La noticia fue publicada por casi toda la prensa días antes de que este lunes se anunciara que CaixaBank, Santander y Telefónica, las tres entidades de las que tenía mayores ingresos regulares el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato tras su paso por Cajamadrid, han decidido renunciar a la venta y liquidar su filial conjunta Yaap, creada hace tres años para el desarrollo de nuevos negocios digitales, al considerar que se estaba desviando de sus objetivos originales, y cada empresa prefiere centrarse en el desarrollo de sus propios planes.
De momento, la investigación parece no ir dirigida contra ningún particular en concreto, aunque fuentes consultadas apuntan que, dependiendo de cómo evolucione el proceso, la justicia puede acabar poniendo el foco sobre clientes e investigar si la entidad financiera ha colaborado en el presunto blanqueo de capitales. La entidad presidida por Ana Botín ha acordado con los agentes remitir en los próximos días documentación de la que no disponía al momento o que incluso es necesario elaborar, según han explicado a 20 Minutos fuentes próximas a la investigación.
El proceso arrancó en junio de 2013, con una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción apoyada en documentación y soportes informáticos aportados por Hervé Falciani, información que habría sido requisada durante su experiencia laboral en el HSBC.Los datos bancarios de miles de contribuyentes con cuentas sospechosas de evasión fiscal fueron detectados gracias a la lista de Falciani por la Justicia francesa y enviados a los países con los que el Estado galo tiene acuerdos en colaboración fiscal, entre ellos España.Se calcula que en la lista hay 3.000 cuentas del banco HSBCpertenecientes a 659 contribuyentes españoles, de los que 40 están siendo investigados por presunto delito fiscal en piezas separadas que el propio instructor De la Mata ha enviado hoy a juzgados locales repartidos por toda la geografía española.
Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, las pesquisas no se centran en las presuntas irregularidades cometidas por los clientes que figuraban en la lista Falciani sino en el funcionamiento de las operaciones que habrían permitido el retorno de ese dinero al circuito legal. Los agentes Encargados del caso requirieron información sobre cuentas del Santander que habrían alojado fondos procedentes del HSBC y también solicitaron documentos a la entidad sobre los movimientos que realizó para que el dinero de Suiza desembarcara en territorio nacional.
La investigación gira sobre un posible delito de blanqueo de capitales procedentes de un delito previo contra la Hacienda Pública. Los datos más recientes de la lista Falciani corresponden al ejercicio 2007, por lo que ya se habrían superado los cinco años de prescripción del delito fiscal que podría imputarse por la ocultación de esos fondos. Sin embargo, el blanqueo de capitales no habría prescrito si, tras el afloramiento del dinero, se siguieron encadenando operaciones encaminadas a eludir la acción de la Agencia Tributaria o, simplemente, a mantenerlo en propiedad. Esa es la motivación jurídica que habría permitido la apertura de esta pieza secreta. Los españoles de la lista Falciani tenían 1.800 millones en Suiza.
Así lo han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación, que señalan que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, buscaba con esta diligencia indicios sobre un posible delito de blanqueo de dinero cometido desde dichos depósitos y, por extensión, una explicación de por qué Santander no alertó sobre la existencia de movimientos sospechosos en ellas.
Siempre según estas fuentes, la investigación que ha salpicado ahora a la entidad de Botín se encuentra aún en una fase "embrionaria" y ha sido posible gracias al trabajo previo hecho por la Agencia Tributaria con el torrente de información sobre el HSBC que entregó en su día Hervè Falciani, el ex trabajador que reveló la identidad de decenas de miles de defraudadores que ocultaban sus fortunas en las oficinas en Suiza de este gigante bancario.
De esa información se deducía que el gigante bancario tenía a su nombre "varias" cuentas abiertas en la entidad española a través de las cuales se hicieron diversos movimientos sospechosos de dinero. La información que ayer recabó el juez, y que necesitó de la participación de expertos informáticos de la Guardia Civil para el 'volcado' de soportes informáticos, buscaba precisamente aclarar "la trazabilidad de esos fondos" y si hubo "mala praxis" por parte de Santander.
