Lo ha denunciado Convivencia Cívica Catalana, quien explica que de no haber dado marcha atrás, el número de peticiones a estas alturas sería superior a las contabilizadas hasta ahora por el departamento que dirige José Ignacio Wert. La cifra puede parecer baja si la comparamos con la totalidad de los catalanes en edad escolar. No obstante, el departamento de Wert confía en que la cifra vaya en aumento conforme se resolucionen las peticiones. Esto es que se les otorgue a las familias los 6.057 euros anuales fijados en el real decreto que aprobaron este julio para garantizar la educación en español a aquellos alumnos de la enseñanza pública que no pudiesen recibirla, para que lo hagan en colegios privados. La Administración dispone de seis meses para decidir y ya han pasado casi cuatro meses desde que se formularon las primeras peticiones.
El número representa el 0,02% del total de alumnos de Cataluña (1,08 millones en obligatoria) y queda lejos del millar de alumnos que calculó el ministerio, pero la polémica suscitada es un indicativo de la sensibilidad política del asunto en año electoral.
“Cuando el ministerio envía, día sí y día no, cifras diferentes, hace pensar que el PP ha decidido entrar de forma clara en este tema y arrebatar a Ciudadanos su punto estrella del programa electoral durante años”, declaró la consejera catalana Irene Rigau tras criticar “la batalla numérica” del ministerio. Las cinco peticiones que confirma la Generalitat (dos de esta misma semana) son las que le ha remitido el ministerio.
La retirada de solicitudes de algunas familias tienen que ver con "las presiones que viene ejerciendo la Generalitat: primero, a los directores de los centros, a los que amenaza con retirar el concierto educativo y, después, a los padres, que reciben la llamada del director para que desistan de su intentona bilingüista", explicó el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja.
La consejera catalana de Educación, Irene Rigau, aseguró que tan solo eran 5 las peticiones de quienes querían una educación bilingüe, pero además, señaló, que “tres de ellas no cumplen los requisitos”.
En la práctica, antes de solicitar la ayuda, una familia tiene que recibir una negativa de un Gobierno autonómico respecto a la educación “en una proporción razonable” de lengua castellana, según el decreto ministerial, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cifró en un 25%. La Generalitat no facilitó ayer la cifra de esas peticiones iniciales.
La diputada del PP en Cataluña, María José García Cuevas, acusó a Rigau de “intoxicar” con los números y aseguró que muchas familias no cumplen con el procedimiento, obvian la solicitud a la Generalitat y recurren directamente al ministerio “por miedo a represalias”.
Ciudadanos reclamó que las solicitudes “se resuelvan rápido” y el PSC pidió que el dinero destinado a sufragar estas matrículas se emplee en contratar más profesores para la escuela pública.
