El primer decreto aparecido en el BOE ocupa 22 páginas (consultar aquí su texto íntegro) y otras 7 páginas oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación de determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades en Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado y sus organismos públicos. Solo el primero de los decretos con toda la Oferta de Empleo Público suma 15.998 plazas, y el de oferta extraordinaria de lucha contra el fraude y mejora de los servicios públicosotras 4.282 plazas.
En su comparecencia para explicar la oferta de empleo público, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, abogó por desligar los sueldos de los funcionarios de la inflación y referenciarlos con el crecimiento económico. Montoro insistió ayer en que la modificación del IRPF pactada con Ciudadanos para 2018 "no consiste en una bajada de todo el impuesto", por lo que pidió que no se creen falsas expectativas entre la ciudadanía.
La Oferta de Empleo Público para este año incluye, además, las 7.969 plazas del Real Decreto Ley del pasado 31 de marzo que aprobó la Oferta para personal docente, Fuerzas Armadas, policías nacionales y autonómicos y guardias civiles. En total, 28.249 plazas -la cifra más alta desde el año 2008-, divididas en 20.451 plazas de turno libre y 7.798 de promoción interna. La mayoría de ellas está integrada por personal C1, C2 y Grupo L, como refleja el cuadro que sigue:
El ministro de Hacienda y Función Pública dijo que esa oferta permite atender a los sectores establecidos como prioritarios en los Presupuestos Generales para 2017, para los que se mantiene una tasa de reposición del 100%, mientras que para el resto es del 50%. A los ámbitos considerados así en los últimos años, se incorporan tres: atención al ciudadano en los servicios públicos, prestación directa del servicio del transporte público y seguridad y emergencias.
La oferta de empleo público de 2017 es, en su conjunto, resultado de la negociación con los sindicatos y del acuerdo para reducir la interinidad en ese ámbito, según ha destacado Montoro. "Lo cual también da valor al propio contenido de la oferta -ha manifestado-, porque no son ya solo esos números de plazas, sino la calidad de las plazas y, sobre todo, lo que representa el tener un diálogo social fluido con las centrales sindicales en el ámbito de la Función Pública".
El titular de Hacienda ha destacado el contraste entre la oferta de 2017 y la de los años de mayor ajuste durante la crisis; la de 2012 no alcanzó ni las 3.000 plazas. En consecuencia, el número de empleados públicos del Estado se ha reducido desde el máximo que alcanzó en 2010, y en el primer trimestre de 2017 se situaba por debajo de los tres millones.
Montoro ha defendido que "no se trata de recomponer el pasado, de medirlo así, sino de que tengamos los mejores y los más preparados funcionarios en la prestación de los servicios públicos del presente y del futuro", lo que es cuestión no solo de convocar más plazas, sino también de dedicarlas a las prioridades.
El ministro ha agradecido a los empleados públicos su compromiso y el "extraordinario esfuerzo" que han realizado durante los años de la crisis. "Ahora que la recuperación económica es una realidad que vamos constatando cada vez más, también es momento de apostar por la Función Pública y por su desarrollo", ha afirmado.
Reparto de plazas y déficit público
En el desglose de la Oferta Pública ordinaria, Cristóbal Montoro ha indicado que las plazas se reparten entre la Administración General del Estado, Justicia y los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, "una figura muy importante en términos de cohesión entre las Administraciones".
Respecto a la Oferta extraordinaria, ha detallado que la mayor dotación de plazas corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, seguida por la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, la Inspección de Trabajo y la Intervención General de la Administración del Estado. Además, 150 plazas irán destinadas a las oficinas de expedición del DNI y el pasaporte, y otras 505 a los servicios de la Dirección General de Tráfico encargados de las pruebas de obtención de los permisos de conducción. El decreto autoriza la convocatoria en los cuerpos de funcionarios del ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributariade 2150 plazas de acceso por turno libre, de las que 1075 corresponden al ejercicio 2017 y 1075 al ejercicio 2018:
Por otra parte, el ministro de Hacienda y Función Pública ha informado de la modificación por parte del Consejo de Ministros de los objetivos de déficit de los agentes del sector público para los años 2018 y 2019. El cambio ha recibido el informe favorable del Consejo de Política Fiscal y Financiera en su reunión de esta mañana.
