EL juez Eloy Velasco decretó este jueves prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, y de 100.00 euros para el exgerente del Canal Adrián Martín, detenidos en la operación Lezo junto al expresidente madrileño Ignacio González. Y en la madrugada del viernes se ha sabido que también ha sido detenido Javier López Madrid, de quien la Casa del Rey dice hace un año que la amistad entre el jefe del Estado y su mujer con el consejero de OHL se ha terminado, después de publicarse que la Reina Leticia le envió mensajes de ánimos tras diversas noticias sobre presuntos casos de corrupción en los que participa el marido de la hija del exministro Villar Mir, fundador de OHL.
Los hechos se han producido el mismo día en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró en varias empresas, entre ellas OHL, Indra y PriceWaterhouse Coopers (PwC), para buscar información que pudiera vincular la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid con una presunta financiación irregular del PP.
A María Fernanda Richmond y a Adrián Martín se les acusa de delitos de organización criminal, prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos en relación con la adquisición irregular de la empresa brasileña Emissao, según fuentes jurídicas que citan las agencias. Por su parte, los diarios avanzan que el juez tomará declaración hoy a los otros arrestados que permanecen custodiados, entre ellos el expresidente madrileño Ignacio González, su hermano Pablo, su cuñado Juan José Caballero y Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica.
En el caso de OHL, cuya cotización ha caído un 8,29% en Bolsa tras conocerse la noticia del registro, la investigación tiene que ver con el contrato del tren de Móstoles a Navalcarnero, firmado en 2007, y con el posible desvío de fondos hacia el PP y hacia el propio Ignacio González. A PwC los agentes le han reclamado información sobre los trabajos de consultoría prestados a la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, entidad que también ha sido registrada, y está implicada también en la operación Púnica. Asimismo, los investigadores extendieron sus requerimientos a la sociedad Licuas, una construcción de obra civil que ya aparecía en los papeles de Bárcenas, como también a Sacerco, que gestiona torres de control de aeropuertos. EL MUNDO, bajo un titular a toda página en portada, señala que "el juez rastrea una comisión de OHL a González en Suiza que el PP conocía-
Los periódicos avanzan que la Fiscalía Anticorrupción tiene previsto pedir el ingreso en prisión del expresidente de Madrid Ignacio González y de su nombre confianza en los negocios del Canal de Isabel II en Sudaméríca, Edmundo Rodríguez Sobrino, salvo que estos muestren arrepentimiento y colaboren activamente en la investigación que desarrolla el juez Eloy Velasco en el marco dela operación Lezo.
Detenido Javier López Madrid
La Guardia Civil detuvo anoche al empresario Javier López Madrid por presuntas comisiones pagadas al expresidente madrileño López González. Según informó La Ser. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) le acusa de haber pagado comisiones a González por la adjudicación de una obra. En concreto, está implicado en una comisión de 1,4 millones de euros abonada desde Suiza por el proyecto fallido de tren de Navalcarnero.
Javier López Madrid será interrogado hoy por agentes de la UCO. Sus siglas aparecían en unas notas que tenía el exgerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, junto con la agenda de Francisco Granados, han resultado claves para que la Guardia Civil haya puesto en marcha esta nueva fase de la operación Lezo.
Aguirre insiste en que desconocía la trama
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre declaró ayer como testigo en el macrojuicio del caso Gürtel, un día después de la detención de Ignacio González, el que fuera su mano derecha y al que designó como sucesor al frente de la Comunidad de Madrid en 2010.
La actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid señaló que el acusado Alberto López Viejo, que fue consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia, le mintió y le ocultó que siempre se contrataba a empresas relacionadas con el grupo de Correa para los actos a los que ella acudía cuando presidía la Comunidad de Madrid, entre 2003 y 2012.
En otro momento, Aguirre señaló que no sabía "quien era Francisco Correa ni mucho menos que tenía empresas. Sobre López Viejo, para quien la fiscal pide 46 años de cárcel, dijo que "no era una persona de su confianza". Los diarios también informan de que en varias ocasiones Aguirre insistió en haber destapado la trama de corrupción Gürtel, al expulsar al alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega.
Aguirre, que defendió su gestión en la región, dijo que inauguró "un colegio cada semana durante los nueve años" de presidencia, tras lo que añadió que ella nunca se dedicó a la logística de los actos que la Gürtel organizó para su Gobierno. Aguirre explicó que los actos los organizaban las consejerías correspondientes, en ningún caso ella.
Por otra parte y según destacan todos los periódicos, la expresidenta de la Comunidad de Madrid estuvo a punto de romper a llorar ante los periodistas tras su declaración en el juicio de Gürtel, al referirse a la detención de su sucesor, Ignacio González, como algo "muy lamentable". Aguirre calificó de "verdaderamente triste" el arresto de González. "Si es culpable, para mí, que he puesto mi confianza en él durante tantos años, es un palo verdaderamente muy relevante", dijo. "Si no lo es, yo también estoy conmocionada porque el calvario que está pasando y el que le queda por pasar, porque la Justicia en España es muy lenta".
