La ideología neoliberal está dominando cada vez más la dinámica de las instituciones universitarias, siguiendo lógicas globales promovidas por organizaciones económicas internacionales (FMI, BM, OMC, OCDE). Se están transformando en “universidades corporativas o emprendedoras” dominadas por una cultura empresarial interesada sobre todo en lograr posiciones sobresalientes en rankings internacionales, en un contexto de recorte presupuestario continuado. Lo cual está conduciendo a la explosión de lo que se ha denominado “capitalismo académico” que está siendo el espacio apropiado para que aterricen los fondos buitre.
Capitalismo académico
Parece que lo que se ha convertido en la tarea esencial de la enseñanza superior en la época de la globalización neoliberal, ya no es la producción de ‘seres humanos razonables’. Es decir, de personas capaces de acceder, analizar y juzgar, razonable y rigurosamente, el conocimiento y la ciencia, aportando a la comunidad científica y social nuevos avances para mejorar la vida de la comunidad. La demanda prioritaria es ‘producir asalariados técnicamente cualificados y adaptados’ a las exigencias de las demandas empresariales cambiantes, en función del constante fluctuar de los nichos de mercado donde obtener mayor rentabilidad.
De esta forma, los programas de estudio y las investigaciones se están definiendo en función de la rentabilidad esperada en el mercado. La universalidad propia del conocimiento universitario se reorienta hacia un modelo pragmático e instrumental del saber al servicio de la economía. Este modelo neoliberal está presionando para transformar a las universidades en empresas expendedoras de títulos a precios escandalosos, con el fin de “hacer caja” y poder así afrontar los brutales recortes en la financiación que la Universidad Pública viene sufriendo.
Entre 2010-2014 se han recortado más 1.200 millones de euros, 7.500 empleos públicos y más del 24,6% en la financiación para la investigación, según el informe de la CRUE sobre la situación del sistema universitario español. Lo cual ha supuesto la expulsión de miles de estudiantes, al imponer simultáneamente uno de los niveles de precios públicos universitarios más elevados de la Unión Europea, acompañado de un brutal descenso de becas y ayudas al estudio, cuando sabemos que la principal barrera al acceso a la Universidad es la económica.
A la vez han convertido los dos últimos años de las carreras universitarias (los másteres) en un lucrativo negocio, sobre todo para los fondos buitre y las universidades privadas, cuyo crecimiento ha sido amparado y alentado políticamente[1], y cuyas consecuencias empiezan a aflorar actualmente a través de los escándalos que aparecen en los medios de comunicación sobre esos másteres.
Parece como si caminásemos de forma compulsiva a lo que describen Adell, Castañeda & Esteve-Mon (2018) como “ubersidad”, imitando el modelo de “capitalismo de plataforma” tan de moda de multinacionales como Uber, Cabify o Airbnb. Una “uberificación” de la educación superior en el que la docencia se considere un “producto de segunda clase” que se distribuye online mediante contenidos estandarizados “empaquetados” en vídeos animados por “uberacadémicos” cada vez más precarios (excepto una élite de “fichajes estrella”). En universidades que se gestionan, cada vez más, como empresas y que se conciben, cada vez más, como “negocio del conocimiento”, compitiendo por “uberestudiantes” hipotecados de por vida para pagar la costosa deuda de cursar grados y masters cada vez más caros. En el futuro, concluyen, “la Ubersidad no sería otra cosa que una marca comercial y una plataforma tecnológica que une oferta y demanda de formación y credenciales y que subcontrata a profesionales autónomos o empresas el resto de funciones”.
Universidad corporativa neoliberal
Nos encontramos así con universidades cada vez más comprometidas en una competencia de tipo comercial, en busca de fuentes de financiación complementarias. Las empresas “donantes” (bancos, multinacionales,…) imponen sus logotipos en las paredes y el mobiliario, vuelven a bautizar edificios y los espacios colectivos con sus marcas. Mientras, se recorta el presupuesto para proyectos “improductivos” de orientación humanística y/o crítica.
La Nueva Gestión Pública (NGP), de corte neoliberal, se implanta convirtiendo la universidad en una gran empresa que hace “caja” por casi todo y ya no entiende de compartir libremente el saber y el conocimiento. Esta NGP hace que florezcan una “élite de ejecutivos”: gerentes, cargos administrativos y empresas asociadas de gestión. En los últimos años se ha registrado un aumento drástico en nuestras universidades de estos “profesionales” de la gerencia y los cargos burocráticos, más que bien pagados y “afines”, por supuesto, a quien los contrata. Una suerte de despilfarro económico, pero útil para el control.
