El presidente de EEUU, Donald Trump, insinuó que la decisión del lunes pasado de aislar a Qatar por parte de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto fue como consecuencia de su gira internacional, pese a que el Pentágono norteamericano elogió recientemente a Qatar, donde Estados Unidos tiene la principal base militar de la zona. "Durante mi reciente viaje a Oriente Próximo ya defendí que no podía haber financiación de la ideología radical. Los líderes señalaron a Qatar. ¡Mirad!", escribió en Twitter. Posteriormente, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, pidió a los países que han roto relaciones diplomáticas con Qatar que rebajen las tensiones y resuelvan la crisis "de inmediato".
Por su parte, el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Abdel al Jubeir, instó a las autoridades qataríes a tomar la iniciativa para resolver la crisis. "Nadie quiere hacer daño a Qatar, pero tiene que elegir si se mueve en una u otra dirección", dijo. Mauritania se sumó a la lista de países que han roto relaciones diplomáticas con Qatar, mientras que Jordania anunció que va a reducir su representación diplomática.
El presidente ruso, Vladimir Putin, habló con el emir de Qatar a quien trasladó que está a favor "de los métodos políticos y diplomáticos para resolver la crisis".
Todos los diarios españoles destacan este miércoles más que esta conversación el que Rusia lanzó un ciberataque a gran escala contra el proceso electoral de EEUU, aunque el Kremlin niega que Rusia intentara hackear organizaciones estadounidenses a cargo de listas de votantes.
Denuncias de Amnistía y Human Rights Watch
Arabia Saudí debe anular inmediatamente la condena a muerte impuesta a 14 miembros de la comunidad chií por delitos relacionados con protestas, han declarado Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El Tribunal de Apelación del tristemente célebre Tribunal Penal Especializado confirmó en mayo las condenas impuestas hace un año el 1 de junio de 2016 en un juicio manifiestamente injusto seguido contra 24 ciudadanos saudíes. El Tribunal Penal Especializado es el órgano judicial antiterrorista saudí.
“El aumento de las condenas a muerte impuestas a miembros de la comunidad chií de Arabia Saudí es alarmante e indica que las autoridades están utilizando esta pena para saldar cuentas y aplastar la disidencia so pretexto de combatir el ‘terrorismo’ y mantener la seguridad nacional”, ha afirmado Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio de Human Rights Watch.
El 25 de mayo, las familias de tres de los enjuiciados supieron por una llamada telefónica que el Tribunal de Apelación del Tribunal Penal Especializado había confirmado las condenas a muerte de sus familiares. Los familiares de otros dos enjuiciados llamaron posteriormente, el 28 de mayo, al Tribunal, donde les informaron de que las condenas impuestas a sus familiares y a todo el grupo de 14 personas habían sido confirmadas en apelación. Se desconoce la fecha exacta de la decisión del Tribunal de Apelación.
La documentación judicial muestra que todos los enjuiciados, incluidos los 14 condenados a muerte, estuvieron en detención preventiva más de dos años antes de que comenzara el juicio. Durante ese periodo, la mayoría estuvo en régimen de aislamiento, y las autoridades saudíes les negaron el acceso a sus familias y abogados mientras los interrogaban.
Desde 2013, Amnistía Internacional y Human Rights Watch vienen registrando un preocupante aumento de las condenas a muerte impuestas a disidentes políticos en Arabia Saudí, incluida la minoría musulmana chií. Las organizaciones saben de al menos 38 miembros de esta comunidad que representa entre un 10% y un 15% de la población del país condenados a muerte actualmente. Las autoridades saudíes acusaron a estas personas de actividades consideradas un riesgo para la seguridad nacional y las condenaron a la pena capital en actuaciones judiciales que adolecieron de graves deficiencias seguidas ante el Tribunal Penal Especializado.
"El simulacro de actuaciones judiciales que terminó con 38 condenas de muerte viola las normas internacionales de juicios justos"
Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional en Oriente Medio
“El simulacro de actuaciones judiciales que desembocó en la condena a muerte de 38 hombres y menores chiíes viola abiertamente las normas internacionales sobre juicios justos”, ha declarado por su parte Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional en Oriente Medio. “Las condenas deben ser anuladas de inmediato.”
