La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha afirmado que esta oferta responde, por primera vez, "a una auténtica política de planificación en el diseño de la estrategia de recursos humanos en la Administración General del Estado".
Batet ha explicado que esta nueva metodología se ha realizado a partir de un informe sobre la situación actual de la plantilla de personal funcionario y laboral y de una estimación plurianual de las plazas necesarias en cada ministerio para los próximos tres años, lo que ha permitido "basar las decisiones en las necesidades reales y actuales de recursos humanos que es necesario satisfacer".
Los datos contenidos en el Registro Central de Personal a fecha 1 de enero de este año sitúan la edad media de los empleados públicos de la AGE en los 52 años, diez años por encima de la media de edad en el conjunto de la población activa. Solo el 10% tiene menos de 40 años.
Al problema del envejecimiento progresivo, la ministra ha sumado el de la pérdida de efectivos. Entre 2009 y 2019, las tasas mínimas de reposición ya supusieron la pérdida de 36.512 puestos en la Administración General del Estado, mientras que en 2019 se prevé la jubilación de un 14% del personal, una cifra que superará el 51% en los próximos diez años y que, para algunos grupos, como los auxiliares administrativos, podría alcanzar el 62%.
Batet ha defendido la necesidad "ineludible" de una reposición suficiente de personal a lo largo de los próximos años, para recuperar un nivel de empleo público adecuado. La ministra ha recordado que España se sitúa actualmente por debajo de la media europea de asalariados del sector público respecto a la población de cada país, un 2,7% frente al 3%, según los datos de Eurostat. "Las administraciones públicas españolas no están sobredimensionadas", ha señalado.
La ministra ha explicado que, además de cuantitativamente, la oferta de empleo para 2019 ha tenido en cuenta las necesidades cualitativas de los servicios públicos y que, por ello, se refuerzan esencialmente los servicios de atención a la ciudadanía y territoriales, como los servicios de empleo, tráfico, Catastro, Seguridad Social y los que prestan las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. "También se priorizan el sector de la I+D+i, la lucha contra los fraudes fiscal y laboral, la administración penitenciaria y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones", ha añadido.
Detalles de la oferta
El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público para 2019 que sumará un total de 33.793 plazas, 2.949 más (casi un 10%) que la oferta de 2018 y la mayor de los últimos 11 años.
Las plazas de la Oferta de Empleo Público son 28.539 más 5.254 correspondientes a estabilización de empleo temporal.
Distribución de efectivos
- Administración General del Estado: 20.781
- Fuerzas Armadas: 1.814
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 5.561
- Estabilización en el ámbito de Justicia: 2.237
- Estabilización en el ámbito de Educación: 489
- Estabilización en el ámbito AGE: 2.528 (en 2019 y correspondiente a PGE 2018)
- Previsiones del efecto del Brexit: 383 (convocadas ya en febrero)
Objetivos de la OEP 2019
- Utilizar la OEP como un instrumento de planificación de recursos humanos, mediante la incorporación de herramientas que permitan hacer un uso lo más eficiente posible de la distribución de las plazas de la oferta.
- Atender las demandas y necesidades ciudadanas, mediante el refuerzo de la presencia del Estado en el territorio, allí donde se prestan los servicios directos al ciudadano: Seguridad Social, catastro o servicios de empleo. Esta importante oferta reforzará la dotación de la Administración Periférica del Estado con un total de 15.837 plazas, el 47%.
- Atender asimismo otras áreas prioritarias como la I+D+i, la lucha contra el fraude fiscal, las instituciones penitenciarias, así como la incorporación de las nuevas tecnologías en la AGE
- El Gobierno sigue apostando por la prestación de servicios a la ciudadanía, por el empleo público y por un mayor grado de igualdad en la administración pública y en la sociedad. Garantizar los derechos de los ciudadanos y el refuerzo de las instituciones.
Novedades de la OEP 2019
Por primera vez, la OEP se realiza con una metodología plurianual y con una filosofía de "base 0" para 2019, como año inicial de referencia del período de planificación. Se ha analizado tanto el envejecimiento de plantillas como el resultado de los procesos selectivos y se ha realizado la OEP sobre las necesidades previstas a tres años.
