Según publica El Norte de Castilla, la UVA se negó a atender ese requerimiento al amparo de una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en junio del 2005, que declaraba la inadmisibilidad de la reclamación presentada por la Universidad de Burgos por este mismo asunto. A la luz de esa sentencia firme, la Universidad de Valladolid entendía que no cabía exigir deuda ninguna reconocida.
La institución demandante trató entonces de sortear el escollo de esa sentencia y acudió al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid, alegando que existía un derecho a cobrar esas tasas y sus intereses, y una obligación de la Universidad de Valladolid a restituirle esa cantidad. Es decir, reclamaba el importe de lo que considera una deuda pendiente y no el cumplimiento de una obligación derivada de la sentencia del TSJ.
Pero el juzgado ha rechazado este recurso, y en una sentencia dictada el pasado 4 de junio no solo no impugna lo actuado por Sanz Serna sino que considera prescrita la deuda, ya que entiende que la Universidad de Burgos no inició la reclamación en vía administrativa hasta el 10 de febrero del 2006, cuando ya había transcurrido el plazo legal que tenía para haberlo hecho (cinco años desde que finalizó el curso 1994/1995).
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación.
Un largo litigio
El pleito viene de lejos. El campus de Burgos perteneció a la Universidad de Valladolid hasta el año 1994, en el que se segregó y se convirtió en una universidad pública independiente.
La UVA (con Francisco Javier Álvarez Guisasola, ahora consejero de Educación, como rector) y la comisión gestora del distrito burgalés firmaron entonces un convenio para gestionar la matriculación de sus nuevos alumnos.
En septiembre de 1997 ambas instituciones, tal y como informa El Norte de Castilla, firmaron un acuerdo sobre el pago de aquellas tasas, pero un año más tarde, José María Leal, rector de Burgos, abrió la vía judicial cuando acudió al TSJ para denunciar aquel acuerdo y reclamar el pago de las matrículas, así como la propiedad de la residencia universitaria de Sedano. Pero hasta ahora, sin ningún resultado.
