, y la posterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En la reunión acordaron crear una comisión de seis expertos (dos a propuesta del Gobierno, dos de la patronal y dos de los sindicatos) para que estudie y evalúe el impacto económico y jurídico de las sentencias. Así lo explicó la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, tras reunirse con los responsables de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, respectivamente, y los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo.
Rosell dijo la legislación no es concreta y pidió "un poco de pausa" para evitar "conflictos que no interesan". Álvarez y Fernández Toxo insistieron en que, a pesar de la creación de la comisión, seguirán con la campaña para dar soporte legal a todas las demandas que hay en los juzgados.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista abogó por realizar una reforma legal con carácter "inmediato" que reconozca a los trabajadores interinos el derecho de una indemnización igual a la de los indefinidos.
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EL GOBIERNO ADMITE ANTE BRUSELAS QUE SÓLO HAY HUCHA DE PENSIONES PARA UN AÑO, según EL MUNDO
El Plan Presupuestario que el Gobierno en funciones envió el sábado a la Comisión Europea incluye una previsión de déficit de la Seguridad Social de más de 35.000 millones de euros para 2016 y 2017, cifra que dejaría en números rojos el Fondo de Reserva, lo que hará imposible el abono de la paga extra de Navidad del próximo año, según informa EL MUNDO.
En el documento se expone que la Seguridad Social registrará un déficit del 1,7% del PIB, lo que provocará una desviación de casi 19.000 millones de euros. Como consecuencia el Fondo se quedará en poco más de 13.500 millones a finales de este año. Con esta cifra la hucha deberá afrontar 2017, en el que el Gobierno estima que el déficit será del 1,4%. Teniendo en cuenta que el PIB ascenderá a 1,157 billones, la nueva desviación superaría los 16.000 millones.
Por otro lado, EL PAÍS destaca que el plan remitido a Bruselas incluye la repetición de los recortes aplicados durante 2016, por lo que el año que viene no sólo habrá que ajustar las finanzas públicas en 5.000 millones para conseguir el 3,1% de déficit exigido por Europa. Asimismo, se compromete a mantener los recortes de 3.000 millones que ha aplicado en 2016 y que no estaban presupuestados.
ABC apunta que en el plan enviado a Bruselas el Gobierno eleva su estimación de deuda pública del 99,1% del PIB para este año al 99,8%, y del 99% al 99,7% en 2017.
LA REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL YA NO ADMITE MÁS DEMORAS
La fragilidad del sistema de pensiones "ha ido aumentando paulatinamente sin que las medidas adoptadas hasta ahora para paliarla hayan sido eficaces. En los cinco últimos años se han aprobado dos reformas, una por el Gobierno socialista en 2011 y otra por el PP en 2013, que no han acometido esos problemas de fondo". "Han sido parches que apenas han servido para retrasar en el tiempo las penurias del sistema público de pensiones". "Una de las causas de que el modelo esté fallando es la demografía". El envejecimiento de la población hace que el número de pensionistas no pare de crecer. "El sistema de la Seguridad Social cada vez tendrá menos ingresos y más gastos si no se reforma en profundidad: una auténtica bomba de relojería que es imprescindible desactivar. Ningún Gobierno se ha atrevido a ello por el desgaste electoral que supone". "Es una cuestión que habrá que acometer en serio durante la próxima legislatura y en el ámbito del Pacto de Toledo. El Gobierno tiene que pilotar el proceso, desde luego, pero la reforma de la Seguridad Social es un tema tan trascendental que exige el acuerdo de todas las fuerzas políticas".
EL MUNDO 3. Editorial
