Alaya imputa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández como primer acusado de esta causa por malversación y prevaricación continuados, y le señala como máximo responsable de estas exoneraciones, a pesar de que en los dos últimos ejercicios ya había abandonado el ejecutivo.
En su auto, la juez asegura que, según se desprende de la declaración prestada como testigo ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por el director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, la Administración autonómica habría exonerado o permitido no justificar 950 millones en subvenciones a la formación, todo ello a fecha de octubre de 2013 y con base en las resoluciones de exoneración de la justificación dictadas por la Junta hasta esa fecha.