Según declaró este miércoles Simona Levi, fundadora de Xnet, en un acto sobre protección de los denunciantes organizado por la autoridad española de Competencia, una de las novedades de esta directiva es que el alentador podrá salir de los actuales canales internos de algunas empresas o instituciones como en España la CNMC y acudir directamente a la fiscalía, mientras que hasta ahora los paises europeos evitaban esa posibilidad.
Al filo de la medianoche los negociadores llegaron a ese acuerdo político provisional necesario para que dentro de unos dos años pueda surtir efectos el hoy aún proyecto de directiva europea, según el cual el fraude, la corrupción y otras irregularidades dentro de organizaciones o empresas públicas o privadas amenazan gravemente el interés público, e incluso socavan los valores de la Unión Europea. Cita como ejemplo los principales escándalos de los últimos años y meses, desde las revelaciones de LuxLeaks hasta los papeles de Paradise y de Panamá, pasando por el Dieselgate o la consultora Cambridge Analytica. La Comisión europea asegura en su proyecto que esos ejemplos se han detectado “gracias a personas que han alzado su voz cuando se han encontrado con irregularidades en el marco de su trabajo”. Así justifica una amplia panoplia de medidas para reforzar la protección de los denunciantes, que el poder ejecutivo europeo presenta como destinado incluso a defender los valores de la Unión.
Además, si tras la denuncia a las autoridades no se toman las medidas oportunas o existe peligro inminente o manifiesto para el interés público, o cuando la denuncia a las autoridades no surta efecto porque las autoridades puedan estar en connivencia con el autor del delito, los denunciantes podrán divulgar la información también a los medios de comunicación. Eso significa que los denunciantes estarán también protegidos cuando actúen en calidad de fuentes de información en el ámbito de las investigaciones periodísticas.
Según el pacto al que han llegado los negociadores de los legisladores, las normas protegerán a los denunciantes frente a despidos, degradación y otras formas de represalia y también en procedimientos judiciales. Exigirán a las autoridades nacionales que informen a los ciudadanos sobre los procedimientos de denuncia de infracción y el tipo de protección al que pueden acogerse. La normativa será de aplicación para las administraciones locales y nacionales con más de 10.000 habitantes y todas las empresas de más de cincuenta empleados que deberán establecer canales internos de denuncia. Los Estados miembros también deberán designar una autoridad pública responsable de lidiar con este tipo de denuncias.
Frente a esa defensa orientada a los ideales de la UE, modelo integrador hoy cuestionado por populismos que crecen cada día más fuertes desde hace dos décadas, el proyecto español de Ley de seguridad de las redes y sistemas de información que debate el Congreso lo que pretende defender es sobre todo las principales infraestructuras, que es otro de los objetivos en cualquier guerra: los servicios esenciales y de los proveedores de servicios digitales. Para
ello, regula las obligaciones de seguridad (hoy día resulta inevitable utilizar como sinónimo de seguridad el de ciberseguridad) de los operadores de estos servicios esenciales (físicos) y los digitales.
"Debemos proteger a los denunciantes para que no sean penalizados, despedidos, degradados o demandados ante los tribunales por actuar correctamente en beneficio de la sociedad", ha dicho el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, tras conocerse el acuerdo. La nueva directiva, ha agregado, garantiza que los 'soplones' puedan "informar de manera segura sobre las vulneraciones del derecho comunitario en diversos ámbitos". La protección cubre entre otras las denuncias por fraude, corrupción, evasión fiscal o daños a la salud de las personas y el medio ambiente.
La Comisión Europea, que presentó su propuesta de directiva en abril de 2018, ha celebrado el acuerdo al que han llegado para crear un “sistema equilibrado” que alentará a los empresarios a resolver los problemas a nivel interno pero que permitirá a los denunciantes externalizar el caso si se topara con problemas en su organización. Las nuevas normas, que establecen un mínimo común denominador para toda la UE en un ámbito en el que la protección está fragmentada y es desigual, abarcan una amplia variedad de delitos recogido en un anexo.
Desde la lucha contra el blanqueo de capitales y la fiscalidad de las empresas hasta la protección de datos, la protección de los intereses financieros de la UE, la seguridad de los alimentos y los productos, la protección del medio ambiente y la seguridad nuclear. No obstante, los Estados miembros podrán ampliar ese listado y aplicar las mismas normas en otros ámbitos si quieren ser más ambiciosos, con la salvedad de las informaciones clasificadas y la seguridad del estado que quedarán excluidas del campo de acción.
Actualmente solo diez Estados miembros –Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido- tienen un marco legal amplio de protección. En el resto esa protección es parcial o se aplica solo a determinadas categorías. “Debemos proteger a los denunciantes para que no sean penalizados, despedidos, degradados o demandados ante los tribunales por actuar correctamente en beneficio de la sociedad”, ha defendido el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que ha animado a los gobiernos europeos a establecer estructuras de protección basadas en los mismos principios .
