Los autores del informe denunciaron que no han podido estudiar si estas situaciones, que han encontrado con facilidad, son o no generalizadas por los obstáculos de la Generalitat a la hora de estudiar las prisiones de Catalunya. Por eso, pidieron una investigación parlamentaria sobre la
actividad penitenciaria.
Uno de los autores del estudio, Pep Garcia-Borès, acusó a la Federación de Prisiones de CATAC, cuyos miembros han ingresado recientemente en UGT, de la autoría de estos malos tratos y aseguró que éstos "han hecho de la cárcel de Can Brians su fuerte". En este sentido, culpó a la Generalitat de "ir cediendo cuotas de poder" a este sindicato.
Garcia-Borès aseguró que "se trata de un sector de ideología de ultraderecha", que "muestra en sus publicaciones sus viajes a Norteamérica donde presencian las ejecuciones", y añadió que el líder
este sindicato, Manuel Allué, "ha sido denunciado en varias ocasiones por Amnistia Internacional por malos tratos y torturas".
Además de denunciar las agresiones a los presos por parte de algunos funciones, el estudio revela la "dramática" situación sanitaria de la mayoría de centros catalanas que, según el equipo de la UB, se refleja en el elevado índice de mortalidad de las cárceles.
Según el estudio, un preso muere cada tres o cuatro días en las cárceles catalanes a causa de un deterioro de la salud provocado por la "falta de medios" en las enfermerías de los centros, las
"deficientes" condiciones higiénicas y la "baja calidad" de la alimentación que reciben los internos.