Marhuenda dice que nunca presionado nunca a Cifuentes
El director del diario LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, dijo ayer que jamás ha presionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para impedir que denunciara irregularidades en el Canal de Isabel II, al tiempo que señaló que en su periódico nunca se ha hecho "nada incorrecto" y que "la ventaja" es que el diario es la prueba. Marhuenda, que dijo no haber inventado nunca ninguna noticia, señaló que lo sucedido en este caso es que en "las conversaciones privadas pueda haber palabras que se entiendan mal".
Se disculpó en este sentido ante Marisa González, por los insultos que profirió hacia ella en una conversación intervenida a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de LA RAZÓN y hombre próximo al expresidente madrileño Ignacio González. "La palabra zorra es muy incorrecta y aprovecho la oportunidad para pedirle perdón. No estuve en mi día más brillante". "Fue un comentario desafortunado", reconoció. Respecto a la conversación en sí, explicó que se trataba de una conversación privada con "un amigo que está desesperado" y que siempre le ha dicho que es "inocente".
Respecto a otra conversación en la que dijo que le iban "a dar de leches a Cifuentes", Marhuenda explicó que eso fue para tranquilizar a Rodríguez Sobrino". Nunca la he amenazado jamás de la vida y eso ella lo puede decir.
Los partidos exigen aclaraciones de Anticorrupción
Los partidos de la oposición en el Congreso exigieron ayer explicaciones al fiscal general del Estado José Manuel Maza, sobre el intento del recién nombrado fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix, de impedir una serie de registros en el caso Lezo. Moix dio marcha atrás a su orden después de que la junta de fiscales anticorrupción expresara su discrepancia con ella.
Los diarios recuerdan que el pasado martes, víspera de que la Guardia Civil pusiera en marcha la operación Lezo por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, los fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez, impugnaron la orden escrita de su superior Manuel Moix de paralizar una serie de actuaciones del caso y se acogieron al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, un precepto que permite someter a la junta de fiscales las discrepancias con las órdenes de sus jefes. Según fuentes del ministerio público, que citan los diarios, Moix puso en duda que parte de las pruebas recogidas durante la investigación del juez tuvieran la suficiente contundencia para realizar varios de los registros que finalmente se practicaron.
En este sentido, la Fiscalía General del Estado difundió ayer una nota en la que asegura que es "falso" que Manuel Moix "haya intentado obstaculizar la investigación" de la operación Lezo. "Es igualmente incierto, en concreto, que se intentara paralizar la investigación en lo referido al expresidente de la Comunidad de Madrid", añade el escrito.
Por otra parte, según destaca en especial ABC, una magistrada alertó de la investigación a Ignacio González, a través del presidente de LA RAZÓN, Mauricio Casals, al advertirle de que estaban grabando al que había sido mano derecha de González en Sudamérica, Edmundo Rodríguez, quien además es consejero delegado de ese periódico.
El PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos exigieron ayer la comparecencia urgente en el Congreso de los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Juan Ignacio Zoido, y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que aclaren si se ha obstaculizado la investigación.
El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, dijo que es evidente que el edificio del PP está afectado por una "auténtica aluminosis por corrupción" que se ve agravada por esa posible "obstrucción" a la Justicia. Hernando calificó también de "gravísimo" que un alto cargo del Gobierno filtrase a González y a sus "secuaces" de la trama.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo que si los supuestos "chivatazos" son ciertos, "es de una gravedad extrema". Rivera dijo querer saber si el ministro "en vez de hacer y repartir justicia, está dando instrucciones a los fiscales para que no investiguen".
Por parte de Unidos Podemos, el diputado y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, exigió el cese inmediato del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, por "proteger al PP en los casos de corrupción", y la reprobación del ministro de Justicia por ser, según dijo, el responsable político "máximo" de las supuestas irregularidades en el Canal de Isabel IIEl fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha impuesto a los fiscales del caso, Carmen García y Carlos Yáñez, que no acusen del delito de organización criminal a los detenidos por la operacionLezo, a la hora de formular sus peticiones de prisión. Es decir, que cuando este viernes pidan prisión, con toda probabilidad, para Ignacio González, no lo hagan por este delito, por expreso deseo de Moix, sino por el resto que también le han sido atribuidos. Esto no significa, según fuentes jurídicas que cita La Ser, que se retire esa causa a González y al resto de detenidos, porque no ha sido eliminado de la querella. Sólo en este momento procesar y a los efectos de las peticiones de prisión.
Primeras denuncias periodísticas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, no quiere que nada se le vaya de las manos y menos su imagen pública y publicitaria, máxime cuando acaba ya de sobrepasar los cien días al frente de su gobierno autonómico y las críticas pueden empezar por doquier al sobrepasarse el plazo preestablecido de paz política. Y sabe que la mejor forma para ello es la financiación indirecta de determinados medios de comunicación, para que en un momento determinado siempre estén a su favor. Y que la mejor forma para ello, es a través del pago de la llamada publicidad institucional. Y conoce que la única forma de salvar la fiscalización de estos gastos es a través de entidades de derecho publicó que ella controle y que se salgan fuera del control directo de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas.