Estas declaraciones las hizo durante el acto de celebración del 50 aniversario de la fábrica de Cepsa en La Rábida (Huelva). Desde el principio, el Gobierno español mantiene contacto directo con la Central en Alemania y con Seat en Barcelona para que, lo primero, se restituyan los derechos de los consumidores de quienes se ha abusado con engaño en un software que falseaba a la baja los índices de contaminación del vehículo. La reclamación de la devolución de las ayudas públicas (1.000 euros por automóvil) se hará contra el fabricante.
Los máximos directivos de la multinacional alemana han garantizado a José Manuel Soria que se mantendrá la actividad industrial con normalidad en sus instalaciones en España, la inversión prevista -más de 3.000 millones de euros-, en mejorar las plantas de producción y el mantenimiento del empleo.
No obstante, subrayó que ha dejado en suspenso la autorización que había dado a dicho grupo para vender los coches aun equipados con los motores diésel investigados entre el 1 de septiembre de este año y el 31 de agosto de 2016. De hecho, Volkswagen ya ha dado orden de paralizar la venta de los 3.320 vehículos del grupo que montaban los motores investigados y que aún quedaban en stock en España. Lo primero que se interesó ante los responsables del grupo alemán fue por el mantenimiento de la planta (Landaben y Barcelona) y las inversiones de 3.000 millones de euros que había anunciado, así como del empleo.
El 6% de los 11 millones de coches que el grupo Volkswagen vendió con el motor trucado para engañar a los controles medioambientales corresponden a Seat. Los modelos son el Exeo, Ibiza, Alhambra, León, Toledo, Altea y Altea XL entre 2009 y 2015
Visión desde la CNMV
La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, ha calificado de "delito" la manipulación de las emisiones de gases de los motores diésel de los vehículos de Volkswagen y ha utilizado este caso para mostrar la importancia que tiene para una empresa la información transparente y la responsabilidad social corporativa (RSC).
"Aquí, entre nosotros, y ya que no nos oye nadie, yo creo que lo de Volkswagen es más un delito y el que no ha tenido responsabilidad social corporativa es el que se ha inventado el cacharro ilegal", ha señalado Rodríguez en referencia al software utilizado para la manipulación de las emisiones.
Durante la clausura de la jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Deloitte sobre Reporting Corporativo, la presidenta del supervisor ha destacado que la compañía ha sufrido "un castigo" en Bolsa que le ha hecho caer un 35% en dos sesiones y perder 25.000 millones de euros de capitalización, además de costarle la dimisión a su presidente, Martin Winterkorn, por "presiones sociales".
"Una vez más se ha demostrado la importancia de la transparencia y la exigencia cada vez mayor de responsabilidad por parte de los dirigentes de las empresas", ha añadido.
En este sentido, ha recordado que el Código de Buen Gobierno incluye recomendaciones expresas en materia de RSC. "Es algo que debe existir en nuestras sociedades cotizadas, porque los mercados y los inversores cada vez prestan más atención al impacto de las actividades de la empresas en la sociedad y los ejemplos cada vez son más abundantes", ha destacado.
A lo largo de su intervención, Rodríguez ha afirmado que es importante fomentar la transparencia para proteger al inversor con el fin de que pueda tomar sus decisiones con fundamento. También ha hecho hincapié en la necesidad de que la información sea "correcta, clara y compresible" a la hora de comercializar valores.
Para profundizar en esta materia, la CNMV supervisa el mercado para evitar información privilegiada y manipulación de precios, razón por la que trabaja con un sistema de monitorización de los valores con 24 alarmas activas que detecta anomalías en la evolución de los mismos. La puesta en marcha de este sistema era una de los objetivos incluidos por la institución en su Plan de Actividades 2015.
