Este estudio fue presentado en rueda de prensa por el economista y catedrático de la Universidad de Washington Michele Boldrin y el director de Fedea y profesor de la Universidad Complutense Pablo Vázquez, quien destacó la independencia del estudio, tras el que no hay «ningún interés de las partes».
Boldrin ha rebatido todos los argumentos sobre los que se apoyan las medidas «anti-descargas» recogidas en la Ley de Economía Sostenible, y ha abogado por la creación de un marco legal que permita desarrollar un mercado competitivo de distribución digital de la música, y que beneficie a los consumidores, no a un reducido porcentaje de artistas.
«Es contradictorio potenciar el acceso a internet entre los jóvenes y al mismo tiempo limitar su uso», se recoge en las conclusiones.
Según el informe, los ingresos del sector musical no han disminuido, sino que ha sido «lo que se vende» lo que ha cambiado, de forma que aunque disminuyan las ventas de cedés, se han multiplicado los beneficios por conciertos y por descargas en internet, que reportaron 11 millones de euros en el 2008.
Así, según datos oficiales, los ingresos por conciertos en directo han pasado entre 2005 y 2008 de 144 a 309 millones de euros, y las ventas en el mercado digital se han quintuplicado en los últimos cuatro años, pasando de 5 a 36 millones de euros.
«Grabar y distribuir música es mucho menos costoso hoy que hace diez años. Cambia el modelo de negocio, pero no los beneficios», ha señalado Boldrin, quien ha considerado que el papel del Gobierno debería ser el de promover el empleo de las tecnologías que permiten esa reducción de costes.
«Como en todo cambio tecnológico tiene lugar una eliminación del intermediario. Las víctimas del cambio normalmente son los ineficientes, los que se niegan a adaptarse, los que quieren mantener monopolios», ha sostenido.
También ha rechazado el argumento del Ejecutivo de que las medidas de la Ley de Economía Sostenible se dirigen sólo hacia quienes se lucran con las descargas ilegales, pues las páginas de descargas masivas «son fenómenos marginales que no necesitan de una ley específica».
El informe sostiene que los derechos de propiedad intelectual benefician principalmente a quienes tienen mucho poder de mercado -el 75% de los ingresos de la SGAE se distribuyen entre 600 artistas-, por lo que Boldrin ha apostado por que el copyright se limite a dos o tres años.
El economista ha defendido que este tiempo es más que suficiente para que el artista reciba beneficios suficientes por su trabajo, que después puede ampliar a través de conciertos.
«¿Por qué es un problema que un artista gane al año 10 millones de euros en vez de 50?», ha preguntado Boldrin.