Amnistía Internacional y Human Rights Watch obtuvieron y analizaron el texto de 10 sentencias judiciales que afectaban a 38 personas dictadas por el Tribunal Penal Especializado entre 2013 y 2016. La mayoría se refería a hombres y menores acusados de delitos relacionados con las multitudinarias manifestaciones celebradas en 2011 y 2012 en localidades de la Provincia Oriental donde la población es mayoritariamente musulmana chií.
En casi todas las sentencias analizadas, los procesados se retractaron de sus “confesiones”, alegando que habían sido coaccionados en circunstancias que en algunos casos constituían tortura, como palizas y reclusión prolongada en régimen de aislamiento. El Tribunal rechazó todas las denuncias de tortura sin investigarlas. Algunos procesados pidieron a los jueces imágenes de vídeo de la prisión en las que, según afirmaban, se los veía mientras eran torturados. Otros pidieron al Tribunal que citara como testigos a los interrogadores, para que describieran cómo se obtuvieron las “confesiones”. Los jueces ignoraron estas solicitudes en todos los casos.
Los jueces admitieron las “confesiones” como prueba y declararon posteriormente culpables a los enjuiciados basándose únicamente en ellas.
“Las condenas a muerte basadas en ‘confesiones’ obtenidas bajo coacción violan el derecho internacional de los derechos humanos y son repugnantes, aunque son un resultado demasiado habitual en los casos relacionados con la seguridad en Arabia Saudí”, ha dicho Lynn Maalouf. “Estos juicios por delitos punibles con la muerte incumplen incluso las garantías procesales más básicas.”
El 2 de enero de 2016, Arabia Saudí llevó a cabo la ejecución masiva de 47 hombres por “delitos de terrorismo.” Entre los ejecutados figuraba Ali Saeed al Ribh, cuya sentencia judicial indica que tenía menos de 18 años en el momento en que se cometieron algunos de los delitos por los que fue condenado a muerte. Como Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, Arabia Saudí tiene la obligación legal de garantizar que no se impone la pena de muerte ni la de cadena perpetua sin posibilidad de libertad a personas que eran menores de 18 años en el momento en que se cometió el delito.
Entre los condenados a muerte en espera de ejecución hay cuatro ciudadanos saudíes declarados culpables de delitos cometidos cuando eran adolescentes: Ali al Nimr, Dawoud al Marhoun, Abdullah al Zaher y Abdulkareem al Hawaj.
Entre los ejecutados el 2 de enero de 2016 estaba el destacado clérigo musulmán chií Sheikh Nimr Baqir al Nimr, tío de Ali al Nimr, que criticaba abiertamente al gobierno y que fue declarado culpable en un juicio manifiestamente injusto.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch se oponen a la pena de muerte en todos los casos sin excepción. La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante y su carácter es excepcionalmente irrevocable. Está plagada, inevitable y universalmente, de arbitrariedad, prejuicio y error.
Hasta que se produzca la abolición total de la pena de muerte, las autoridades saudíes deben establecer inmediatamente una moratoria oficial de las ejecuciones y eliminar todas las disposiciones sobre esta pena que infringen el derecho internacional de los derechos humanos, como las que prevén su aplicación por delitos cometidos cuando el infractor era menor de edad y a personas que sufren discapacidad mental, han afirmado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Arabia Saudí es uno de los verdugos más prolíficos del mundo y ha ejecutado a más de 400 personas desde que comenzó 2014, en su mayoría por asesinato, delitos de drogas y terrorismo.
Además de celebrar juicios injustos, Arabia Saudí ha ejecutado a personas que eran presuntamente menores de edad cuando cometieron el delito y a delincuentes no violentos, como autores de delitos de drogas y de “delitos” como la brujería, lo que vulnera el derecho internacional, que restringe el uso de la pena de muerte a “los delitos más graves”, cuya definición suele incluir únicamente el homicidio intencional. Desde que comenzó 2014, Arabia Saudí ha ejecutado al menos a 147 personas por delitos no violentos de drogas.
