El Partido Popular y Ciudadanos han acusado este martes a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, de ser responsable de la "brecha digital" que ha desconectado a miles de estudiantes españoles de la enseñanza a distancia durante el confinamiento. Un reproche que se produce un día después de que el Gobierno haya aprobado poner en marcha el programa 'Educa en digital', con el que se prevé movilizar hasta 260 millones de euros para digitalizar la educación y poner a disposición del alumnado más vulnerable 500.000 dispositivos electrónicos con conexión a internet.
El Congreso rechaza la devolución de la 'ley Celaá'
El Congreso rechazo sin embargo este miércoles las enmiendas de totalidad presentadas por los grupos parlamentarios Ciudadanos, Vox y Popular al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE). Durante el debate parlamentario, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha afirmado un texto "oportuno y necesario", que "aborda los principales retos del sistema educativo".
Este proyecto deroga la LOMCE, aprobada en 2013, y sus consecuencias negativas, ha recordado Isabel Celaá, pero su objetivo es mucho más amplio. "Es una puerta a otras mejoras que nuestro sistema educativo necesita".
El primer objetivo del texto es el de "aumentar las oportunidades educativas y formativas de toda la población, contribuyendo a mejorar su nivel competencial por medio de la aprobación de un currículo moderno, flexible y ágil". Apuesta por la detección precoz de las dificultades, por una mayor personalización del aprendizaje y por reforzar la autonomía de los centros educativos.
El texto tiene también como objetivo "reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, introduciendo medidas que eviten la segregación". Además, propone prestar un interés particular a la escuela rural y a la insular.
El tercer objetivo es el de fortalecer la competencia digital de los estudiantes de todas las etapas educativas. Plantea así responder a una sociedad del conocimiento y a una economía cada vez más digitalizada.
Reforzar la atención a los menores de tres años
Otrs prioridades del Proyecto de Ley son las de fortalecer el valor educativo de la atención a los menores de tres años para garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas y mejorar los procesos de formación inicial y acceso a la función docente, así como la formación permanente del profesorado.
El Proyecto de Ley establece, por primera vez, como principio rector, el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia, como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Reconoce así el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación del Estado de asegurar el cumplimiento de estos derechos.
El texto se sustenta también en un enfoque transversal de refuerzo de los aprendizajes, en el reconocimiento de la importancia de atender al desarrollo sostenible, en el aprendizaje de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y en incorporar a la educación el cambio digital.
La ministra ha recordado que la Ley educativa será la base de una reforma más amplia del sistema, que permitirá una flexibilización de la Formación Profesional, así como la agilización en la incorporación de nuevos contenidos. Se organizará el acceso a los ciclos formativos y, de estos, a otras enseñanzas, evitando así vías muertas. Junto a ello, se reforzarán los procesos de acreditación de competencias profesionales y personales. Se desarrollará así una FP inclusiva, no sexista, personalizada, competencial, sostenible y digitalizada, que permita a los jóvenes acceder al mercado laboral en las mejores condiciones.
Mejora de la financiación pública de la educación
"Rechazar este Proyecto de ley supone defender el mantenimiento de una ley que ha dado cobertura normativa a la política de recortes en educación, pasando del 5,04% del PIB en 2009 al 4,2% en 2018", en particular la financiación pública, ha apuntado Isabel Celaá. El texto presentado se compromete con la mejora de la financiación pública de la educación. "Los talentos se potencian con inversión, no con recortes", ha destacado la ministra.
En este sentido, el Gobierno ya ha acordado incrementar el fondo de becas y ayudas al estudio un 22% y ha aprobado destinar a educación 2.000 de los 16.000 millones de euros del fondo Covid-19 para las Comunidades Autónomas. Otros 260 millones se destinarán a la digitalización de la educación. A esta inversión, se sumará un Programa de Cooperación Territorial para el refuerzo educativo y una importante inversión en modernización de la Formación Profesional. "Este Gobierno cree en la educación, apuesta firmemente por ella", ha señalado Isabel Celaá.
