En un auto, el magistrado explica que los directores de las sucursales implicados permitieron, entre otras cosas, que los miembros de las tramas usaran testaferros y DNI falsos e hicieran ingresos en efectivo con facturas falsas para eludir a Hacienda. A la espera de la declaración de un representante legal de la entidad el 26 de abril, basa su investigación en informes de la UCO y el Sepblac, que describen "una renuente falta de control y de reacción apropiada" por parte del órgano antiblanqueo de CaixaBank en las sucursales cercanas al polígono. Moreno cree que las 10 sucursales permitieron la salida de España de 99,1 millones de euros de origen ilícito, y que lo hicieron "con el conocimiento y colaboración del responsable máximo de cumplimiento normativo de la entidad".
CaixaBank negó "cualquier tipo de colaboración o participación en delitos de blanqueo de capitales presuntamente cometidos por ciudadanos de nacionalidad china". La entidad sostuvo que "cumple y ha cumplido en todo momento con la normativa vigente en materia de blanqueo de capitales".
Sin embargo, el juez cree que las organizaciones que eran sus clientes generaban masivas remesas de dinero en efectivo, por delitos contra la Hacienda Pública y en menor medida contra la Propiedad Industrial y el contrabando. Tanto en Caixabank como en ICBC lograban ingresarlo y transferirlo a China y Hong Kong "sin riesgo de ser descubiertos".
Las sucursales les “auxiliaron" al admitir su dinero "sin indagar su origen, aceptando cualquier papel o justificación que se les presentaba y facilitando su transferencia en importes pequeños que no debían ser comunicados al Banco de España”.
Fallo del sistema de control
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetaria en España (SEPBLAC) destaca que entre 2013 y 2015 fueron 193 (76 personas y 117 sociedades) los clientes de CaixaBank imputados por blanqueo que transfirieron 99,1 millones de euros a China y Hong Kong. De 165 de ellos no realizaron exámenes especiales ni comunicaron nada al SEPBLAC, lo que les permitió enviar 31,7 millones de euros.
El auto detalla que los directores de las sucursales investigadas permitieron el uso de testaferros, actividades económicas no justificadas y repetían un patrón para evitar a Hacienda: fraccionaban facturas, con empresas instrumentales y sin controlar a los clientes. Con la banca on line, los líderes de la organización criminal podían operar hasta sin testaferros. Solo en el 'caso Emperador' ordenaron 2.254 transferencias por valor de 41.648.140 euros.
Según el juez, desde 2013 existen fallos del sistema de control para la prevención del blanqueo de capitales, conocidos por todo el personal directivo de la entidad CaixaBank “y en especial por el que fue su responsable de cumplimiento normativo” entonces. Y ello determina su imputación como persona jurídica, sin perjuicio de los indicios de responsabilidad que puedan existir contra sus empleados y directivos.
CaixaBank, que desde 2016 es presidida por Jordi Gual, Director Ejecutivo de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank hasta sustituir en la presidencia a Isidro Faine, no implementó las medidas necesarias y adecuadas de prevención, pese a conocer los riesgos en los que incurrió su red de sucursales. “Se permitió operar, obviando la diligencia debida, a nacionales de países asiáticos sospechosos de estar implicados en investigaciones por blanqueo y fraude", sentencia el juez.