Por otro lado, a esta oferta le será de aplicación la eliminación como motivo de exclusión para el acceso al empleo público del diagnóstico de la diabetes, celiaquía, psoriasis o el VIH. Esta medida se adoptó por acuerdo del Consejo de Ministros el 30 de noviembre de 2018.
Calidad de los servicios públicos: La ciudadanía valora positivamente los servicios que recibe, así lo destacan distintos informes y encuestas. Y sobre la eficiencia, de acuerdo con las cifras de Eurostat, en el indicador de porcentaje de asalariados en el sector público frente al conjunto de población nos encontramos por debajo de la media de los países de la UE. España, con un alto nivel de eficiencia en la prestación de servicios públicos, representa un 2,7% frente al 3% del promedio de la UE.
Envejecimiento del empleo público
España es un país que envejece y la situación se refleja también en su Administración, que tiene que hacer frente a este reto. Durante los últimos años, el envejecimiento del personal de la AGE forma parte del debate sobre el futuro de nuestro sector público. Para conocer la dimensión del problema y poder adoptar las medidas necesarias, hemos analizado la edad del personal funcionario y laboral.
Situación a 1 de enero de 2019
La AGE (personal de los ministerios, excluyendo FFAA y FCSE) cuenta con 135.476 empleados públicos. La edad media de este personal es de prácticamente 52 años (51,9), casi diez años más que la del conjunto de la población activa del país (42,5).
En la pirámide por edad se aprecia la distribución del personal por grupos de años. Destacan dos reducciones: la primera -colectivo de 40 a 49 años- fruto del efecto de la culminación de los procesos de traspaso de personal a las CCAA. La segunda -efectivos entre 30 y 39 años- refleja los efectos de la crisis económica y la reducción de las tasas de oferta de empleo a límites muy por debajo de los niveles que garantizan la reposición de efectivos.
En los últimos 15 años se observa cómo el envejecimiento del personal se va acelerando. Los 46 años de edad media registrados en el año 2004 pasaron a ser 47 en 2008, 49 en 2012 y 52 en 2019.
La primera consecuencia de esta situación afecta a la previsible reducción de efectivos por el impacto de la jubilación. En los próximos diez años (2029) más del 51% del personal -casi 70.000 efectivos- se va a jubilar. En grupos como auxiliar y administrativo estos porcentajes son incluso mayores, alcanzando el 57,3% y 62,6%, respectivamente.
19.159 empleados públicos -cerca del 14%- pueden jubilarse este año 2019.
Las cifras dan una idea de la magnitud del problema que hay que afrontar en los próximos años, de manera ineludible, mediante una reposición suficiente de efectivos, jugando un papel esencial las ofertas de empleo público.
El reto no es sólo cuantitativo, porque las necesidades son distintas a las de hace 15 años y las circunstancias han cambiado en la Administración: la descentralización y las nuevas tecnologías adquieren cada vez mayor protagonismo y, por tanto, repercuten en la prestación de los servicios públicos. Con estos aspectos, hay que definir los nuevos recursos humanos en función de los sectores más necesitados y de atención directa a la ciudadanía, a través de la adecuada planificación.
La introducción de importantes cambios metodológicos en el diseño de la OEP permite orientar la cobertura de los recursos personales -cuantitativa y cualitativamente- a las necesidades sociales.
Se ha tenido en cuenta la identificación de sectores sensibles por su impacto en las necesidades de la ciudadanía que precisan atención y refuerzo especiales.
Partiendo del análisis y de los sectores prioritarios marcados por los PGE prorrogados, la oferta refuerza servicios públicos de atención a la ciudadanía prestados por la Administración en el territorio: delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, empleo, tráfico, catastro, extranjería… También el sector del I+D+i, lucha contra el fraude fiscal y laboral, Administración penitenciaria y nuevas tecnologías de la información y comunicaciones en la AGE.
En tanto, la OEP 2019 ofrece novedades que permiten mejorar la planificación en el diseño de la política de recursos humanos en la AGE:
- Realización de un análisis de la tendencia al envejecimiento de las plantillas.