La ministra ha recordado que el Proyecto de Ley entró por primera vez en el Congreso hace año y medio, un periodo que ha permitido su pleno conocimiento por la opinión pública y la comunidad educativa. En todo este tiempo se han generado también nuevas propuestas que pueden servir para mejorar el texto.
"Estoy convencida de que este Proyecto, que será debatido y mejorado con sus aportaciones, es una base sólida para configurar el sistema educativo que España necesita para hacer frente a los retos que se nos plantean para las próximas décadas", ha concluido.
Discutida educación afectivo-sexual
La discusión casi estuvo monopolizada por la educación afectivo-sexual, un asunto muy simbólico rentabilizado por Vox y alentado por la izquierda que abre la puerta a la reflexión sobre si la escuela debe limitarse a la instrucción formal o abrirse también a otro tipo de enseñanzas, y el papel que juegan los padres a la hora de decidir si quieren o no que sus hijos reciban esos contenidos en el colegio. La Lomloe tampoco regula mucho sobre esta materia, que es objeto de un desarrollo reglamentario curricular posterior, pero plantea una asignatura de Valores Cívicos y Éticos para todos los alumnos (no sólo para los que no estudian Religión) que podría convertirse en una nueva Educación para la Ciudadanía, según PP y Vox.
La polémica educativa que se vivió en Murcia el pasado septiembre con el pin parental y las charlas de género ha saltado ya a la arena del Congreso. Este punto es el más importante para Vox. Su diputada Georgina Trías ha acusado a la ministra de "imponer desde temprana edad una educación con perspectiva de género de forma curricular, como corresponde a un sistema totalitario". Ha puesto como ejemplo las "guías obscenas" con "juegos eróticos infantiles" del programa autonómico navarro Skolae y ha advertido: "No vamos a consentir una educación sexual de esta catadura y, más aún, sin consentimiento expreso de los padres. No vamos a consentir el adoctrinamiento sectario de la ideología de género. Dejen a los niños ser niños".
Bildu, ERC, el PNV y Unidas Podemos se han apresurado a defender el programa Skolae y han apostado por una escuela que "respete todas las identidades de género". También Mari Luz Martínez Siejo, portavoz de Educación del PSOE, ha preguntado: "¿Qué problema hay con la educación afectivo-sexual o con la educación ambiental? Asuman que la educación tiene que ser moderna". Joan Mena, de Unidas Podemos, ha señalado que una de sus líneas rojas es "la educación en derechos LGTB o libertades afectivo-sexuales", pinchando a los socialistas por su argumentario en contra las teorías queer que ha levantado ampollas en los colectivos .
PP y Ciudadanos coinciden con Vox en que la ley tiene "sesgos ideológicos", pero, a diferencia del partido de Abascal, no llevan la educación afectivo-sexual como pilar de sus enmiendas, y se centran más en la defensa de la libertad de los padres a elegir el colegio de sus hijos; es decir, apuestan por el modelo concertado, en donde estudia el 25% de los alumnos y critican, con Vox, que en la Lomce se haya eliminado el concepto de "demanda social" que blindaba a estos centros. Sandra Moneo, responsable educativa del Grupo Popular, ha acusado al Gobierno de "hacer saltar por los aires el pacto constitucional en materia educativa" después de que Celaá, en su defensa de la ley, se comprometiera sólo a "la financiación pública de la educación".
En un discurso muy técnico pero plagado de referencias a los principales puntos en conflicto, la ministra ha argumentado que "los recortes han afectado sobre todo a la educación pública y ha defendido que su ley "conseguirá mejorar la equidad y materializar proyectos y programas superando la insuficiencia quee ha venido sufriendo la educación pública". Marta Martín, portavoz de Educación de Ciudadanos, ha respondido a la ministra acusándola de "dividir a pública y concertada en lugar de conectarlas para que puedan colaborar" e instándola a huir de "posiciones sectarias".
El debate de hasta dónde llega la libertad de los padres alcanza, por extensión, a la financiación pública de la educación que separa por sexos -un modelo avalado por el Tribunal Constitucional contra el que han arremetido los partidos de izquierdas- y a la educación especial. PP, Vox y Ciudadanos recogen el temor de miles de familias a que estos centros pierdan recursos y los alumnos se vean abocados a estudiar en centros ordinarios en contra de su voluntad. Moneo, que presentará una alternativa a la Lomloe cuando termine la crisis del coronavirus, ha pedido expresamente que se elimine la disposición adicional cuarta donde se recoge este asunto.
