Justo cuando llega a las librerías el libro al respecto del exministro catalán José Borrell, la polémica creció el martes primero de septiembre porque el PP registró en el Congreso una proposición de ley que reforma el Tribunal Constitucional para permitir que aplique sanciones, incluida la suspensión, de funcionarios y gobernantes que incumplan sus sentencias y resoluciones. Todos los diarios destacan que, aunque la medida será aplicable a todas las administraciones, está pensada para un posible escenario de declaración unilateral de independencia de Cataluña. En concreto, los diarios coinciden unánimemente en que esta medida va dirigida contra Artur Mas. Para el presidente de la Generalitat, el PP "se plantea cargarse el Estado de derecho". Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, respondió que nadie tiene "nada que temer", salvo que incumpla la ley.
Así, EL PAÍS destaca que "el PP reforma el Constitucional para poder inhabilitar a Mas". EL MUNDO dice que "Rajoy toma la iniciativa al habilitar al TC para suspender a Mas". De igual modo, ABC resalta que "el PP planta cara a Mas al reformar el TC para que sus sentencias se cumplan". LA VANGUARDIA apunta que "el PP quiere cambiar la ley para suspender a Mas". Por su parte, EL PERIÓDICO habla de "blindaje frente al 27-S", y añade que "el PP inicia una reforma exprés para que el Constitucional pueda suspender a Mas". LA RAZÓN refleja que "el TC podrá inhabilitar y suspender a Mas si incumple sus sentencias". CINCO DÍAS subraya la "reforma legal urgente para poder frenar a Artur Mas" y EL ECONOMISTA incide en que "el PP impulsa una reforma exprés del Constitucional para ´apartar´ a Mas".
La propuesta de reforma fue presentada por el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, y el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, quien consideró que esta medida es la "garantía de que nadie puede incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional y es un mensaje muy claro" a los que quieren "romper Cataluña del resto de España". "La broma ha terminado", proclamó.
El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, explicó que con el trámite de urgencia se pretende que el pleno del Congreso vote la toma en consideración de esta proposición la semana del 14 de septiembre y después vote el texto legislativo el 29 de septiembre. A continuación, la proposición pasará al Senado, para que, en el caso de que se introduzcan enmiendas, pueda volver a tiempo al Congreso y ser aprobada definitivamente antes de que acabe la legislatura, apuntó Hernando.
García Albiol pidió a todos los grupos del Congreso que apoyen la iniciativa, especialmente a Unió y al PSOE. Al respecto, señaló que en la votación de esta iniciativa se comprobará cuál es "la coherencia" de los socialistas, que "dicen una cosa en Madrid y lo contrario en Cataluña" cuando se refieren al debate soberanista.
Mas: PP plantea cargarse el Estado de derecho
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, dijo que el PP "se plantea cargarse el Estado de derecho". En una conferencia en la Cámara de Comercio de Girona, Mas se refirió a la reforma del Constitucional, que calificó de "esperpéntica" e "inquisitorial". "Esto sí que recuerda los años treinta. No es ni Estado de derecho ni calidad democrática, es alarmante", subrayó Mas durante su intervención. Mas expresó su deseo de que "esto ayude a muchos a abrir los ojos", y concluyó: "Con todo lo que se ha luchado para abrir España al mundo, todo esto se va a pique".
De igual modo, la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, consideró "inconstitucional" y "electoralista" la propuesta de reforma del Tribunal Constitucional presentada por el PP. El portavoz de Convergència en el Senado, Josep Lluis Cleries, afirmó que la propuesta supone "un ataque a la democracia en toda regla".
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, respondió que nadie tiene "nada que temer" de la proposición presentada por el PP, salvo que incumpla la ley. Sáenz de Santamaría subrayó que la reforma lo que hace es "fortalecer" el marco constitucional.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pidió "no preocuparse o escandalizarse" por el hecho de que el Gobierno pretenda fortalecer el Tribunal Constitucional con una reforma legal que garantiza el cumplimiento de sus sentencias. En su opinión, la reforma cumple una "laguna" del actual ordenamiento jurídico, ante el hecho de que un gobierno se niegue a cumplir los fallos del TC.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, defendió la reforma y reclamó al resto de formaciones que se "retraten" en su defensa o no del cumplimiento de la ley.
La oposición critica la propuesta
Los partidos de la oposición criticaron unánimemente la reforma del Constitucional propuesta por el PP. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de plantear una reforma de manera "unilateral" con fines "electorales" y "partidistas" y le recriminó que olvide el interés general de los españoles y pretenda legislar para la "extrema derecha" de su partido. El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, advirtió de que la reforma "alimenta el victimismo" de Artur Mas y su lista independentista.
El líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, criticó la reforma y advirtió de que es "poco inteligente" pensar que multando a Mas se va a resolver el problema de Cataluña. En una tribuna publicada este miércoles en EL PAIS bajo el título A Felipe González… y a los españoles, reparte errores a diestra y siniestra, para al final proponer reducir a la insignificancia a los que desde España hacen irresponsablemente votos para que los catalanes se vayan de una vez y a quienes desde Cataluña desprecian al resto de España.
El secretario general de Unió, Ramon Espadaler, calificó de "oportunista" y "electoralista" la propuesta e instó al Gobierno a aplicarse a sí mismo esta iniciativa por "incumplir" sus sentencias. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirmó que la propuesta del PP genera más "alarma y crispación".
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, alertó al PP de que los "problemas políticos" como los derivados del proceso independentista de Cataluña no se resuelven con "ataques y amenazas", sino a través del diálogo. El senador del PNV Jokin Bildarratz acusó al PP de buscar "el enfrentamiento y la confrontación".
