En el extremo opuesto están las que ya han anunciado que no convocarán este año. Son siete regiones: Castilla La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Aragón, La Rioja y Navarra y este viernes por la tarde se ha sumado también Murcia, según los datos recabados por este periódico. A ellas se suma Comunidad Valenciana, que ya había fijado previamente su convocatoria en 2018 sin que esté relacionado con este asunto.Otras cuatro (Andalucía, País Vasco, Cataluña y Baleares, aunque esta última solo con plazas que había reservado en 2016) siguen adelante y el resto aguardan a que se desbloquee la situación que se podría solventar por una vía alternativa. Los sindicatos estiman que hay más de 50.000 plazas en juego en 2017. El Gobierno habla de 150.000 previstas para toda la legislatura.
Además desde ANPE se ha vuelto a exigir al Ministerio la reversión de los recortes que a nivel Estatal aún se mantienen y la negociación en la Mesa sectorial de todas las cuestiones que afecten al profesorado relacionadas con el Pacto Educativo, fundamentalmente el desarrollo de un Estatuto de la Función Pública Docente dentro de una necesaria Ley marco de la profesión docente.
Así, ANPE ha propuesto al Ministerio la necesidad de acordar en el seno de la Mesa Sectorial la reversión de los recortes establecidos por el Estado y recogidos principalmente en el RD-Ley 14/2012 pero también en el RD-Ley 20/2012.
Para ANPE, es también necesario e imprescindible que el Ministerio se comprometa a que todas las cuestiones que afectan o puedan afectar al profesorado, directa o indirectamente, dentro del marco del futuro Pacto Educativo que actualmente se está gestando en el seno de la Subcomisión del Congreso sobre el mismo. En definitiva que se escuche al profesorado en el trámite de una nueva Ley orgánica educativa.
ANPE ha propuesto también fijar un calendario de negociación del Estatuto Docente, comprometido por el Ministerio, y que debe ir acompasado y acompañando a la elaboración del Pacto educativo, pues éste nos debe traer dos cuestiones fundamentales, una nueva Ley Orgánica de Educación nacida del consenso y un Estatuto de la Función Pública Docente que perfectamente se podría encajar, no sólo como desarrollo del Estatuto Básico de la Función Pública, sino también dentro de una futura Ley de la Profesión docente, donde se regule nuestra profesión, no sólo en el ámbito de la función pública, sino también en el resto de ámbitos.
Cuestión fundamental y de especial relevancia para ANPE es la necesidad de reducir la tasa de interinos en todas las CCAA para fijarla por debajo del 8%. Las altas tasa de interinos que existen actualmente en todo el Estado son un mal endémico para nuestro Sistema Educativo y su disminución una necesidad para mejorar la calidad del mismo y dar estabilidad a los equipos docentes de los centros educativos. Aquí exigimos un compromiso del Ministerio de Educación para ser capaz de coordinar a todas las CCAA y acordar con las mismas convocatorias de oposiciones todos los años y que se fije con ellas el citado objetivo de reducir hasta esos niveles las tasas actuales de profesorado interino en los próximos años, no yéndonos en ningún caso más allá de esta legislatura. Debe ser el Ministerio el que lidere todo esto y propicie convocatorias de oposiciones anuales de los mismos cuerpos docentes en todas las CCAA.
Por último y de forma urgente, ANPE ha exigido al Ministerio de Educación que solicite al Gobierno que, lo antes posible, habilite la normativa que permita a las CCAA que decidan convocar oposiciones lo puedan hacer, despejando cualquier duda sobre la validez jurídicade dichos procesos, ya que, hay miles de interinos y aspirantes a los cuerpos docentes que están pendientes de ello.
