Impulso a la rehabilitación residencial y la vivienda social
El Ejecutivo ha regulado los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y construcción de vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). De este modo, se podrán implementar dos de las principales inversiones del Plan, dotadas con 4.420 millones de euros.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, destacó que el plan contempla la construcción de hasta 20.000 nuevas viviendas públicas para alquiler social, con una inversión de 1.000 millones de euros.
El programa, además de la rehabilitación de viviendas particulares, recoge la posibilidad de rehabilitar barrios completos. La portavoz ha precisado que se subvencionarán hasta el 80 % de las actuaciones, con un máximo de 21.400 euros por vivienda. En caso de vulnerabilidad social o económica, las ayudas podrán cubrir hasta el 100 % del coste de las mejoras en edificios, barrios y hogares. Además, se apoyará el despliegue de oficinas locales para facilitar la información y la gestión de las ayudas.
En este mismo ámbito, el Consejo de Ministros ha aprobado medidas urgentes para impulsar la rehabilitación edificatoria en el contexto del PRTR. Se introducen tres deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de hasta el 60 %, por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales; se facilita la toma de decisiones para realizar obras que aumenten la eficiencia de un edificio, y se crea una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe de hasta 1.100 millones para favorecer el acceso a la financiación.
La portavoz ha resaltado que estos dos acuerdos, que suman más de 5.500 millones de euros, contribuirán a favorecer la emancipación de los jóvenes y completan otras decisiones ya adoptadas para aumentar su empleabilidad, cualificación, foración profesional y el salario mínimo interprofesional.
Isabel Rodríguez ha añadido que la política de vivienda es un eje de transformación de España porque es transversal y contribuirá a la modernización de las infraestructuras y a la recualificación de los profesionales de la construcción, supondrá oportunidades laborales para los más jóvenes y la transformación energética del país: «Quizás toca todos los palos del plan de recuperación y va a generar empleos a corto plazo».
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha avanzado que la futura ley de vivienda será la primera ley estatal en este ámbito de la democracia y garantizará el derecho a un hogar digno a los colectivos que tienen más dificultades para llegar a fin de mes y a los jóvenes que tienen dificultades para emanciparse. «Vamos a contener y reducir los precios del alquiler y vamos a incrementar de manera muy notable el parque público de vivienda, también en alquiler», ha remarcado. Un 30% de las casas que se construyan se destinarán a vivienda protegida y de estas la mitad será para alquiler social.
