El Tratado de Lisboa introdujo las iniciativas ciudadanas europeas. Estas se pusieron en marcha como una herramienta en manos de los ciudadanos para fijar el programa político en abril de 2012, cuando entró en vigor el Reglamento en la materia por el que se aplican las disposiciones del Tratado.
Una vez registrada oficialmente, la iniciativa ciudadana europea permite a 1 millón de ciudadanos de al menos una cuarta parte de los Estados miembros de la UE pedir a la Comisión Europea que presente propuestas legislativas en ámbitos en los que tenga competencias para hacerlo.
Los requisitos de admisibilidad, conforme a lo establecido en el Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea. son que la medida propuesta no esté claramente fuera de la competencia de la Comisión para presentar una propuesta de acto legislativo, que no sea claramente abusiva, frívola o vejatoria y que no sea claramente contraria a los valores de la Unión.
En los últimos 3 años, se han realizado mejoras no legislativas de esta herramienta. Además, la Comisión Juncker ha adoptado un enfoque más político: actualmente, el Colegio de Comisarios atiende a todas las solicitudes de registro (antes de que puedan recogerse las firmas), y, en algunos casos, se han aceptado registros parciales. Estos cambios han dado lugar a un aumento significativo del número de iniciativas aceptadas para su registro: desde abril de 2015, se ha aceptado el 90 % de las iniciativas propuestas, frente al 60 % del período de tres años anterior.
De las 4 iniciativas ciudadanas que recibieron el apoyo de más de 1 millón de ciudadanos, la Comisión está efectuando un seguimiento de la iniciativa «Stop Vivisection» con acciones no legislativas; en respuesta a la iniciativa «Right2Water», la Comisión propuso el pasado mes de febrero una revisión de la Directiva sobre agua potable; y, tras la iniciativa «Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos», la Comisión ha anunciado una propuesta legislativa de mejora de la transparencia en las evaluaciones científicas y la toma de decisiones.
Tras el primer Informe de la Comisión sobre la aplicación de la iniciativa ciudadana europea, de marzo de 2015, se puso en marcha un estudio destinado a aumentar la eficacia de esta herramienta, incluida una consulta pública abierta.
Posteriormente, la Comisión propuso un nuevo Reglamento el 13 de septiembre de 2017, que ahora debe ser adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo. El nuevo Reglamento hará que la iniciativa ciudadana europea sea más accesible, menos onerosa y más fácil de usar para los organizadores y los contribuidores. La Comisión insta a su adopción a más tardar al final de 2018, de modo que pueda entrar en vigor en enero de 2020.
Las propuestas se debatieron con las partes interesadas en el «Día de la ICE», organizado por el Comité Económico y Social Europeo el 10 de abril.
