España ha anunciado estos planes de contingencia tras los anunciados por la Union Europea el pasado 19 de diciembre, ante la votación parlamentaria prevista finalmente para este martes 15 de enero en Londres del pacto consensuado con Bruselas por la primera ministra, Theresa May, que está siendo objeto de gran polémica y manifestaciones como la recogida de manifestantes a favor del Brexit participando en una protesta ante el Parlamento británico. Mientras se registra una fuga masiva de sedes de empresas hacia otros países mayor que la iniciada hace más de un año en Cataluña y que lleva cerca de 500, el Gobierno conservador británico hizo este fin de semana otro intento desesperado por recabar apoyos a su acuerdo de "brexit", al advertir que rechazarlo conllevaría un auge del extremismo de derechas en el Reino Unido.
España ha fracasado en su intento de ofrecerse como alternativa a las empresas que se fugan de Londres: hasta un 60% de la deuda de grandes empresas españolas seguirá en el extranjero
La consultora multinacional Ernst & Young (EY), una de las cinco grandes del oligopolio global, afirmaba hace varios meses que que el 57% de las entidades estudiadas tenía intención de "reubicarse", aunque sólo el 35% lo haría en Europa, y que Madrid era una de las ciudades favoritas de los bancos de inversión para trasladar sus sedes tras el Brexit, despues de Dublín (21 empresas de servicios financieros ya se han comprometido a trasladar alli operaciones o plantilla a la capital irlandesa desde el referéndum); Fráncfort, con 15 entidades; Luxemburgo, con 14, y París, con 10.
Sebastian Abella, presidente de la CNMV por el acuerdo de Guindos (Gobierno del PP) con Garicano (Ciudadanos) para potenciar España como alternativa, argumentó despues ante la Convención de la Asociación de Mercados que España no está entre los destinos preferidos que huyen del Brexit debido a Cataluña o la inestabilidad política y los mayores impuestos. Se acaba de publicar entonces otro estudio de la consultora AM Best, segñun el cual de las 36 compañías británicas de seguros que necesitaban una nueva sede en territorio comunitario para poder seguir operando en la UE sólo una ha elegido España: la galesa Admiral, que traslada un negocio de 400 millones de euros. En cambio, 20.000 millones de Standard Life irán a Dublín o 5.600 millones que concentraba la estadounidense AIG en Londres a Luxemburgo, otro de los paraisos fiscales internos europeos junto a Holanda e Irlanda.Lloyd's ha preferido Bruselas, e incluso Aviva se ha marchado de España despues de que Bankia destinara parte de su rescate por el Estado para pagarle cerca de 800 millones desde 2012 en concepto de indemnizaciones por no contar ya con sus servicios tras la absorción de Bancaja y BMN.
De los grandes bancos que operaban en la City, JP Morgan, UBS, Citi y otros gigantes financieros sólo Crédit Suisse prometió al entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, en agosto de 2017 que trasladaría decenas de ejecutivos a Madrid. Credit Suisse. Prevé mudar a Madrid a unos 50 empleados para reforzar banca de inversión y mercados de capitales.Citi y Goldman Sachs han abierto sucursales del bróker en Francfort.
Pero también las grandes empresas españolas han optado ya por emitir casi el 60% de su deuda fuera de Londres, empezando por los bancos y Telefónica, que ha llevado su deuda de Londres a cotizar en Dublín. A los grandes como BBVA, Santander o CaixaBank se han unido otras menos, como El Corte Inglés, que eligió desde el principio la Bolsa irlandesa, donde cotizan 1.200 millones de sus "cocos". No obstante, algunas si intentan fijarse en el mercado español, como hizo Colonial.
Año y medio de negociaciones
El Reino Unido notificó formalmente el pasado 29 de marzo de 2017 su deseo de abandonar la UE. De acuerdo con las previsiones del artículo 50 del Tratado de la UE, este país abandonará la Unión y se convertirá de hecho en un tercer Estado a las 00:00 (CET) del 30 de marzo de 2019.
Tras año y medio de negociaciones, la UE alcanzó con el Reino Unido un acuerdo respaldado por el Gobierno británico el pasado 14 de noviembre y refrendado por el Consejo Europeo el día 25 del mismo mes, aunque luego Londres ha querido dar marcha atras por el complejo debate interior sobre el Brexit
El Gobierno español dice en su información sobre cómo planifica el Brexit que ha sido muy activo a la hora de proteger los intereses de España en esta negociación. Identificó con precisión cuáles eran estos intereses a través de un intenso trabajo de coordinación interministerial a todos los niveles. El Gobierno ha realizado también labores de coordinación con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la UE (CARUE). El resultado de este proceso ha sido trasladado con efectividad al Negociador de la UE, que vistió España en siete ocasiones, y al resto de instancias comunitarias. Pero, aunque el pasado 25 de noviembre se abrió el proceso de ratificación y firma del Tratado, reconoce que a día de hoy existe incertidumbre sobre si ese proceso fructificará. La no ratificación del Acuerdo de Retirada implicaría una salida no pactada del Reino Unido de la UE. Se trata de un escenario improbable e indeseable, que no obstante, no puede ser descartado.
Planes de contingencia españoles anunciados este viernes
Por esta razón, el Gobierno lleva tiempo trabajando en unos Planes de Contingencia. Sobre la base de las contribuciones de los distintos Departamentos Ministeriales, se ha elaborado el Informe sobre la planificación de contingencia para la salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo aprobado hoy:
Este Plan contiene tres tipos de medidas:
- Medidas legislativas: concretadas en un Proyecto de Real Decreto-ley, cuya adopción se prevé para febrero, que modifica algunos aspectos normativos y prevé la adopción por vía reglamentaria de medidas adicionales.