Los tres partidos también se han unido al denunciar cómo la Lomloe aumenta las diferencias territoriales porque "acentúa la ausencia del español" en las aulas de Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana, "se inhibe al garantizar unas enseñanzas comunes" en todo el Estado y rechaza una Selectividad única. Bildu, PNV, BNG, PDeCAT y ERC han venido a decir que nada de esto es negociable.
El Programa "Educa en Digital", que dotará a los centros públicos con medio millón de dispositivos electrónicos para los alumnos más vulnerables, y el reparto entre comunidades de 400 millones para universidades y centros de Educación Superior son las últimas medidas adoptadas por el Gobierno para paliar los problemas causados por la covid-19 en el sistema.
Según ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la titular de Educación, Isabel Celaá, el convenio para lanzar este programa, firmado por su departamento, el de Asuntos Económicos y Red.es, está dotado con 260 millones de euros y su objetivo es impulsar la transformación tecnológica de la Educación.
La ministra ha reconocido que “a pesar de que hayamos podido arreglarnos con la educación en línea durante el confinamiento, hemos comprobado que todavía hay muchas necesidades y por eso hacemos un gran esfuerzo inversor en materia de digitalización”.
Para financiar el programa se movilizarán 190 millones de euros a través de Red.es, 184 millones de fondos Feder y 70 millones desde las comunidades que se adhieran a la iniciativa para dotar de dispositivos y conectividad a centros de titularidad pública porque “los programas europeos se trasladan a través de la iniciativa pública”, según ha anunciado Celaá.
Los centros pondrán a disposición de los alumnos mas vulnerables en préstamo hasta 500.000 dispositivos electrónicos con conexión a internet que faciliten la educación digital en el centro y el hogar y que se comenzarán a distribuir a lo largo del primer trimestre del curso 20-21, conforme se vayan firmando los convenios con las comunidades.
Los centros pondrán a disposición de los alumnos mas vulnerables en préstamo hasta 500.000 dispositivos electrónicos con conexión a internet que faciliten la educación digital en el centro y el hogar
El Ministerio ha destacado que este programa es independiente del denominado Fondo Covid-19, que prevé destinar 2.000 millones de euros al sistema educativo, de los cuales 400 serán repartidos entre comunidades para universidades y centros de Educación Superior, según ha acordado el Consejo de Ministros.
La distribución territorial del crédito total se realizará en base a los tramos y criterios de distribución: El 80% de su importe irá a comunidades de régimen común en función de la población de 0 a 16 años, según las cifras del Padrón para cada Comunidad Autónoma, a 1 de enero de 2019; el 20% entre las de régimen común según la población de 17 a 24 años. Además, se asignará a cada una de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla un importe de 7 millones de euros.
El Ministerio ha destacado que este programa es independiente del denominado Fondo Covid-19, que prevé destinar 2.000 millones de euros al sistema educativo
De cara al próximo curso, Celaá ha insistido en que la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los alumnos en los colegios “no es un capricho” ni una cuestión sobre la que se pueda “decidir acortar”, ya que está contemplada en el Decreto sobre la nueva normalidad.
La titular de Educación ha subrayado que se trata de una medida con “base científica”, que su departamento tiene que aplicar para “proteger al niño, a los profesionales y a las familias” frente al contagio de covid-19. “No tenemos tratamiento ni vacuna y nos hemos visto obligados a dictar unas medidas coyunturales y temporales”, ha destacado mientras expresaba su esperanza de, “por el bien de todos, terminar un curso 20-21 sin necesidad de aplicarlas porque haya desaparecido el virus”.
Sobre la aplicación de las medidas sanitarias que habrá que contemplar el próximo curso, Celaá ha recalcado que en virtud de la autonomía de que disponen los centros, sus direcciones decidirán quien será el responsable de controlar lo referido a la distancia personal, las medidas de higiene, el control de rebrotes o la ventilación.