- Estimación plurianual de necesidades por cada departamento para el período 2019-2021, que permitirá distribuir adecuadamente la oferta por grupos teniendo en cuenta que los grupos auxiliar y administrativo tardan seis meses en incorporarse al servicio, mientras que los grupos superiores -por la complejidad de sus procesos selectivos- prolongan ese plazo entre año y medio y dos años.
- El análisis de la situación real centra la metodología utilizada tomando el escenario actual como marco de referencia o "base 0" para el conjunto de la programación.
- Se ha revisado la tasa de cobertura de las plazas convocadas para optimizar su dotación, evitando desajustes no deseados entre distintos cuerpos o escalas y la convocatoria de plazas que después no se cubren y, por tanto, se pierden.
España sale del Procedimiento de Déficit Excesivo de la UE
El Consejo de Ministros ha analizado los , que reflejan que España ha crecido más de lo que han previsto los organismos independientes y sigue avanzando en la consolidación fiscal.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el déficit del conjunto de las administraciones se sitúa en el 2,63% del Producto Interior Bruto (PIB) frente al 3,03% del año 2017. En total, el déficit se ha reducido en 4.098 millones de euros. "Los números reflejan que se ha combinado la reducción del déficit sin poner en riesgo el crecimiento económico y sin dejar a nadie a atrás", ha dicho.
Montero ha subrayado que los datos certifican que España abandonará el Procedimiento de Déficit Excesivo en el que estaba inmerso desde el año 2009. A su juicio, cumplir con el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea y bajar del umbral del 3% dota a España de "mayor credibilidad y la sitúa en una mejor posición competitiva".
La reducción del déficit responde, según ha argumentado la ministra, al incremento de la recaudación tributaria y de los ingresos de la Seguridad Social, y a la buena gestión del gasto y de los intereses de la deuda. En términos de contabilidad nacional, la reducción es consecuencia del aumento de los ingresos en un 6% frente a un aumento del gasto del 4,7%. Además, el déficit primario -descontando los intereses- se reduce un 75,5% al pasar de 6.066 millones a 1.490.
La ministra ha afirmado que el objetivo es rebajar la cifra de déficit proyectada -que está en la horquilla del 2,2%-2,4%- al 2% del PIB.
Ingresos
María Jesús Montero ha resaltado que los datos de recaudación de la Agencia Tributaria mejoran en todas las figuras fiscales. De hecho, los ingresos por IRPF aumentaron una 7,6%, alcanzando los 82.859 millones de euros, y el impuesto de sociedades aportó al Estado 24.838 millones. La recaudación del IVA se incrementó un 10,3% hasta alcanzar los 70.177 millones.
Gasto público
El gasto del conjunto de las administraciones públicas se situó en 2018 en el 41,5%, medio punto más que en 2017, mientras que en la zona euro está en el 47% del PIB. La titular de Hacienda ha apuntado que estos datos demuestran que, en esta materia, España se encuentra por debajo que de lo que se marca en la zona euro.
La ministra ha destacado que la partida de gasto más relevante, que alcanza los 185.093 millones de euros, corresponde a prestaciones sociales: pensiones, prestaciones por desempleo o dependencia.
La Administración central cierra 2018 con un déficit del 1,5% del PIB, lo que supone una reducción de 3.407 millones de euros. Las Comunidades Autónomas cierran con un déficit del 0,23%, cumpliendo con el objetivo de situarse por debajo del 0,4%. La ministra ha resaltado que "cinco regiones han experimentado ya en 2018 superávit presupuestario".
Las corporaciones locales cerraron ejercicio con un superávit del 0,52%, son las entidades más saneadas y podrán reinvertir ese superávit en inversiones sostenibles.
Por su parte, la Seguridad Social terminó 2018 con un déficit de 1,41% del PIB. Ello supone una reducción respecto al 1,44% registrado el año anterior.
Inversiones financieramente sostenibles
María Jesús Montero ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que permitirá a municipios y comunidades autónomas para el ejercicio 2019. Podrán invertir en servicios públicos básicos, en materia de seguridad, protección civil, asistencia social primaria, sanidad, educación y equipamientos culturales, entre otros.
