Los Estados miembros tiene que presentar a la Comisión Europea un plan nacional para detallar la puesta en marcha de la garantía juvenil, que será una de las iniciativas que financiará principalmente el fondo de 8.000 millones pactado por los Estados miembros para combatir el paro juvenil y que se quieren concentrar en 2014 y 2015 para maximizar su impacto.
Las tasas de desempleo juvenil han alcanzado niveles sin precedentes, con un promedio del 23 % para la UE en su conjunto y hasta un 63 % en Grecia y un 56% en España.
Los Veintiocho también debatirán la propuesta que ha presentado el pasado 2 de octubre la Comisión Europea para incorporar una dimensión social al ejercicio de coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros en el marco del semestre europeo con indicadores comparativos en cuestiones como el nivel de paro y pobreza, la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan, la desigualdad de ingresos o la renta disponible de los hogares.
Los jefes de Estado y de Gobierno también discutirán esta propuesta en su cumbre del 24 y 25 de octubre y también en la de diciembre.
Con el objetivo de "afrontar mejor los problemas de divergencia entre la situación de materia de empleo y social de los países de la eurozona", el comisario de Empleo, László Andor, propuso el pasado miércoles crear un cuadro comparativo de cinco indicadores para "detectar problemas graves de empleo y sociales mucho antes para adoptar medidas con el fin de afrontar mejor la crisis actual y prevenir que en el futuro se desarrollen crisis graves".
Los ministros de Empleo también tratarán de llegar el martes en Luxemburgo a un acuerdo general sobre la propuesta de normativa comunitaria que regula el desplazamiento de trabajadores a otros países de la UE para prestar servicios tras casi dos años de discusiones.
En concreto, los ministros tratarán de llegar a un acuerdo sobre las disposiciones de la normativa relativas a los requerimientos administrativos e información que deben obtener los servicios de inspección de trabajo nacionales para poder llevar a cabo sus investigaciones para determinar la legalidad de la situación de los trabajadores desplazados a otro Estado miembro para prestar servicios y en segundo lugar sobre la responsabilidad de las empresas contratistas o subcontratistas en caso de incumplimientos sobre contribuciones a la seguridad social o la normativa de higiene, por ejemplo.
La Presidencia lituana ha presentado una propuesta de compromiso que plantea una lista "cerrada" de requerimientos administrativos a las empresas pero que abre la puerta a permitir a los Estados miembros solicitar más "en caso necesario y justificado" como forma de sortear las divisiones entre países que piden una lista cerrada como piden algunos y otros, entre ellos España, que quieren la posibilidad de solicitar más información, según fuentes diplomáticas.
En el segundo caso, la propuesta de compromiso de la Presidencia lituana plantea regular de forma "voluntaria" la responsabilidad colectiva de empresas contratistas y subcontratistas -que existe en países como España pero no en otros Estados miembro– en caso de incumplimiento con el régimen de seguridad social o el salario mínimo por ejemplo, que se consulte a los agentes sociales y autorizar en todo caso a los países con "un régimen más proteccionista" a aplicarlo en su país, como en el caso de España.
