Ambas denuncias institucionales coincidieron tanto en el deterioro de la información económica como en la fecha de presentación pública inicial, la Comisión Nacional del Mercado de Valores mediante una nota circular y la APIE en el discurso de su presidente, Iñigo de Barron Arniches, publicado íntegramente en la web asociativa, con motivo de su 33ª entrega anual de premios, algunos de cuyos mensajes fueron:
-Las empresas no parecen tomarse tan en serio la necesidad y la obligación de informar…Como hemos comentado en años anteriores, a la junta de la APIE nos ha llamado la atención la regresión informativa que hemos vivido tras los años de la crisis.
-Nuestro prestigio social está en niveles muy bajos…Nos hemos arrimado demasiado a los políticos, el sector más desprestigiado por los ciudadanos y nos han traspasado sus mayores males, y no su parte positiva….Parte de la clase política ha utilizado la mentira como estrategia para fomentar el miedo, el odio o desacreditar a los rivales.
-Nuestros problemas no vienen solo de la política, sino también de los poderes económicos, capaces de presionar y tratar de influir en los periodistas. Algunas compañías han aprovechado su fuerza financiera, frente a la debilidad de las empresas periodísticas, para tratar de influir en nuestro trabajo diario.
-No nos podemos olvidar del poder judicial, que ha tomado estas semanas pasadas algunas decisiones no admisibles, como imputar a periodistas por revelar datos de un sumario que estaba secreto, pese a que la información que era veraz y tenía interés público.
-También hay fuego amigo. Entre nosotros han surgido en los últimos tiempos pseudoperiodistas, pseudo web informativas, que con apariencia de ser medios se han dedicado a buscar el negocio rápido mediante el chantaje o la coacción. Y esto también acarrea un gran desprestigio en un momento en el que el público confunde todo lo que aparece en las webs. Se está engañando con falsedades que tienen apariencia de noticia y que solo responden a oscuros intereses económicos.
-Las redes han aparecido como instrumentos de confusión y manipulación. Las redes se comportan como un acelerador de sentimientos, la mayor parte de las veces apoyándose en noticias falsas.
-Desde la APIE tratamos de fomentar la transparencia informativa y la formación porque creemos que son las mejores vías para tener un periodismo con buenos contenidos, que contextualicen las noticias que circulan por la red. Nunca hemos tenido más lectores que ahora, por lo que tenemos una gran oportunidad para proyectar una buena imagen de esta profesión.
Como ejemplo anticipador de lo relativo de los avances en la transparencia el presidente de APIE pidió al gobernador que convenza a los bancos de que no se solapen en sus ruedas de prensa de resultados, algo que curiosamente sucede más a medida que hay menos entidades y con menos beneficios ( 8.800 millones en España, un 17% menos, de manera que la rentabilidad del sector retrocede al 5,5%. Las entidades se ven afectadas por los tipos negativos, costes para despidos y menos ingresos extraordinarios, hasta el punto de que la única partida buena es la caída de la morosidad y la consiguiente reducción de las provisiones que mermaron sus resultados en los primeros años de crisis.
Premios de APIE a Banco España, Caixabank, Unespa, Colegio y Consejo de Economistas
Apie había castigado con sus premios secantes a los tres últimos gobernadores del Baco de España por su falta de transparencia con los medios y ahora ha dado por el contrario su primer premio tintero al nuevo gobernador, Pablo Hernández de Cos, presentado como un técnico no politizado. Este lo ha recibido diciendo que la situación es mejor que la de sus antecesores, "porque yo no estoy viviendo ninguna crisis económica ni bancaria. Es cierto que existe una crisis reputacional de la banca, que banqueros están intentando modificar, pero el coste reputacional para el banco central también ha sido también muy importante y esto hay que modificarlo nos guste o no". Contra la creencia general, añadió que "nosotros no estamos para realizar sesudos informes para departamentos de investigación sino para explicar lo que pensamos a los ciudadanos y los periodistas sois la única manera de llegar a ellos". Creencia recogida atribuida en broma a los mensajes de bancos centrales con la frase si me has entendido es que no me he explicado bien”, erradicada en 2012 por el del BCE al decir que haría todo lo necesario para sacar de la recesión a Europa.
También fueron premiados con el Tintero Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank y Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa. En el lado contrario, los Secantes de 2019, entregados a personas destacadas por su falta de transparencia, fueron Esther Alcocer Koplowitz, presidenta de FCC, Mariangela Marseglia, Country Manager de Amazon España e Italia y Norman Sorensen, presidente no ejecutivo de Codere. Estos dos últimos no recogieron el premio y no enviaron a nadie de sus empresas al acto. La Apie también nombró Socios de Honor por su colaboración con los periodistas en la organización de actos de interés informativo al Consejo General de Economistas, representado por Valenti Pich, su presidente, y al Colegio de Economistas, cuya placa recogió Pascual Fernández, su decano.
