lunes,18 octubre 2021
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Se las regaló la hermana del escritor

Un juez obliga a devolver unas cartas de Unamuno a un propietario que iba a subastarlas

EFE
Un juzgado de Córdoba ha ordenado a Manuel Villén, actual poseedor de unas cartas de Miguel de Unamuno cuya subasta estaba prevista para el 27 de marzo, que devuelva estos manuscritos al Estado al entender que se trata de bienes de dominio público y propiedad de la administración.

La sentencia recuerda que durante la vista oral Manuel Villén aseguró que la hija del escritor, Felisa Unamuno, le donó estas cartas en 1969 para su transcripción, catalogación y ordenación para la edición de las obras completas del escritor.

El procesado también apuntó en el juicio que, al final del mismo año, y una vez que había terminado su trabajo, se dirigió a Felisa Unamuno para devolverle las cartas, si bien la hija del escritor le habría pedido que se quedara con los escritos "por el afecto que me tenía y por haber trabajado tantísimo en la recopilación del trabajo de su padre".

No obstante, el juez considera esta posibilidad como "absolutamente inverosímil", no sólo porque los herederos no podían disponer de las cartas al haberlas vendido ya al Estado, "sino porque las circunstancias que rodean a la citada correspondencia no lo hacen asumible desde el punto de vista racional".

En este sentido, la sentencia destaca que "el único dato de la relación de aspecto y agradecimiento que Felisa Unamuno tenía a Manuel Villén es el testimonio de éste, que no ha aportado ningún elemento probatorio objetivo (una carta, por ejemplo) o subjetivo (declaración algún testigo) que pusieron de manifiesto esa relación".

Por este motivo, el juez asegura que "todos estos datos indican que la supuesta donación nunca existió y que Manuel Villén debió entrar en posesión de las cartas como consecuencia del proyecto de publicación de las mismas por la editorial en la que trabajaba, reteniéndolas posteriormente".

El juez explica además que en 1967 el Consejo de Ministros aprobó un expediente por el que el Estado adquiría cartas y otros objetos que pertenecieron a Miguel de Unamuno, un inventario que realizó la hija del escritor.

Según se explica en la sentencia, las cartas objeto del litigio, entre las que se encuentran misivas dirigidas a Rubén Darío, Eduardo Marquina o Menéndez Pidal, no se incluyeron en este catálogo, ya que la hija "quería consultar con sus hermanos si se publicaban o no", si bien el juez considera que "actos posteriores revelan que dichas cartas fueron objeto de transmisión al Estado".

De hecho, el fallo señala que Manuel Villén tuvo acceso a estas cartas "a consecuencia de la voluntad de la familia Unamuno de que se publicaran", por lo que "una vez que la familia decide que las cartas citadas sean públicas, la objeción a que se transmitieran al Estado desaparece".

Por otra parte, el juez ha analizado que las cartas se encontraban con anterioridad a la venta en dependencias de la Universidad de Salamanca y, tras la compra por el Estado, permanecieron en el mismo lugar hasta que fueron entregadas para su publicación.

En cuanto a otra de las alegaciones de Manuel Villén, que alega como título de propiedad el tiempo que lleva poseyendo las cartas, en concreto 37 años, el juez explicita que "la adscripción al servicio público de la cultura de estos objetos no presenta dudas".

Señala también que "no es existe ningún acto de la administración del que pueda deducirse que las cartas dejaron de estar adscritas al servicio de la cultura".

Además, recuerda que cuando la familia ofreció la venta de las cartas al Estado lo hizo con la intención de que "se conserven y se mantengan definitivamente donde están, cediéndolos al Estado para que queden a disposición de los estudiosos y de quienes deseen conocer mejor la vida y ambiente en que vivió el autor y el hombre.

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