El Ejecutivo ha acordado aumentar en una décima el objetivo de déficit de las comunidades autónomas, que se sitúa ahora en el 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2018 y el 0,1% en 2019. Este incremento se corresponde con una reducción del objetivo de déficit de la Seguridad Social, que pasa al 1,1% del PIB en 2018 y al 0,9% en 2019.
El cambio, rechazado por tdas las comunidades gobernadas pior el PSOE salvo Extremadura, según ha señalado Montoro, obedece por una parte a la negociación política, ya que la propuesta necesita contar con suficientes apoyos en el Congreso de los Diputados, y por otra, a la evolución positiva del número de cotizantes a la Seguridad Social, que el mes pasado se incrementó en un 3,8%.
El titular de Hacienda ha recalcado que el límite de gasto no financiero del Estado para 2018 no se modifica con respecto al que se aprobó el pasado 3 de julio. Además, se ha mostrado convencido de que el techo de gasto superará el trámite parlamentario en el Congreso el próximo martes. Tras pasar la iniciativa al Senado al día siguiente, ha apuntado, "tendremos ya la puerta abierta para elaborar los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018".
El Consejo de Ministros aprobó tambien la creación de una comisión de expertos para que elabore un informe sobre los distintos escenarios de transición energética. Estará formada por catorce miembros: cuatro designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). Y dispondrán de seis meses para presentar el documento, que recogerá alternativas que analicen la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) en el marco de una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono. También evaluarán el grado de penetración de las renovables en relación con los objetivos acordados por España con la Unión Europea.
Capacidad Adquisitiva y reputación española
En su balance de la actualidad semanal, el portavoz ha resaltado los datos positivos de empleo y afiliaciones a la Seguridad Social del mes de junio, así como la revisión al alza de las previsiones de crecimiento de la economía española. En su opinión, se trata de "un crecimiento integrador que empuja hacia una mayor cohesión social porque es sostenible y continuado".
Asimismo, dijo que en el Informe 'Country RepTrack', que elabora el 'Reputation Institute' y evalúa la reputación de los 55 países con mayor PIB del mundo, España gana cuatro puestos con respecto a 2016 y se sitúa como el décimo tercer país con mejor reputación, por delante de otros como Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia, como informó Ibercampus. Las dos variables que registran una evolución más favorable son la percepción del entorno económico, que sube casi un 4%, y el bienestar social, que aumenta un 3,2%.
El ministro ha señalado que España "no sólo recupera los valores de confianza y de prestigio internacional previos al comienzo de la crisis de 2009, sino que los supera holgadamente hasta situarse en la cota más alta de la serie histórica".
Tras exponer estos datos, Méndez de Vigo ha confirmado que el Gobierno estima que "ha llegado el momento, porque lo permiten los datos, de recuperar también la capacidad adquisitiva de los salarios", tal y como anunció la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el martes pasado.
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A propósito de la elevación del salario de los empleados públicos, el ministro de Hacienda y Función Pública ha explicado que "entraremos en una negociación salarial en la que el referente no será necesariamente el Índice de Precios al Consumo, IPC", sino el crecimiento económico; se extenderá a tres ejercicios, y tomará en consideración el "efecto dinamizador de la economía" que ha supuesto la actividad de los empleados públicos, "que debe tener reflejo en sus nóminas".
Cristóbal Montoro ha adelantado algunos aspectos de la reducción del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que se recogerán en los Presupuestos Generales del Estado para 2018: "Se aplicará a las rentas inferiores que hoy no están exentas del tributo"; elevará los umbrales de tributación a partir de 14.000 euros, contemplará deducciones de la cuota en favor de las personas discapacitadas y mejorará el tratamiento de la natalidad, la atención a los mayores y a quienes tienen personas de edad a su cargo. Estas medidas, ha cuantificado, pueden afectar a unos veinte millones de contribuyentes.