La única que recogió el premio Secante, una crítica de los periodistas por su falta de colaboración y transparencia, fue Esther Alcocer Koplowitz, quien dio las gracias con humor por el premio "que tanto merezco". Su madre, Alicia Koplowitz, recogió el mismo premio en 1990, cuando era presidenta de Construcciones y Contratas, una de las empresas de las que años después nacería FCC. Alcocer afirmó que comprendía "perfectamente" el interés informativo que despierta FCC.
Casualidad o no, pocas horas antes de entregarse estos premios el lunes, FCC era investigada tras ser imputada en la Audiencia Nacional por el pago de comisiones ilegales en las obras de líneas de metro y la ciudad de la salud en Panamá, una de las ramificaciones del caso de la multinacional brasileña Odebrecht que ha salpicado ya a políticos y empresas de 15 países iberoamericanos. Cerca de la mitad del IBEX está pendiente de los tribunales, especialmente después de que el caso del ex comisario Villarejo involucre a BBVA, Iberdrola (ambas con cargos o excargos procesados) y ACS (donde la semana pasada dimitió el miembro del consejero de administración imputado en Gürtel Manuel Delgado Solís, tras difundirse algunas de las conversaciones que tuvo en decenas de reuniones con Villarejo), así como tras la instrucción de la compra del Banco Popular por el Santander a cambio de un euro, También son recientes los procesamientos en empresas como INDRA, OHL
Un IBEX que, como el conjunto de la Bolsa española, acaba de cumplir 12 años desde el inicio de la crisis y su índice está un 40 % por debajo que en el verano de 2007. Selectivo de los 35 principales valores al que, ante la revisión de diciembre sobre su próxima configuración, la papelera y energética Ence se aferra a la alta negociación para no ceder su sitio a Almirall en el Ibex 35, pues pese a su pérdida de un tercio de su cotización este año es mucho más líquida que las aspirantes (Ence ha movido más dinero en estos últimos seis meses que otros valores del Ibex como Mediaset, Indra, Viscofan, CIE o Meliá.) pero incumple por tamaño, mientras Sacyr y Gestamp tienen pocas opciones ahora aunque se posicionan de cara a otras revisiones, segu informa Isabel Blanco en Eleconomista.
Tan preocupante como ello para los inversores y otros ahorradores interesados es la marcha en las empresas cotizadas de los frecuentes escándalos ante incumplimientos de normas de buen gobierno, corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, clientes y consumidores, que entraron en vigor en España a finales del 2017 al aprobarse tardíamente el Decreto-Ley 18/2017 que adoptaba la Directiva europea 2014/95/UE sobre divulgación de información no financiera e información sobre diversidad.
Por ello, el mismo lunes en que APIE daba sus premios la CNMV emitía un comunicado "a raíz de los casos de presuntas prácticas irregulares conocidos en los últimos meses que han afectado a algunas sociedades cotizadas", expresando su preocupación y llamando a que las sociedades revisen sus políticas y procedimientos en materia de transparencia y buen gobierno, para que exista la seguridad de que los protocolos anticorrupción son suficientes para evitar casos como los últimos que han llegado a los tribunales.
Además de urgir el cumplimiento especialmente a los consejos de administración en temas de buen gobierno y auditoría, la CNMV estudia nuevas actualizaciones del código de buen gobierno. Tiene para ello otros motivos, especialmente tras aprobarse en marzo pasado el acuerdo europeo para la protección de denunciantes de fraude y corrupción, sobre todo en empresas, que este miércoles 26 de noviembre de 2019 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)en forma de Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019. Esta Directiva entrará en vigor el 17 de diciembre de 2019, fecha a partir de la cual España tiene dos años para transponerla a su ordenamiento jurídico, finalizando el plazo, por tanto, el 17 de diciembre de 2021.
Hace ahora un año que las 7 agencias anticorrupción españolas constataron de nuevo la falta de un plan nacional y de protección de denuncias. Pero el acuerdo Sánchez-Iglesias y las negociaciones para formar un Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos con otros partidos de especial relevancia en los territorios de esas agencias (casos de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, etc) abren nuevas expectativas tras constatarse desde primavera pasada hasta despues del 10 de noviembre que las diferencias PSOE-Podemos dificultan el Pacto Anticorrupción que propone Sánchez.
Las tres mercantiles de FCC investigadas constituyeron un consorcio con Odebrecht liderado por la compañía brasileña para participar en el concurso de obras en Panamá, uno de los países más afectados por los escándalos de dicho consorcio y en general con la corrupción. Este consorcio resultó adjudicatario único de la contratación de dos líneas del metro de Panamá. El pasado mes de mayo, el naviero Ángel Pérez-Maura y un hermano Álvaro, nietos del fundador del Banco Santander, fueron detenidos este miércoles junto a tres empresarios más en una operación de la Fiscalía Anticorrupción, que les acusaba de pagar 30 millones de dólares en comisiones a altos cargos guatemaltecos, además de otros 10 millones de euros al excomisario español José Manuel Villarejo para eludir la justicia, adicionales a los más de 5 que al parecer éste cobró por otros asuntos al BBVA.
