En efecto, los últimos datos de la estrategia de base aprobada una semana antes por el Gobierno indican que, pese a la mejora coyuntural del empleo, su nivel sigue siendo en España cerca de un 10% inferior a la media europea, mientras que los jóvenes que ni estudian ni buscan trabajo (ninis ) todavía están por encima del 20,4% del totales la población activa española y el desempleo juvenil en torno al 36%, cuando sus respectivas cifras al empezar la crisis eran de casi la mitad, 12 y 18,1%, respectivamente.
El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, presidió la LXVIII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las comunidades autónomas han aprobado el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) 2018 sin modificar esas cifras de base de la Estrategia, que no fija objetivos cuantitativos para el paro juvenil ni para los “ninis”, dando así forma a una de las principales novedades de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, recién aprobada sin novedades respecto a la anterior por el Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre.
El PAPE es el instrumento para la programación y coordinación de las políticas de activación para el empleo, que alguños años recientes se aprobaron casi al terminar el año de objetivos que ahora tienen previsto desarrollar tanto las comunidades autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con cargo a los fondos que serán distribuidos por este último. Para 2018 contiene un total de 617 servicios y programas, frente a los 538 de 2017, lo que supone un incremento del 14,7%.
La novedad más significativa que incorpora es que, en cumplimiento de la Estrategia Española de Activación para el Empleo (EEAE) 2017-2020, por primera vez recoge los objetivos-clave que utiliza la Red de Servicios Públicos de la UE para evaluar el desempeño de todos ellos.
Además, incluye, como referencias acordadas en la Conferencia de Presidentes del 17 de enero, los objetivos estratégicos de promover la activación y mejora de la empleabilidad de los jóvenes; potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social y la inserción de los desempleados de larga duración y los mayores de 55 años; impulsar una oferta formativa dirigida a un mercado laboral cambiante; mejorar el desempeño de los Servicios Públicos de Empleo (SPE), y abordar las políticas de activación desde una perspectiva holística.
Todos ellos, junto a los objetivos estructurales, se evaluarán a partir un total de 27 indicadores y 44 componentes.
Desde 2013 el cumplimiento de objetivos se ha tenido en cuenta para el reparto territorial de los fondos de forma creciente hasta llegar al PAPE 2017, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, en el que se establece que la distribución de fondos se hará de forma completa en función de los resultados de los años anteriores. Esta distribución se continúa en el PAPE 2018.
Esto es, en línea con una de las prioridades de la EEAE 2017-2020, que según el Gobierno avanza en la modernización y coordinación de los SPE, como se desprende del mandato de la Conferencia de Presidentes, "aumentando la eficacia y la eficiencia de las Políticas Activas de Empleo, y avanzando para ello en la evaluación de las mismas en función de resultados y su planificación en el primer trimestre del año".
-
En una mayor inserción en el mercado de trabajo de los demandantes inscritos en los SPE, que ha pasado del 38,4% en 2013 al 48,29% en 2016.
-
En el aumento del porcentaje de jóvenes que se ha incorporado al mercado de trabajo tras recibir alguna atención, y que se ha incrementado desde el 19,8% en 2015 al 22,6% en 2016.
-
En que un 44,5% de los desempleados que finalizaron en 2016 con apto una acción formativa encontraron un empleo dentro de los seis meses siguientes a la finalización de la misma.
-
Y en que la inserción de las personas perceptoras de prestaciones atendidas por los SPE se ha multiplicado por seis en cuatro años (su tasa de inserción ha pasado del 1,22% en 2013 al 7,26% en 2016).