La intención evidente es contraponer los métodos colegiados y democráticos a los jerárquicos o personalistas de las empresas privadas. Se pretende reducir los mecanismos de autogobierno democráticos, propios de las universidades públicas, afirmando que la democracia interna es una rémora para el funcionamiento “eficaz” de mismas, a partir de una creencia indemostrada de que la democracia es incompatible con el buen gobierno. Las responsabilidades políticas de gobierno quedan así en manos de una tecnocracia no sometida al control democrático interno.
Junto a este giro autoritario y jerárquico, introducen también la “gobernanza” compartida público-privada, con la excusa de dar cabida en la universidad a la “sociedad civil”. Por supuesto, reducida mayoritariamente a los representantes del mundo empresarial y de las finanzas, muy alejados de los intereses del conjunto de la sociedad.
Publicar o perecer: la “loca carrera” investigadora
Esta lógica empresarial-emprendedora penetra en las universidades públicas que incluso ofrecen sus instalaciones científicas y su credibilidad académica para que las empresas las utilicen a cambio de esa financiación que ha sido suprimida por los gobiernos. Las empresas “donantes” patrocinan cátedras de investigación a cambio de una denominación que revela el origen de los fondos.
La investigación que proviene de estas cátedras, lógicamente, responde a los intereses de quienes las patrocinan, no sólo porque es ante quienes hay que demostrar la eficacia de su inversión a través de resultados “tangibles” y que generen “beneficios”, sino también porque recortan y definen los temas e intereses de las investigaciones posibles, así como las prioridades de las mismas. De esta forma, la ‘disciplina por el dinero’ que se impone en el mundo universitario, introduce muy serias amenazas en la vida intelectual y el pensamiento académico.
A esto se une el actual sistema de evaluación y promoción “ANECA”, impuesto al profesorado universitario. Basado en la acumulación de publicaciones en revistas, controladas fundamentalmente por dos multinacionales extranjeras (Clarivate y Elsevier), está empujando a competir en una loca carrera por “publicar… en inglés, o perecer”, centrando la investigación en aquellos temas “vendibles comercialmente”. Lo cual instala una relación con el conocimiento y la investigación instrumental, acelerada, hiperactiva, regida por el corto plazo y que prima aquello que tiene “valor” (de mercado), aparcando la ciencia de base y la investigación de fondo a largo plazo.
Simultáneamente desvaloriza la docencia, que es la finalidad fundamental de nuestra Educación Superior, pues parece convertirla en un “castigo”, al recargar con más horas de trabajo a quienes no han entrado o no han conseguido entrar en esa espiral de “publicar o perecer”.
Esta “loca carrera” en la que nos arrojan al profesorado universitario, alienta una competitividad extrema por los escasos recursos de financiación pública en investigación, pues España “es el país que más recortes ha realizado en este campo”, mientras, en plena crisis, la inversión en investigación en Alemania ha crecido un 38% y la de Reino Unido, un 39%.
Precariado Universitario SA
Mientras, el personal docente e investigador se ve precarizado cada vez con fórmulas contractuales caracterizadas por la temporalidad y los ínfimos sueldos. Las figuras de profesorado “asociado” y otras cada vez más temporales, precarias y con derechos cada vez más recortados, a fin de reducir costes laborales e incrementar el servilismo laboral, es parte del asalto neoliberal general.
El profesorado asociado, creado por la Ley Orgánica de Universidades de 2000 (LOU), se ha multiplicado en las Universidades, por su bajo coste, por ser los que más carga docente tiene, y por su carácter contingente. Se les despide cada semestre, para no pagarles las vacaciones. Entre asociados y becarios de investigación, buena parte de la docencia universitaria está en manos del profesorado peor pagado de todo el sistema educativo.
Se pretende así un sistema dual de profesorado, con una “élite” investigadora y docente de “fichajes estrella” con contratos blindados y una mayoría de profesorado en condiciones precarias, temporales y dependientes de continuas renovaciones de sus superiores, mal pagados y trabajando “a destajo”, con graves dificultades para mantener una cierta “libertad de cátedra” e independencia académica.
