La medida se justifica tanto para desarrollar un régimen de concesión y justificación de las subvenciones que permita evitar al máximo los fraudes, como para garantizar la calidad de la formación".
El texto del Real Decreto, al que ha tenido acceso elEconomista, explica en su exposición de motivos que "los agentes sociales dejan de participar en la gestión de los fondos y en la impartición de la formación como lo hacían hasta la fecha, dejando este papel a las entidades que imparte formación profesional y desarrollarán esta tarea en un entorno más competitivo", tal y como adelanto elEconomista.
Junto a la separación de los sindicatos y las patronales de la gestión de la formación, hay otros ejes vertebradores de la reforma. Para empezar, el diseño de un sistema de formación "que garantice la coherencia y coordinación entre todas las Administraciones competentes" con una normativa y un sistema de información comunes. Ello implica también la unidad financiera del sistema y de su régimen económico "que garantiza el principio de unidad de caja de la cuota para la formación profesional".
Además, se establece la transformación de los órganos de gobierno del sistema y, en particular de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
En tercer lugar, la elaboración, con la participación de los interlocutores sociales, "de un escenario estratégico plurianual, referente de la programación de toda la formación que se imparte en el sistema. Por último, la concurrencia competitiva "abierta a todos los proveedores de formación acreditados y/o inscritos", para la gestión de los fondos destinados a financiar las programaciones formativas de todas las Administraciones Públicas".
El Real Decreto-Ley abre también la formación a los parados y en esta línea establece la creación de un "cheque-formación" para los trabajadores desempleados que se instrumentará a través de los servicios públicos de empleo de acuerdo con su perfil profesional. Se trata de una herramienta novedosa "que permitirá la libertad de elección entre las entidades adheridas a los dispositivos específicos que se desarrollen para su seguimiento".
Los sindicatos aceptan un alza salarial del 1% este año si el PIB no supera el 2%
Los sindicatos están dispuestos a aceptar vincular las subidas salariales al PIB, como demandan los empresarios, frente a sus peticiones iniciales de incrementar los sueldos según el IPC y la productividad. Si bien las negociaciones siguen en marcha, en principio aceptarían alzas del 1% este año si el PIB no supera el 2%. Los secretarios de acción sindical Ramón Górriz, de CCOO, y Toni Ferrer, de UGT, dijeron ayer estar dispuestos a vincular el incremento salarial para el periodo 2015-2017 a la evolución prevista del PIB. En todo caso, ambos sindicatos mayoritarios piden una cláusula de garantía salarial, en función del IPC.
Por su parte, la CEOE también es partidaria de ligar la evolución de los salarios al PIB, pero, en ningún caso, está dispuesta a pactar subidas superiores al 1%, al entender que mayores subidas en los sueldos pondrían en peligro la recuperación económica en marcha. Es decir, se dejaría libertad a las empresas que vayan bien para que puedan pactar subidas salariales superiores a ese 1%, y a las que vayan mal para que lo hagan por debajo de ese porcentaje.
Báñez dice que España crea "más empleo" y de "más calidad" porque "hay confianza"
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, dijo ayer que España crea "más empleo y empleo de más calidad" porque "hay confianza", al tiempo que mostró su seguridad "en el éxito, por ser de todos, de las empresas, de los autónomos, de las patronales, sindicatos y tercer sector y de las familias".
La titular de Empleo pronunció estas palabras anoche durante su intervención en la presentación del Anuario Económico de Córdoba 2014, que recogen las agencias, que también detallan que Báñez subrayó que "no hay mejor política social que crear empleo", ya que ello, según dijo, "garantiza la prosperidad y la cohesión social de todos", a lo que añadió que "el empleo hace país", en tanto se trata, dijo, de "la mejor garantía de cohesión social". Por todo ello, la ministra resumió que "tras seis años de dificultades, ahora estamos hablando de recuperación".
Fuente: El Economísta y La Moncloa