Para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "las amenazas" no ayudan a que los ciudadanos entiendan, y apostó "por el diálogo. También desde Podemos, Rafael Mayoral acusó al PP de "echar lecha al fuego".
Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, rechazó la propuesta del PP. A su juicio, los populares presentan esta iniciativa "tarde y mal" y después de toda una legislatura en la que el Gobierno ha permitido a la Generalitat que no cumpla las leyes.
Últimos editoriales de la prensa
Un grave error: el atajo electoralista del PP con el Constitucional empeora la situación en Cataluña(EL PAÍS): "Las elecciones del 27 de septiembre no cerrarán las tensiones que vienen produciéndose en torno al conflicto planteado por el independentismo, cualesquiera que sean sus resultados, porque resolver el problema no es cuestión de una receta del último minuto". "El Gobierno debería haber calibrado que los requerimientos de respeto a la legalidad expresados por la canciller alemana Ángela Merkel, o por el exdirector jurídico de la UE, Jean-Claude Piris, resultan más eficaces frente a los independentistas en Cataluña que tomar un atajo incierto"."La cautela y la prudencia que los partidos han observado para no tocar las vigas maestras del sistema constitucional, mientras no haya amplios consensos, se vienen abajo como consecuencia de esta irrupción en tromba del Grupo Parlamentario Popular". "El PP no valora bien la trascendencia de la decisión, ni calcula el riesgo de boomerang en forma de posible desprestigio del máximo intérprete de la Constitución". "Usar el desafío independentista para las necesidades electorales no es propio de un partido responsable".
Una reforma justificada en el fondo, pero incorrecta en la forma (EL MUNDO): "El Estado de Derecho está sufriendo un ataque frontal por parte de Artur Mas y la Generalitat de Cataluña, que han decidido ignorar la legalidad vigente para iniciar el camino de la secesión". "La iniciativa cubre, además, una laguna jurídica en la medida en que el Constitucional carecía de medios para ejecutar sus propias resoluciones, cuya desobediencia quedaba sin consecuencias jurídicas". "La reforma, si sale adelante en el escaso tiempo que resta de legislatura, permitirá reforzar al Estado de Derecho contra los planes secesionistas de Mas, y que éste podría ser suspendido por el Constitucional como presidente de la Generalitat si incurriera en una desobediencia al promover una declaración universal de independencia". "Lo que llama la atención es la polémica surgida en torno a una proposición cuya finalidad esencial es que se cumplan las resoluciones judiciales, uno de los pilares esenciales de cualquier democracia. Esto es lo que el Gobierno debería haber explicado mejor".
Triple varapalo al independentismo(ABC): "El desafío secesionista de Artur Mas sufrió ayer un triple varapalo como expresión de la intensa preocupación nacional e internacional que genera la amenaza separatista. Primero fue Ángela Merkel quien advirtió de que una eventual declaración unilateral de independencia de Cataluña chocaría frontalmente con los tratados que garantizan la integridad territorial de los Estados". "Después, la patronal catalana Fomento del Trabajo avisó del temor en la clase empresarial a una aventura inédita y perjudicial. Aunque esta advertencia tan realista y categórica sea tardía, sólo puede ser bienvenida"."Ya no es hora de más silencios cómplices o de conductas indolentes frente a una amenaza tan grave. Por ello resulta igual de relevante la iniciativa del Gobierno para dotar con urgencia al Constitucional de instrumentos jurídicos que le autoricen a imponer la ejecución de sus sentencias y la posibilidad de suspender a los responsables de su incumplimiento"." Cataluña debe asumir que las ínfulas identitarias son contraproducentes en un mundo globalizado cuando se llevan al extremo de la ruptura emocional, el aislamiento económico y la desobediencia de las normas".
La ´reforma Albiol´ del Constitucional(EL PERIÓDICO): "Finalmente, el Gobierno ha movido ficha en el contencioso catalán, pero no precisamente en la dirección esperada por los numerosos ciudadanos -sobre todo de Cataluña, pero también del conjunto de España- que desean una solución política basada no sólo en la legalidad sino también en el diálogo". "La reforma exprés de la ley del Tribunal Constitucional que anunció ayer el PP para intentar disuadir a Artur Mas y a quienes le siguen en la senda independentista desprende un aire electoral imposible de ocultar"."El protagonismo que se concedió a Xavier García Albiol, que no es diputado en el Congreso, en la presentación de esta propuesta legislativa revela inequívocamente su objetivo de corto alcance: los intereses electorales del PP el 27-S y, sobre todo, en los comicios generales de dos o tres meses después". "El PP teme perder votos a favor de Ciudadanos, y por eso ha optado en Cataluña por la línea de firmeza sin ambages que presenta García Albiol". "Se puede discutir la conveniencia o no de la medida, pero querer introducirla por la vía de urgencia es un notable desatino".
Una reforma legal necesaria(LA RAZÓN): "Acontecimientos recientes que están en la memoria de todos, con el expreso desafío a la legalidad por parte de representantes públicos más obligados, si cabe, a defenderla, hacen de todo punto necesaria la ley de reforma del Tribunal Constitucional presentada ayer por el PP ante el Congreso". "Se trata de dotar a los magistrados del TC de la capacidad de hacer cumplir sus resoluciones, sin necesidad de recurrir a la jurisdicción ordinaria"."Frente a la osadía de quienes pretenden convertir las decisiones del TC en simples resoluciones declarativas, la reforma dota a sus magistrados de un instrumento ejecutivo que evita tener que reaccionar a golpe de Código Penal ante cualquier actitud de rebeldía". "Contribuirá a acabar con el deplorable espectáculo de unos representantes públicos, cuya legitimidad de ejercicio proviene de la propia Carta Magna, alardeando del incumplimiento de las leyes. La reforma es necesaria y así, sin duda, lo percibe la gran mayoría de los ciudadanos".
