Las Comunidades con mayor «limbo de la dependencia», personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (32%), La Rioja (31,53%) y Canarias (27,08%); y las que menos Castilla y León (0,17%), Castilla La Mancha (4,51%) y Galicia (5,82%).
Madrid (-62,9%), Aragón (-42,2%), Castilla La Mancha (-38,8%), Asturias (-32,2%) y Andalucía (-32,2%) han cumplido el objetivo de reducción de la lista de espera del Plan de Choque. Las tres comunidades con mayor limbo de la dependencia, a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, han aumentado la lista de espera en este año: Canarias (+23,1%), La Rioja (16,4%) y Cataluña (+7%). La burocracia en los procedimientos y estas Comunidades no han permitido que el Gobierno haya cumplido con el objetivo de reducción de la lista de espera en 60.000 personas comprometidas en el plan de choque.
Las Comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación el pasado año han sido la C. Valenciana (+14,9%), Asturias (+14,5%) y Madrid (+14,4%). Por el contrario, en País Vasco ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición disminuyendo el número de beneficiarios.
Las Comunidades que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2021 han sido: C. Valenciana (+11,8%), Canarias (+10,8%) y Asturias (+9,2%). Por el contrario, en Cantabria el número de personas con derecho se redujo el año pasado en un 10,9%.
Estos datos parecen indicar que el SAAD se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes con Grado I. Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia. Pasados casi dos años de la pandemia no se ha logrado recuperar las plazas residenciales y de centros de día, -1.129 plazas residenciales y -4.732 plazas de centros de día, respectivamente.
A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención. Lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, son necesarias medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país. El Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones. Además, debe incluir la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia.
Hay que recordar que cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley y que, desgraciadamente, a las 46.671 personas que fallecieron este pasado año, el plan de choque no les llegó a tiempo.
