Siete años después de que empezara la crisis, la eurozona y la Unión Europea son las zonas del mundo con peor comportamiento macroeconómico comparado, países emergentes y por desarrollar incluidos: sus niveles de empleo, inversión, consumo y, en muchos casos, renta y ahorro son inferiores a los preexistentes en el 2007. La sensación de que la integración europea no funciona ha sobrevivido así a la incipiente e insegura recuperación, amenazada ya en su sostenibilidad antes de empezar por una mayor deuda, para cuya reducción se han hecho enormes sacrificios que han reforzado las desigualdades y debilitado a las organizaciones políticas tradicionales conforme crece el disgusto y la sensación de injusticia ciudadana. Pero el CESE ha realizado su trabajo, a la espera de que le escuchen las demás instituciones.
En el momento de máxima incertidumbre en España y el resto de Europa, cuando la desconfianza en los bancos contaminaba a las deudas soberanas y muchos dudaban del futuro del euro e incluso de la propia Unión Europea, recordamos desde el CESE que esta crisis afectaba al euro porque al diseñarlo los políticos desatendieron lo que aconsejaban años antes las teorías de la integración y de las áreas monetarias óptimas: reforzar la escasa movilidad del trabajo y asegurar la de los capitales con mayor solidaridad fiscal. Como la primera condición era mínima y la tercera casi totalmente inexistente, no era de extrañar que incluso la desconfianza en las instituciones europeas llegara a fragmentar hasta los mercados de capitales.
Hace algo más de dos años que el Banco Central Europeo (BCE) por fin empezó a reaccionar, mientras la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo seguían dando lentas muestras de que la solución pasaría por reforzar el diseño del euro mediante las olvidadas uniones bancaria y fiscal. Manos a la obra, el CESE aprobó a finales del 2012 nuestro dictamen para una mayor unión bancaria, que urgía añadir cuanto antes al mecanismo de supervisión previsto para el 2014, así como a las garantías de hasta 100.000 euros en los depósitos, otros mecanismos únicos de resolución y regulación. Ahora, en su último pleno acaba de aprobar por 164 votos a favor, 53 en contra y 11 abstenciones nuestro dictamen para completar la Unión Económica y Monetaria (UEM) con mayor integración fiscal europea, sobre todo en la eurozona.
Nuevamente, en este último dictamen sobre unión fiscal volvemos a recordar lo que decíamos dos antes ante el paquete de unión bancaria: que la solidaridad fiscal urge especialmente con el fin de subsanar los fallos en la movilidad del trabajo. Ello es especialmente llamativo en España, donde por ejemplo el nivel de empleo real (indicador fundamental para todos los demás, empezando por la capacidad de recaudación fiscal) va a terminar el 2014 cerca de un 15% por debajo de su máximo del 2007, ya recuperado este verano por los EE UU y a la espera de que el año próximo o siguiente lo consiga la UE. Mientras el Plan de Juncker para invertir más de 300.000 millones de euros y el resto de sus medidas para Un nuevo comienzo llega lenta y burocráticamente –replanteando en muchos la pregunta de si ello será posible seis meses después de tomar posesión el nuevo Parlamento, con más funciones y legitimidad que el anterior– en España los planes previos y la garantía de empleo juvenil no han cambiado mucho las cosas: poco más del 4% de su fuerza laboral trabaja en otros países europeos y por falta de recursos presupuestarios peligran las becas Erasmus, como las de los programas nacionales.
Para avanzar hacia esa solidaridad, el CESE propone crear a medio plazo (de 18 meses a cinco años) un presupuesto complementario federal al menos en la eurozona que permita asumir un seguro común de desempleo, políticas de cohesión e inversiones sostenibles asociadas a la economía verde y a la mejora del capital humano. Ese presupuesto se financiaría con cinco impuestos, entre ellos el de las transacciones financieras, que se recomienda extender al menos a los 18 países del euro, pues en el proyecto actual están solo 11; faltan especialmente algunos aun dudosos de terminar con la nefasta práctica de los paraísos fiscales, a cuyos usuarios proponíamos gravar con otro impuesto que ha decaído en aras del consenso. Pero sobre todo se recomiendan otros mecanismos efectivos para luchar contra el cáncer del fraude y la elusión fiscal con mayor coordinación e imposición más efectiva a las multinacionales digitales, autoridad única y en especial promover con incentivos la sustitución de efectivo por pagos electrónicos que dejen huella, como las tarjetas y nuevos pagos móviles, aspecto muy importante para España, el país donde hay más billetes de 500 euros.
A corto plazo (de seis a dieciocho meses), el CESE propone crear una base imponible consolidada común en la UE, además de cooperar a nivel global a nivel de la OCDE y del G-20 contra la erosión de la base y el desplazamiento de los beneficios (BEPS), para asegurar que los regímenes fiscales sean transparentes y no concedan ventajas fiscales injustas. También aconseja mejorar la cooperación administrativa y, sobre todo dentro de la UE, avanzar en el proceso de armonizaciones y simplificaciones fiscales reduciendo la fiscalidad sobre el trabajo y aumentando la del capital para así complementar desde el ingreso la mejora en los beneficios sociales desde el gasto.
(El texto completo de este artículo compartido con Carlos Trías, ponente de ambos dictámenes y presidente de la Comisión Industrial del CESE, puede encontrarse en CINCO DIAS 2-1-2015).
