Según informa EFE, muchos universitarios temen que los criterios económicos ganen la partida a los académicos a la hora de crear planes de estudio. "El pasado martes hablé con el rector y me justificó que la decisión de suprimir los grados respondía a motivos económicos", explica Eduardo González, delegado de la titulación de Sociología en la Universidad Rey Juan Carlos, uno de los grados afectados por la medida aprobada por el Consejo de Gobierno de la universidad el pasado 28 de febrero.
El delegado no entiende que se suprima un grado como sociología, puesto que, como subraya, "es uno de los que mejor funciona, además de ser muy necesario en época de conflictos sociales". González también advierte de que en la universidad "hay muchísimo miedo" entre los estudiantes de otros grados ante la posibilidad de que su carrera desaparezca de la oferta formativa en los próximos años. "Pueden hacer lo que quieran y cuando quieran, hasta dejar a un lado los criterios académicos para primar los económicos", critica resignado el delegado. "La potestad para proponer o suprimir grados corresponde por ley a cada universidad", señala Gabriel Martín, vicepresidente segundo del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), quien considera que lo ocurrido en la Rey Juan Carlos no tiene por qué extenderse a otras universidades.
En informaciones que publican algunos medios como 20minutos, Martín califica la eliminación de seis grados completos y cuatro modalidades de grado en la Rey Juan Carlos como un "hecho aislado que responde a un razonamiento puntual de la universidad".
No es aislado
Todo lo contrario considera Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, quien no duda al afirmar que "este hecho no es aislado, sino que forma parte del plan general del Gobierno para acabar con la educación pública".
Una tercera perspectiva la aporta Manuel José López, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Zaragoza, quien ha confirmado que "comprende" los inconvenientes individuales que el cierre de grados supone pero explica que, en su conjunto, "es una medida buena para la sociedad". López se muestra preciso a la hora de señalar que cada supresión "ha de ser estudiada de forma particular", pero que a nivel general, "cerrar una titulación que cuenta con pocos estudiantes, además de suponer una ventaja económica, supone una ventaja académica".
Desde la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), entidad encargada de dar el visto bueno a los nuevos grados propuestos por las facultades, Miguel Ángel Galindo, coordinador de Enseñanzas e Instituciones, confirma que han detectado una reducción en el volumen de propuestas remitidas, para verificar, por las universidades. "Ahora mismo estamos muy por debajo del 60 % de lo que recibimos el año pasado a estas alturas", indica Galindo, quien explica que el descenso responde a una tendencia "lógica", puesto que la gran mayoría de las necesidades académicas "ya están cubiertas".
La supresión de dichos estudios de grado en la universidad Rey Juan Carlos no tiene por qué marcar, como se temen desde el Sindicato de Estudiantes, el principio de un proceso de contracción universitario y Luis Cereijo, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), confirma que hoy en día poco se sabe al respecto. "Por el momento no tenemos ningún tipo de información proveniente del Ministerio de Educación en lo referente a la reforma universitaria", explica Cereijo, quien sin embargo no pierde la oportunidad para considerar que la reducción en la oferta de grados de cualquier universidad supone "un grave perjuicio" para el estudiante.
