La hermana de Cristina Cifuentes, Margarita Cifuentes Cuenca, cuenta en su haber con otra extraña aparición, más allá de la polémica del premio otorgado por el Ministerio de Defensa y de su fichaje presuntamente ilegal en la Universidad Rey Juan Carlos I. Porque Margarita Cifuentes también tiene una mención dentro del sumario del caso Púnica. En concreto, en una factura de 3.400 euros de la investigada Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, creada por Esperanza Aguirre.
La Vanguardia informa que Cifuentes se carga Nuevo Arpegio, la empresa nodriza de Púnica. Con esta medida Cifuentes da el carpetazo a la empresa nodriza de la trama Púnica. En su origen la empresa pública Arpegio, rebautizada como Nuevo Arpegio en 2010, se creó para la gestión del suelo propiedad de la Comunidad y la canalización del plan Prisma, pero la instrucción de la trama Púnica. También que Anticorrupción se opone a citar como investigadas a Cifuentes e Ignacio González en calidad de investigados por la financiación irregular del Partido Popular que se investiga.
La dimisión este jueves de Arturo Canalda como presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid tras su imputación en el ‘caso Lezo’ provoca un nuevo traspié en el sendero del Gobierno de Cristina Cifuentes.“He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana” fue una de las frases que dejó Esperanza Aguirre para la posteridad. Una oración que, sin embargo, no solo se circunscribe a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. La actual mandataria de la región, Cristina Cifuentes, también está rodeada por un estanque lleno de ‘ranas’.La imputación de Arturo Canalda por el ‘pelotazo’ dado en 2001 en Colombia a través del Canal de Isabel II es la última firma de una lista que sigue creciendo.
La lista interminable de ‘ranas’
Este año han sido varios nombres y cargos públicos los que han tenido que dejar su puesto por su vinculación a tramas de corrupción. El viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz y el consejero de esa misma cartera, Jaime González Taboada, han dimitido en 2017 por su relación con la trama Púnica.
Un caso judicial que lleva años señalando a cargos electos del PP de Madrid y que dibuja una etapa política llena de opacidad e irregularidades. El director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno, tuvo que dejar su puesto al aparecer señalado en el sumario judicial de la Púnica.
El que fuera alcalde de Móstoles y diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Ortíz, dimitió del mismo modo que López Jimeno después de conocer su imputación formal. El juez de la Púnica imputó hasta seis delitos a Ortíz, entre ellos cohecho y fraude a la administración pública
Esa misma causa planea sobre otro diputado popular en la Asamblea de Madrid, Bartolomé González. La imputación sobrevuela sobre este después de que el cabecilla de la trama (David Marjaliza) declarase ante la Justicia que el exalcalde de Alcalá de Henares (el señor González) pidió una comisión de 60.000 euros a la empresa Cofely
A inicios de este año, el 2 de enero, la presidenta regional fichó como asesor técnico del gabinete de la presidenta regional a Miguel Ángel Garzón. Un cargo que ocupó de manera ‘express’: el 21 de ese mismo mes, el que fuera hombre de Juan Soler (exalcalde) en Getafe fue destituido del Gobierno de la Comunidad de Madrid tras ser imputado por el ‘caso Teatro’.
Otro de los políticos que tuvo un paso fugaz en el mandato de Cifuentes fue Borja Sarasola. De hecho, su condición de aforado le sirvió para evitar una primera declaración ante el juez Eloy Velasco. El parlamentario fue citado a declarar el 15 de junio de 2015, pero su ‘privilegio’ le salvó. Al poco de recoger su acta de diputado, renunció a su puesto en la Asamblea de Madrid alegando volver a la empresa privada.
El diputado José Cabrera fue otro que renunció a su acta después de negarse a presentar su declaración de bienes. Ignacio Echeverría hizo lo mismo después de conocerse que sufrió un accidente de tráfico tras conducir ebrio triplicando la tasa de alcoholemia y María Jesús Martín Nieto, directora del Área Económica, Promoción y Rehabilitación de la Agencia de Vivienda Social, dimitió tras conocerse que logró un piso del Plan Joven en 20 días sin figurar en la lista de aspirantes.
Miguel Ángel Santamaría Novoa, fue cesado como asesor taurino de la Comunidad de Madrid cuando fue notificada su imputación por un delito de prevaricación y las sospechas se centran de un tiempo a esta parte en dos diputadas más de la bancada popular de Cifuentes.
La sombra de la corrupción planea sobre María Josefa Aguado e Isabel González. A la primera de estas, el juez de la Gürtel, José de la Mata, elevó a la Justicia madrileña –encargada de retirarle el aforamiento- una exposición razonada contra la diputada popular. Finalmente, el TSJM recogió el testigo para investigarla y la parlamantaria tuvo que dejar su acta de diputada. En cuanto a Isabel González, hermana del expresidente de la región, Ignacio González, al estallido del 'caso Lezo' varias miradas judiciales apuntaron a ella y a las conversaciones que mantenía con su familiar.
Corría el año 2007. Cataluña no aspiraba a la independencia, pero eran los tiempos del Estatut catalán y del recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Además, quedaba un año para el segundo centenario de la Guerra de Independencia, y Aguirre se sacó de la manga la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, para “reforzar el sentimiento de que España es una gran nación”.
Hablamos de una época en la que Cifuentes no estaba bajo los focos como ahora, pero en la que ya ocupaba grandes cargos. Hasta 2008 fue vocal de Fundescam -otra fundación investigada en Púnica-, en aquella legislatura fue vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid -y adjudicó el contrato de la cafetería investigada en Púnica– y secretaria de política territorial del PP y una de las responsables de la campaña regional de 2007 -que habría sido financiada ilegalmente según ha señalado la Guardia Civil en Púnica-.
Tras servir de paraguas para varios proyectos patrióticos, la Fundación acabó en bancarrota, sin fondos públicos, y cerrando en el año 2014. Su página web, www.fundaciondosdemayo.es en una especie de blog cajón de sastre con artículos sobre decoración y restaurantes. Pero de por medio se llevó varias inyecciones de dinero que están bajo la lupa de la Justicia.
En concreto, el juzgado de instrucción número 6, encargado del caso Púnica, investiga si el Partido Popular de Madrid utilizó la fundación para financiarse de manera irregular. Dentro de esta causa, la Guardia Civil apunta a dos ingresos, en 2008 y 2009, provenientes de la Fundación Caja Madrid que ascienden a 4,5 y 1,86 millones de euros respectivamente, tal y como señalan los escritos judiciales incorporados al sumario del caso Púnica.
Fue el juez Eloy Velasco quien, en coordinación con las fiscales del caso, quien atendió a las peticiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para pedir información a la Agencia Tributaria sobre la Fundación Dos de Mayo. Los agentes sospechaban que entre 2007 y 2010 este organismo habría servido para financiar las campañas del Partido Popular de una manera similar a como lo hacía Fundescam, que usó ingresos de Caja Madrid para pagar actos electorales del PP.
Y es dentro de esta información requerida a la Fundación Dos de Mayo donde se encuentra un desglose de gastos y facturas en los que aparece Margarita Cifuentes Cuenca como receptora de 3.400 euros. El pago a la hermana de Cifuentes no especifica su labor, aunque aparece señalada junto a José Arrabal Lozano, que recibe 12.000 euros y a cuyo nombre también hay registrado en la Biblioteca Nacional la obra 2 de mayo: Fiesta de la Independencia guión para la representación de los hechos del 2 de mayo de 1808.