Estudiantes endeudados y “disciplinados”
Por último, vemos cómo la universidad está orientándose de manera creciente a la formación para el mercado laboral, que afecta profundamente al futuro de los estudiantes. Está generando un doble modelo: de élite para quienes pueden pagarse los másteres y doctorados, y de auténtico “ejército de reserva del precariado” para quienes no tienen recursos y medios. Por eso, familias de clase media han emprendido lo llaman “carrera armamentística educativa” por situarse bien en el futuro: pagan a sus vástagos clases particulares, todo tipo de actividades extracadémicas, les envían al extranjero para que aprendan idiomas con el acento correcto… Esa inversión se refuerza con los posgrados y con las prácticas no remuneradas, casi reservadas en exclusiva a quienes pueden subsistir sin trabajar. Esta competición darwinista deja pocas puertas abiertas a quienes no estén ya en la élite.
Lo cierto es que los que consiguen acceder tienen que pagar, cada vez más, con cada vez menos dinero para estudios que son cada vez más largos, convirtiéndolos en precariado endeudado desde que empiezan sus estudios universitarios (la burbuja de los préstamos estudiantiles en EE.UU. asciende a más de 1,2 billón de dólares de deuda). Es lo que D. Harvey denomina acumulación por desposesión. Ese endeudamiento cambia la lógica y la relación de los estudiantes con su formación, asentando una “deudocracia universitaria”: el gobierno por la deuda; un gobierno de las mentes, de las aspiraciones, de las decisiones y el futuro.
Mediante este tipo de mecanismos se disciplina a los estudiantes para que entiendan que deben optar por los estudios más “rentables” que les permitan devolver la deuda, pero además naturaliza el sistema de mercado y endeudamiento como algo natural, inevitable e implacable y enseña a asumirse como “persona deudora”, sometida a un eterno ciclo de “vivir pagando para morir debiendo”.
Una universidad para el bien común
Esta universidad neoliberal que está emergiendo ya no es más un lugar tranquilo para enseñar, realizar trabajo académico, investigar y debatir sobre la ciencia y el conocimiento a ritmo pausado y profundo. La han convertido en una gran maquinaria, un potente negocio, una gran empresa competitiva que debe mostrar resultados cuantificables, que puedan ser patentados, transferidos y explotados comercialmente a través de spin off y que procuren una buena colocación en los índices de productividad investigadora y permitan estar en la parte alta del ranking de Shanghái (Academic Ranking of World Universities) o de cualquier otro.
Por eso, buena parte de ella viene demandando desde hace tiempo, a través de espacios muy diversos como el Foro de Sevilla, Uni-Digna, una universidad pública al servicio del bien común y comprometida socialmente, para contribuir a hacer una sociedad más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más sostenible, cuyos ejes se sintetizan en el "Decálogo por un modelo de Universidad Pública para el bien común".
Gratuita, como en otros países, para asegurar que los estudios universitarios sean accesibles, sin obstáculos relacionados con las posibilidades económicas o el origen social del estudiantado. Al servicio de las necesidades de toda la sociedad y no de una parte (el mercado, que presiona para que cada vez sean menos universidades y más empresas). Que garantice una formación global, polivalente, laica, crítica y científica orientada a la construcción de una sociedad más justa y mejor.
Gestionada de forma participada, democrática y corresponsable por la propia comunidad universitaria, superando los modelos empresariales centrados en costes y rendimientos. Que elimine la contratación precaria, dignifique salarios y dote de recursos y personal suficiente que permita la efectiva reducción de la ratio alumnado-profesorado en las aulas y que cambie el sistema de evaluación y del desarrollo investigador y científico sobre la base de modelos de Ciencia Abierta para el bien común y la paz, como obliga ya la UE en su iniciativa Horizonte 2020. Todo esto no será posible sin que la Universidad Pública tenga garantizada una financiación del 2% del PIB, que le permita no depender de otras fuentes de financiación que condicionen su independencia y rigor.
En definitiva, lo que se demanda es una Universidad, cuyas tres misiones fundamentales, la enseñanza, la investigación y el servicio a la sociedad, estén orientadas a los intereses sociales generales (la preservación del planeta y sus recursos naturales, la paz, la igualdad de género, la economía para el bien común y la justicia social) y no a los del mercado, como prescribe el modelo neoliberal.
