Por su parte, el Ministerio de Sanidad dice que no se va a excluir a ningún ciudadano y que todo el mundo tiene garantizada la asistencia médica cuando decidan regresar a España. Así, se excusan en la legislación Europea.
El Gobierno explica que lo que intentan es evitar abusos de extranjeros que trabajaron aquí, que después volvieron a su país de origen y a los que España sigue costeando sus tratamientos.
Los españoles que no tienen empleo y que están fuera buscando deberán mantener la residencia en España para poder ser atendidos pasados los 90 días. Los que sí tienen trabajo estarán cubiertos por el país en el que viven.
El problema surge cuando a alguien le contratan y no le quieren dar de alta en su Seguridad Social. Esa situación -dicen- debe denunciarla porque es ilegal. España, afirma Sanidad, también se hace cargo de la asistencia de los extranjeros europeos que trabajan aquí porque sus empresas pagan a nuestra Seguridad Social.