- Medidas logísticas dirigidas a la dotación de medios personales y materiales para afrontar una situación de salida sin acuerdo.
- Una labor de comunicación a los ciudadanos cuya pieza central es una página web en el servidor de Presidencia del Gobierno que informa de manera directa sobre lo que deben hacer los ciudadanos y empresas para preparase ante los diferentes escenarios.
Los ciudadanos británicos en España pasarán, de ser ciudadanos de la UE, a ser residentes legales en nuestro país
Los principales aspectos contemplados por las medidas de contingencia serán los siguientes:
- Derechos de los ciudadanos: La salida del Reino Unido implicará el fin de la libre circulación y trabajo de los ciudadanos españoles en el Reino Unido y británicos en España. La voluntad del Gobierno es la de preservar globalmente sus derechos por considerar que tomaron sus decisiones vitales creyendo en el proyecto europeo. Para ello se habilitará un sistema por el que los ciudadanos británicos en España pasan, de ser ciudadanos de la UE, a ser residentes legales en nuestro país, y se adoptan las medidas necesarias para garantizar a españoles y británicos derechos, seguridad social, asistencia sanitaria, reconocimiento de títulos y cualificaciones profesionales, entre otros.
Mención especial merece el derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales, que será reconocido mediante un Acuerdo Bilateral específico según lo previsto en el artículo 13 de la Constitución española.
- Relaciones comerciales: la retirada del Reino Unido sin acuerdo supone la salida del Reino Unido de la Unión Aduanera y del Mercado Interior, pasando a comerciar con la UE en los términos fijados por la OMC. Será de aplicación toda la legislación de la UE sobre mercancías importadas y exportadas hacia un tercer país, incluida la exacción de derechos e impuestos. Además, la consideración del Reino Unido como un tercer Estado supone la aplicación de estrictas normas sanitarias y fitosanitarias. Todo ello plantea necesidades logísticas específicas que están abordándose por los ministerios correspondientes. La voluntad del Gobierno e instituciones europeas es la de facilitar el flujo de mercancías entre el Reino Unido y la UE en la medida de lo posible y deseable. Para que las empresas estén preparadas para el nuevo escenario se están impartiendo seminarios en todo el territorio nacional y se prevé articular ayudas para facilitar dicha preparación.
España tomará medidas especiales para los tres sectores más sensibles: transporte aéreo, servicios financieros y agricultura y pesca
- Sectores económicos particularmente sensibles. Existen tres sectores económicos particularmente sensibles:
1)Transporte aéreo: este sector puede considerarse crítico dado el enorme flujo de pasajeros entre España y el Reino Unido (45 millones de pasajeros y 18 millones de turistas en 2017). La Comisión Europea ha previsto medidas de contingencia en el ámbito de sus competencias para preservar la conectividad aérea básica, que actualmente son objeto de negociación. Por otro lado, tanto la Comisión como el Gobierno han informado a los operadores de la necesidad de adaptarse a un escenario de no-acuerdo. España defiende una concepción ambiciosa de las medidas de contingencia en esta área porque el objetivo es el mantenimiento de la conectividad aérea. En todo caso el Gobierno velará por preservar en el ámbito de sus competencias los intereses de los pasajeros.
2) Servicios financieros: la retirada de la UE dará lugar a la pérdida por parte de las entidades británicas del pasaporte necesario para prestar estos servicios en la UE27. Dado el carácter crítico de este sector, la Comisión Europea ha propuesto determinadas medidas de contingencia. El Gobierno las complementará con medidas nacionales. Tanto la Comisión como el Gobierno han trasladado a los operadores del sector la necesidad de adaptarse en caso de no-acuerdo.
3) Agricultura y pesca: se trata de otro ámbito económico de gran sensibilidad en el que España tiene intereses específicos. Además de las medidas de preparación necesarias a nivel interno, España defenderá vigorosamente la necesidad de prever ayudas específicas para el sector a nivel comunitario así como la pertinencia de tener en cuenta esta nueva situación en el debate sobre el futuro de la PAC/PPC.
Gibraltar constituye un caso particular en el ámbito de las medidas de contingencia por dos razones: por una parte, el territorio se beneficia de una aplicación selectiva de los Tratados de la UE (no participa en la Unión Aduanera, la PAC, la Política Pesquera Común o el territorio de aplicación armonizada del IVA). Por otra, Gibraltar es un objeto de reclamación de soberanía por parte de España, que el Gobierno mantiene en su integridad.
En relación con las medidas de contingencia, Gibraltar ha quedado excluido del paquete de medidas presentadas por la Comisión el pasado 19 de diciembre. Ello es coherente con el planteamiento anterior. Las medidas de contingencia nacionales relacionadas con Gibraltar tendrán dos objetivos primordiales:
- Preservar los derechos de nuestros ciudadanos, incluido el derecho de nuestros trabajadores al cobro de pensiones y prestaciones de la seguridad social.
- Garantizar que el cese de la aplicación del Derecho de la UE no provoque conductas lesivas a los intereses de la UE y España, como el tráfico y el contrabando, o la evasión de impuestos u ocultación de beneficios.
Estos objetivos están contemplados en los acuerdos bilaterales firmados entre el Reino Unido y España en relación con Gibraltar y nuestra voluntad es que sigan en vigor con independencia del escenario que se produzca. En la eventualidad de una salida abrupta, su aplicación deberá ajustarse a esta circunstancia, constituyendo de hecho parte importante de las medidas de contingencia para Gibraltar.
Las medidas de contingencia se ajustan a los requisitos fijados por la Comisión, que exigen que sean unilaterales, conformes al Derecho de la UE, y de un alcance temporal y material limitado para no reproducir las ventajas de la pertenencia a la Unión.
