La CNMV sigue en su valoración las pautas y el contenido del Informe REINA 2013, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este, en sus 105 páginas tampoco presta casi atención a los usuarios, solo marginalmente citados en tres ocasiones, pese a que las telecomunicaciones según las organizaciones de consumidores consultadas son el sector donde más reclamaciones se registran cada año. También es paradójicamente uno de los más regulados y con grandes barreras de entrada y salida, entre ellas últimamente las de los requisitos públicos para conseguir la firma digital, que según las fuentes consultadas hacen en muchos casos poco operativas sus ventajas.
Resalta la CNMV en esa valoración que la importancia de las administraciones públicas en su calidad de receptores de servicios radica en su volumen de contratación y en el valor reputacional para los operadores y exige una mayor especialización y mejora de las redes de los operadores de comunicaciones electrónicas.
El Consejo de Ministros creó la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) el 26 de octubre de 2012. En el ámbito de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) propone, entre otras medidas, consolidar las comunicaciones y redes de la AGE por tratarse de infraestructuras y servicios comunes que pueden ofrecerse con más garantías y mayor eficiencia de un modo centralizado.
Debido a la complejidad de unificar todas las redes y contratos existentes, la Administración ha optado por implantar desde un principio el cambio de modelo a una red corporativa única y común, pero abordando todo el ámbito subjetivo en dos fases.La primera de ellas es la que se propone en el contrato y cuyos pliegos suscitan el presente informe y en ella participarán, en mayor o menor grado, todos los Ministerios a excepción del Ministerio de Defensa. La segunda fase tendrá un alcance global y está previsto licitarla antes de la finalización del contrato de la primera fase.
La CNMC comparte las iniciativas dirigidas a lograr una mayor eficiencia en la utilización de los servicios públicos y efectúa una valoración general positiva del procedimiento en la medida en que es más abierto, transparente y competitivo que los existentes previamente. No obstante, tras el examen detallado del borrador de los pliegos sobre la contratación centralizada de servicios de telecomunicaciones en la AGE, se efectúan una serie de recomendaciones para que el diseño de los pliegos se adecúe a la libre competencia de forma que la Administración General del Estado se beneficie de una prestación más eficiente de estos servicios y se salvaguarde el interés general. En concreto:
Ajustar el rediseño de los lotes proponiendo un mayor número de los mismos, con el objetivo de asegurar la presencia del mayor número posible de oferentes al procedimiento.
Reconsiderar el plazo de cuatro años de duración del contrato, más la posibilidad de prórroga por dos años. El recurso a un plazo tan largo supone el cierre efectivo del mercado a la libre competencia durante un periodo considerable y en un sector de rápida innovación, con lo que el plazo debe justificarse exclusivamente sobre parámetros objetivos como, podría ser en algún caso, la necesidad de amortización de inversiones imprescindibles para la realización del contrato.
No aceptar ofertas integradoras, que agrupen la prestación de servicios en distintos lotes. Ello se debe a que, en el marco de esta contratación pública centralizada, dichas ofertas integradoras pueden enmascarar la existencia de subsidios cruzados que sufraguen las pérdidas en ciertos segmentos con los beneficios en otros, con un impacto negativo en la libre competencia y en los resultados del concurso. La posibilidad de ofertas integradoras favorece únicamente a los grandes operadores con un peso significativo, reduciendo los incentivos del resto de los operadores a concurrir y, en consecuencia, la tensión competitiva en los diversos lotes de la licitación y el resultado previsible para la AGE.
La reponderación de los criterios para la adjudicación del contrato, potenciando los criterios objetivos y evaluables mediante fórmulas, en especial y particularmente el precio. Debe evitarse que criterios subjetivos o no tan relevantes para el objeto del contrato tengan un peso significativo que acabe constituyendo una barrera de acceso a la licitación.
La CNMC es el organismo encargado de promover una competencia efectiva. Este informe se emite a solicitud del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en ejercicio de las competencias de la CNMC en aplicación del artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
